Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí

Los políticos y la lucha contra el crimen

LA NACION invitó a los referentes de las principales fuerzas políticas a pronunciarse sobre cuestiones ineludibles de la inseguridad; aquí, las opiniones de los que accedieron a responder

Domingo 30 de enero de 2011
0


1. ¿Cuáles cree que son las causas de los altos índices de delitos? ¿Cómo las atacaría?

Mauricio MacriJefe de Gobierno de Porteño PRO

Las causas derivan de una realidad compleja, que abarca tanto situaciones socioeconómicas negativas, como la desocupación, la pobreza, la marginación, la falta de educación o de atención sanitaria, hasta un uso cada vez más extendido de drogas ilegales y alcohol.

De esta manera considero necesario mejorar todos esos factores y a su vez la aplicación de un sistema que reconozca el esfuerzo de los que actúan conforme a los valores de la sociedad y que a su vez resulte inflexible con aquellos que cometan delitos.

Elisa Carrió y Patricia BullrichDiputadas Coalición Cívica

El alto índice de delitos tiene diversas causas, la primera son los elevados niveles de exclusión que se verifican aún más en jóvenes que no trabajan ni estudian, que viven en tramas urbanas donde el Estado no actúa, ni previene, ni educa, ni protege a la niñez. La segunda causa es la impunidad de quienes violan la ley, sobre todo cuando la sociedad vislumbra que hay una aplicación de la ley para el ciudadano y otra distinta para los personajes ligados al poder político o económico. La tercera es la vulnerabilidad de nuestro sistema en impedir delitos como el lavado de dinero, la narcocriminalidad, y el acceso a armas e información de calidad por parte de bandas organizadas de alta profesionalidad. Hemos estructurado un plan integral de seguridad y de reducción de la violencia en la sociedad que implica de manera estructurada, metódica y consistente realizar tareas de prevención social en comunidades vulnerables para reducir los índices de violencia. Debemos llenar las escuelas y los clubes de niños para no tener las cárceles y los institutos llenos de adolescentes delincuentes.

b) Entrar a las villas con un Estado activo y con actividades privadas. Policía comunitaria especializada, agencias de atención a menores en riesgo, las mejores escuelas, actividades de universidades, educación técnica y actividades recreativas y culturales. Ni un centímetro de territorio puede estar fuera del alcance de la autoridad, para que ésta no sea reemplazada por el narcoestado en las villas y espacios fuera de control.

c). Autoridades de las fuerzas federales elegidas con acuerdo del Congreso, con proceso de selección abierto similar al de la Corte Suprema de Justicia. Control de calidad en la tarea policial, auditoria externa para el control de conductas, carrera meritocratica y salario acorde a la responsabilidad asumida.

Fernando Solanas Diputado nacionalProyecto Sur

No hay una única "causa" de todos los delitos. Hay diferentes clases de delitos que, a su vez tienen causas diferentes.

Hay un auge del tráfico de drogas, que tiene su expresión emblemática en el avión con una tonelada de cocaína que se cargó en el aeropuerto de Morón y atravesó la aduana de Ezeiza y tiene entre sus causas la inoperancia del Estado y organismo de seguridad y, el muchos casos, la complicidad o participación de integrantes del poder político como se vio en el caso del Concejal Palma y su pista de aterrizaje clandestina.

Desde los años noventa el Gobierno argentino fue alertado por el gobierno norteamericano respecto de la existencia de más de mil pistas de aterrizaje clandestinas en las zonas de frontera de nuestro país, y nada se hizo para detectarlas; no se instaló una adecuada redes de radares ni la Gendarmería ni la Policía Federal se ocuparon de ello.

Una parte importante de la droga que llega o se fabrica en el país se destina al "mercado interno" y llega a manos del consumidor a través de las redes de tráfico que se utilizan los barrios carenciados como sedes de distribución y utilizan como agentes a los jóvenes sin escuela, sin hogar, sin servicio de salud y sin tutela. El Estado más que ciego es cómplice de esta situación.

Hay un auge del delito de corrupción en la administración del Estado, cuyo caso emblemático es el Sr. Jaime, y cuyas causas está en la concepción de la política y del cargo público como camino para el enriquecimiento personal de los funcionarios.

Hay un auge del delito contra la propiedad, en cuya realización se agrede la seguridad y la vida de las personas. Y esto tiene como causa el hecho de la marginación social de los chicos de la calle, el desempleo y de la pobreza de un tercio de la población, lo cual que facilita e incentiva la instrumentalización de los jóvenes o niños de las familias sin hogar, por parte del delito organizado con la complicidad policial y política.

En este tipo de delitos se incluye el robo de autos, que también instrumentaliza a los jóvenes en beneficio de los desarmaderos y cuya ubicación funcionamiento y titularidad todos conocen, y que funcionan libremente distribuyendo utilidades por la inacción o protección policial y política

Las diferentes causas de los delitos requieren acciones, pero todas ellas implican una radical modificación de la política del Estado y de la organización policial.

Sin atacar en profundidad todas las causas y sin una política seria y eficaz de prevención del delito en sus diferentes manifestaciones no es posible resolver la inseguridad que afectan hoy a la sociedad argentina.

Ricardo Alfonsín Diputado nacional UCR

No pueden caber dudas que las deudas de la democracia argentina son la pobreza, la exclusión y la inseguridad y todas se encuentran relacionadas entre sí. Por eso la mejor manera de prevenir el delito, de contribuir al respeto a la ley, es promover políticas de inclusión social.

Pero sin dudas el delito es complejo y multi causal. Hay distintos tipos de delitos con diferentes causas y diferentes respuestas. También hay que separar delito de violencia.

El delito de ocasión,el violento, que ha crecido con la exclusión social y la marginalidad, se combate desde una perspectiva policial con más prevención, que significa cámaras, iluminación, seguridad bancaria e inteligencia. Pero desde una perspectiva social se lo enfrenta con la inclusión de aquellos que por dos generaciones no han sido escolarizados, no conocen la salud pública, ni tienen otro vínculo social que no sea la violencia. Es decir, se combate con educación, escuelas buenas en los lugares donde más hacen falta, buenos hospitales, posibilidades de desarrollo cultural y deportivo, etc.

Por eso impulsaré políticas focalizadas en materia de educación, empleo y contención social para los jóvenes que no estudian ni trabajan y que, según las deficientes estadísticas oficiales, constituyen la población en riesgo respecto de la infracción a la ley penal.

Mi gobierno garantizará el acceso a los derechos básicos a todos los argentinos y, a la vez, se propondrán políticas estables para combatir el crimen y tutelar los derechos de las víctimas.

Ernesto SanzDiputado nacionalUCR

La inseguridad en la Argentina es producto de la economía del delito. Esta economía se desarrolla en la clandestinidad, desde el narcotráfico, los desarmaderos de autos y los mercados de artículos robados hasta los medicamentos adulterados, las valijas llenas de dinero y las coimas. La economía del delito requiere de la complicidad del poder del Estado, tanto en los vuelos clandestinos llenos de droga, como en los intendentes que permiten desarmaderos de autos o son cómplices del narcotráfico. También necesita jueces y policías cómplices. Pero también requiere de la pobreza, que le brinda la mano de obra. La marginalidad provee jóvenes sin futuro que terminan siendo víctimas de un sistema perverso. El vínculo entre la economía del delito y la pobreza lo genera el Estado ausente, o lo que es peor, el Estado cómplice o incompetente.

Uno de cada tres hogares argentinos ha sido víctima de un delito en algún momento de 2010. Una aberración, que llena de miedo a nuestra sociedad.

Como Presidente dirigiré un Estado presente, atento y responsable que intervenga en la economía del delito y la haga visible, desarmando esas redes clandestinas de bienes robados o ilegales. Voy a romper la complicidad, por acción u omisión, de la política con el delito. Mi gobierno controlará las fronteras, el lavado de dinero, el financiamiento ilegal de la política y la corrupción.

Al mismo tiempo, le quitaremos la base de reclutamiento de mano de obra a la delincuencia. No le prometeré a cada joven que tendrá éxito en su vida, le voy a garantizar que tendrá las oportunidades necesarias para progresar en base a su esfuerzo. Con educación, salud y acceso a la primera vivienda.

Francisco De NarvaézDiputado nacionalUnión Celeste y Blanco

Años de improvisación y de políticas reactivas que no abordaron seriamente la problemática. Se hicieron reformas legales, pero sin decisión política y recursos para llevarlas a cabo, concentrándose únicamente en la legislación penal y las fuerzas de seguridad sin una visión integral, para mantener una política de Estado.


2. ¿Cómo se reducen los índices de delitos graves?

Mauricio Macri

El delito debe ser combatido con una política de Estado integral. Para ello es necesario orientar las políticas públicas de seguridad y emergencia urbana hacia su plena armonización con las políticas sociales volcadas a la asistencia, dignidad y reinserción social, combatiendo la violencia y previniendo acciones delictivas para su control y disuasión anticipada. En síntesis, la política de seguridad pública debe ir consolidándose como una Política de Estado, la seguridad no se inventa, sino que se construye en el día a día y se hace en forma conjunta y articulada entre todos.

Elisa Carrió y Patricia Bullrich

Los índices de delitos graves se reducen desde dos caminos

a. Reducción del delito menor. Actuar, sancionar y establecer un régimen penitenciario y de cumplimiento de penas alternativas que signifiquen un freno a la carrera delictiva del individuo. El mejor servicio penitenciario es el que devuelve ciudadanos y no delincuentes exacerbados. Estableceremos un plan para premiar a los establecimientos penitenciarios y los agentes que logren menor tasa de reincidencia.

b. A través de una estrategia coordinada nacional e internacionalmente de investigación criminal, con herramientas tales como mapa de patrones delictuales en delitos de complejidad logística en desarmaderos, tráfico de armas, contrabando, trata de personas, lavado de dinero y especial énfasis en narcotráfico.

Fernando Solanas

Con una política que, simultáneamente, ataque las causas de los diferentes tipos de delitos, transforme las fuerzas policiales, encare la represión a los "empresarios del delito" y sus cómplices en el aparato del Estado, democratice el funcionamiento del Poder Judicial, en gran medida integrado bajo el principio del nepotismo y ejecute medidas de prevención de la génesis y la ejecución de las conductas delictuales

Ricardo Alfonsín

Vamos a convocar al resto de las fuerzas políticas para diseñar un esquema de política criminal estable y persistente en el tiempo, cualquiera sea el gobierno. La seguridad ciudadana no es una cuestión ideológica, sino que apunta a la protección de los derechos de todos.

Para eso voy a enfrentar al crimen desde un doble ángulo: con una intensa política social de inclusión y con una eficiente respuesta estatal frente al delito. También vamos a reformar la ley de Seguridad Interior para que el Estado nacional se asegure un mínimo de tutela en todo el país. Para eso es preciso reformar la Ley Orgánica de la Policía Federal. Necesitamos que se transforme en una agencia federal especializada en el combate del crimen organizado.

Ernesto Sanz

La pobreza no genera mecánicamente violencia, lo que sí la genera es el empobrecimiento moral, el debilitamiento institucional, la cultura de corrupción y la polarización político-social. Un ejemplo es India que tiene más pobres que Estados Unidos; sin embargo, hay más homicidios por habitante en EEUU que en la India.

En relación al mundo, es evidente que Argentina tiene, todavía, índices bajos de delitos graves. Brasil tiene cinco veces más que nuestro país. Y Venezuela, doce.

Pero tiene razones para empeorar, porque las sociedades más violentas, más polarizadas, con más armas en manos de su población, son aquellas en las que se cometen más homicidios.

Una sociedad constituida por ciudadanos con miedo que compran armas, niños que crecen en entornos violentos, marginalidad, corrupción, un Estado ausente y un discurso oficial violento que concibe a los adversarios políticos como enemigos.

Por eso, por la seguridad, es tan importante terminar con la corrupción, la polarización de la sociedad y la marginalidad.

El Estado debe terminar con la economía del delito. Hay que volver a la Argentina de la igualdad de oportunidades y el ascenso social. En ninguno de los dos aspectos este gobierno ha trabajado con seriedad y decisión, más bien ha jugado el rol del Estado distraído, cómplice e incompetente.

Francisco De Narvaéz

Cumpliendo la ley y sancionando a los responsables. Hoy ser delincuente es negocio porque hay muy pocas chances de ser detectado, si se lo detecta la investigación demora años y si llega a juicio hay pocas posibilidades de ser condenado y que esa condena se cumpla. El mensaje tiene que ser claro el Estado está para proteger a los ciudadanos.


3. ¿Cómo luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado?

Mauricio Macri

En primer término debemos recuperar un concepto fundamental en esta materia y que los gobiernos de los Kirchner se empeñaron en desconocer y debilitar: el control estatal. Es paradójico que quienes se han atribuido el rol de constructores del Estado hayan libremente dejado actuar a quienes con su ilícito proceder destruyen como ningunos la esencia de la estructura estatal. Cuando el Estado defecciona y no cumple sus tareas fundamentales el crimen organizado lo sustituye. Es primordial comprender el concepto de políticas de Estado del que venía hablando, pues una de las principales falencias sobre las que se monta el narcotráfico y el resto de los delitos que conforman la criminalidad organizada, son las deserciones del Estado. Como decía, el control estatal es la llave maestra para ahuyentar a las organizaciones delictivas de nuestro territorio. Ese control oficial, permanente y riguroso, se traduce en acciones concretas; control del espacio aéreo con un sistema de radarización total del territorio nacional, detección y erradicación de pistas de aterrizaje clandestinas; exhaustivo cotejo migratorio con entrecruzamiento de bases de datos, verificación de las actividades de carga y descarga en nuestros aeropuertos y puertos, contactos permanentes con los ministerios públicos fiscales y policías de los países limítrofes y de la región, comunicación en tiempo real con las representaciones extranjeras en nuestro país, sobre todo las de los países que sirven como destino de las remesas de estupefacientes que se envían desde la Argentina. Además, unificar las bases de datos de todas nuestras fuerzas de seguridad nacionales y otorgar relieve a la función de las policías provinciales para que actúen en forma mancomunada. Promover en el ámbito federal, al igual que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, una reforma de nuestro sistema de investigación judicial, poniendo en cabeza de los fiscales la investigación directa de estos delitos. Además, comprender que estas modalidades delictivas (narcotráfico, trata de personas, venta ilegal de armas, entre otras) persiguen principalmente un objetivo económico y por lo tanto el Estado en su conjunto, nacional, provincial y municipal, debe dotar a los operadores del sistema de los elementos financieros, contables y jurídicos para poder controlar las actividades de lavado de activos producto de esos crímenes. Capacitar a nuestras fuerzas de seguridad en la persecución de esas modalidades, dotarlas de instrumentos pertinentes, mejorar sus condiciones salariales y funcionales y por sobre todo ofrecerles el respaldo político suficiente para que encararen decididamente esa tarea.

Elisa Carrió y Patricia Bullrich

La lucha contra el narcotráfico se da en los siguientes planos

a. Información e investigación de modalidades, rutas y medios utilizados. Control severo sobre las mismas

b. Desarticulación del poder de narcotraficantes en villas a través de una entrada efectiva del Estado a las misma

c. Radarizacion de todo el territorio nacional. Utilización de mapeo inteligente para detección de pistas clandestinas de aterrizaje. Programa de información y detección conjunta de carteles en espacios internacionales. Control estricto de lavado de dinero, con la creación de una nueva agencia autónoma del poder del gobierno. Detección de vínculos del poder político o sindical con narcocriminalidad

Fernando Solanas

Primero hay que atacar la estructura del narcotráfico y del crimen organizado en su cúpula y en sus relaciones con el poder político territorial y la corrupción policial.

Es mas que llamativo que la inmensa mayoría de los procedimientos que aparecen ante la opinión pública se concentra la represión sobre los últimos eslabones de la cadena: los pequeños traficantes barriales, las mulas y los consumidores.

Respecto de las "cocinas" de elaboración de droga y en la represión a las cúpulas de las redes de distribución se opera poco o nada. Es muy significativo –y vergonzoso- que la inteligencia española tuviese previo conocimiento del embarque de una tonelada de cocaína en nuestro país y que ni la policía federal, ni la aduana, ni la policía aeronáutica ni el Gobierno supiesen nada de ello.

Ricardo Alfonsín

Esta nueva fuerza federal, nos va a permitir dar una respuesta más eficiente a la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero, el delito informático, es decir el delito complejo. Voy a promover, además, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal federal, para adoptar un sistema acusatorio nítido que permita una pronta respuesta judicial frente al crimen, que incorpore también métodos alternativos, con intervención de las víctimas para los delitos menores.

Ernesto Sanz

El narcotráfico es un ejemplo perfecto de la economía del delito. Los 701 kilogramos de cocaína de máxima pureza encontrados en el campo del concejal kirchnerista Héctor Hugo Palma y los 944 kilos de cocaína a España en un avión que estuvo parado en una base área estatal durante 55 días, son un claro ejemplo de la ausencia, imprevisión o complicidad del Estado. Hay que hacerce cargo y enfrentar el problema.

El Estado tiene que avanzar en tres aspectos. Primero, controlar las fronteras, detectar las pistas clandestinas y el lavado de dinero con todos los medios que hoy permite la tecnología. Parece mentira que el Estado dependa de Google para descubrir la pista del concejal kirchnerista en Formosa. Sólo eso habla de la incompetencia del gobierno.

En segundo lugar, la policía debe ser debidamente entrenada para detectar y prevenir el crimen con tecnología y se deben redireccionar las reparticiones de investigaciones, hoy dirigidas más a entrometerse en la vida de dirigentes políticos opositores que en la detección del delito. Además, hay que dotar a la justicia de los medios necesarios para aplicar la ley de manera ejemplificadora.

En tercer lugar, se debe terminar con las condiciones de vulnerabilidad social, en todos los sectores, que generan la demanda de estupefacientes.

Francisco De Narvaéz

Primero que nada se necesita decisión política para ir a fondo. Equipos especiales para investigaciones complejas con fuerzas de seguridad preparadas para infiltrar y desbaratar estas bandas. Manejo de la información criminal para llegar a las cabezas y no cortar siempre por el eslabón más débil. En el narcotráfico apuntar también a prevenir que la droga ingrese (radarización, control de fronteras, scanners y una fuerza nacional especial para seguir de cerca todos los circuitos de la droga). Controlar los precursores químicos para que desaparezcan las "cocinas". Romper la cadena de comercialización a menor escala apuntando a la recuperación de los adictos, brindar protección a testigos y líneas anónimas para que todos puedas denunciar si hay narcos en sus barrios.


4. ¿Qué haría con las armas de fuego? ¿Limitaría la tenencia? ¿Prohibiría la portación?

Mauricio Macri

Una sociedad armada no es el ideal de un Estado democrático. Vivir en paz y en una buena convivencia no necesita ciudadanos armados.

Pero en la situación actual no limitaría la tenencia aunque seria muy riguroso en los controles, pero haciendo hincapié en las tenencias ilegales, que son las que provocan los delitos de sangre.

Elisa Carrió y Patricia Bullrich

Desarrollaremos un sistema más estricto de control de armas. Además de desalentar la tenencia de armas a través de un programa de desarme civil .Proponemos intensificar el registro, control y seguimiento de armas de fuego, con especial énfasis en la implementación de una adecuada gestión de arsenales y la destrucción de excedentes tanto de armas como de municiones y explosivos. No prohibiremos la aportación legal y bajo un registro estricto.

Fernando Solanas

Ya existe, en las normas, una fuerte restricción para la portación de armas y la tenencia requiere también un tramite y una autorización. Pero el problema está en que el Renar no ha cumplido su misión, por ser parte de un Estado ineficaz y sospechado de complicidad con el delito organizado.

La portación de armas debe estar limitada a las fuerzas policiales y de seguridad, o a excepciones muy especiales que lo justifiquen, pero si no tenemos un organismo confiable para evaluar esas posibles excepciones lo mejor es no autorizarlas.

Ricardo Alfonsín

Hay tres grupos que las poseen armas de fuego legalmente: los civiles en calidad individual, las fuerzas de seguridad y las agencias privadas de seguridad. Los ciudadanos comunes no deben armarse por las situaciones de inseguridad para defenderse. El arma en la casa genera posibilidades de accidentes, o resoluciones violentas de conflictos interpersonales.

Hay que realizar un exhaustivo control de cuántas armas hay y quiénes las portan en el caso de todas las fuerzas de seguridad del país. Debería haber información pública y fiable de cuál es el armamento con que contamos, como se guarda, cuáles son los protocolos de seguridad. En la mayoría de los robos, asaltos y asesinatos con alto grado de logística y planificación lo que más aparece son armas de guerra. El Estado no hace mucho para ejercer este control, por lo que de manera urgente se deben retomar las iniciativas ligadas al desarme.

Además está el caso de las agencias de seguridad privada que ponen armas en manos de policías exonerados o gente sin preparación en muchos casos. Hay que redoblar los controles para que gente como los asesinos de Cabezas no estén a cargo de agencias de seguridad privada, por ejemplo.

Ernesto Sanz

Durante mi gestión en la Intendencia de San Rafael, la ONU premió el programa de desarme civil que desarrolló mi municipio.

No creí nunca en la justicia por mano propia. La tenencia de armas de fuego debe ser sumamente limitada, restringida y debidamente registrada.

El miedo es un mal consejero, ninguna sociedad en el mundo progresó con el miedo como programa.

La inseguridad es un problema grave que afecta a todos y cada uno de los argentinos. Se debe resolver de modo consensuado y en el marco del respeto a la ley.

Francisco De Narvaéz

Hay que apuntar al mercado negro. Tener un único registro nacional que permita identificar las armas (a través de número serial y marcas en las balas) con la comisión de un delito para destruirlas inmediatamente y que no reingresen. Controlar los depósitos de las fucerzas, armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias y detectar las zonas donde se venden y alquilan armas. Si se desarma a los delincuentes los ciudadanos de bien tienen menos motivos para armarse.


5. ¿Qué hacer con los menores que delinquen? ¿Bajaría la edad de imputabilidad? ¿Qué estrategias desarrollaría para atender a los menores en riesgo de caer en el delito? ¿Dónde los alojaría?

Mauricio Macri

Sancionar una ley penal juvenil moderna, ágil y posible, previo debate con todos los sectores, creando centros especializados con profesionales capacitados.

Cerraría los Institutos que funcionan en la actualidad o adaptaría su estructura al concepto de Centros Especializados. Paralelamente avanzaría con estos Centros evaluando y capacitando a su personal.

Los Institutos actuales hoy no están capacitados para que un menor logre una posterior reinserción en la sociedad.

Bajaría la edad de imputabilidad a los 14 años, como en otros países del mundo, pero abordando el tema en forma integral y modificando el sistema penal juvenil, tema del que no se ocupó el gobierno nacional.

Para atender a los menores en riesgo de caer en el delito, en primer lugar hay que replicar lo que hacemos en la ciudad: trabajar en la estimulación temprana en los chicos de 1 a 5 años. Porque todo lo que no hacemos en ese período, después no se recupera. Alimentación, salud y actividades recreativas y cuidado de los niños cuando salen padres salen a trabajar están cubiertas en los menores de la ciudad de Buenos Aires.

Las estrategias deben ser múltiples y coordinadas, donde deben intervenir los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Educación, Seguridad, Espacio Público.

Se considera que el joven es un ser en desarrollo que requiere protección, pero también que es una persona conciente y responsable de sus actos. Sobre estas bases se deben implementar políticas que busquen entregar lecciones y castigos necesarios a quienes cometen crímenes, pero también apoyo para que estos no sean criminales el resto de sus vidas, sino que puedan visualizar otras alternativas a su actual elección de estilo de vida.

La Argentina no tiene una política pública enunciada como tal y expresada en un corpus legal coherente respecto a la delincuencia juvenil.

Tampoco es posible advertir dentro del Estado federal una coincidencia entre distintos ámbitos de gestión respecto a las políticas que desarrollan.

Hoy existe una multiplicidad de agencias, muchas veces con áreas temáticas superpuestas, prácticas opuestas, tensión entre poderes del Estado respecto a responsabilidades y facultades.

Y para agregar complejidad, por tener un sistema federal de gobierno, las provincias fijan sus propias políticas y las aplican marcando no sólo diferencias con el Estado nacional y otras provincias, sino reproduciendo las contradicciones en sus propias gestiones de gobierno.

Por último, es preciso trabajar en la construcción de nuevos centros de rehabilitación, dado que desde hace muchos años no se ha registrado un crecimiento de la cantidad de establecimientos de tratamiento a las adicciones proporcional al aumento del consumo de drogas de alta nocividad y poder adictivo.

Los alojaría en Centros Especializados, con un nuevo modelo de alojamiento y con trato personalizado.

El vínculo del menor con los profesionales que lo atienden es clave.

Elisa Carrió y Patricia Bullrich

Estableceremos un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil para adolescentes de 14 a 18 años, con todas las garantías del debido proceso de un juicio contradictorio, de una defensa técnica especializada, garantizando la doble instancia y especialmente la implementación de medidas socioeducativas y restaurativas para que el menor comprenda la necesidad de vivir con valores de respeto a la vida humana y al otro.

Entraremos con una mano blanda a las villas para brindarles a los niños las mejores oportunidades en educación, recreación y hábitat para evitar que caigan en el delito o sean seducidos por bandas de narcotraficantes. Trabajaremos cuando detectemos una primera conducta violenta en niños de todos los sectores sociales para evitar que esa violencia explote en delito. Llenaremos los clubes, las escuelas, los centros recreativos de niños para no llenar cárceles e institutos. Estableceremos un programa de construcción de pequeños espacios de no más de 15 internos para los casos más graves y establecernos contratos con familias sustitutas y ONG, S para atender a los niños en conflicto con la ley penal.

Fernando Solanas

En primer lugar todos los menores deben tener vivienda, alimentación, salud y acceso a la educación. Los menores que carecen de estos derechos –esenciales para la dignidad de todo ser humano- deben considerarse en estado de riesgo y ser amparados por el Estado en primer lugar a través del apoyo a su familia. En los caos de ausencia de familia debemos tener hogares que le garantice a los menores esos Derechos que constitucionalmente les corresponden.

El menor que delinque, al igual que el mayor, debe ser rehabilitado por mandato de nuestra Constitución. Las cárceles de los mayores, además de ser "sanas y limpias" (que no lo son) deben también ser "para seguridad y no para castigo". Seguridad para la sociedad durante el proceso de rehabilitación y seguridad para el interno.

En el caso de los menores que hayan delinquido los establecimientos de educación, contención y rehabilitación deben ser diferenciados del de los mayores en razón de la obvia diferencia entre unos y otros.

La baja de la edad de la imputabilidad de los menores no solucionará el problema de la inseguridad ni combate o previene el delito, sino que profundizará la criminalización de la pobreza, eludiendo así las responsabilidades del Estado, además es contraria a la Convención internacional sobre los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional. Igualmente hay que resolver la salida del modelo tutelar en materia de legislaciones de infancia, del mismo modo que del modelo inquisitivo en materia de justicia penal, y hay que hacer efectiva La ley 26.061, de protección integral del Niño, la Niña y el Adolescente.

Ricardo Alfonsín

Es imprescindible sancionar un régimen penal especial para ellos, como exige la Convención Internacional de los Derechos del Niño y lo ha pedido la Corte Suprema de Justicia en el caso "García Méndez". Los estándares internacionales indican que se debe hacer entre los 12 y los 18 años. No es tan relevante que se fije a partir de los 14 o los 16. De lo que se trata es considerar a los menores sujetos de pleno de derecho y por lo tanto responsables, en medida atenuada por cierto, frente a infracciones gravísimas a la ley penal. Lo decisivo es que el Estado les garantice establecimientos y medidas adecuadas para evitar la recaída en el delito. Por mi parte, entiendo que el Congreso debe sancionar cuanto antes una ley penal juvenil que viene discutiéndose hace más de diez años y que ya adoptaron todos los países de la región.

Ernesto Sanz

La baja de la edad de imputabilidad implica llevar los mismos parámetros penales para una persona de 25 ó 60 años que para un chico de 14, no creo que este sea el camino para solucionar el problema de la inseguridad. Con esto no quiero decir que las cosas deben seguir según están hoy pautadas por el contrario; creo que debemos ir en el camino del proyecto que ya tiene media sanción del Senado y que Diputados aún no trata: un marco especial para el delito juvenil, donde haya un tratamiento integral, contención y resocialización.

Francisco De Narvaéz

Bajar la edad es necesario, pero no suficiente. Los recursos deben apuntar a detectar en forma temprana los conflictos, en la escuela con los maestros, en los barrios con los referentes y asistente sociales, acompañando a todo el entorno familiar. Garantizar la escolaridad y la capacitación para una salida laboral inmediata. Y finalmente investigar y condenar a aquellos que se valen de menores para delinquir. Antes de pensar donde los alojaría hay que pensar en darles educación y vivienda digna para toda la familia, y para los casos que no pudo prevenirse en centros especiales para su rehabilitación, que finalicen su escolaridad y que puedan capacitarse para insertarse rápidamente en la sociedad, con equipos y programas sustentables.


6. ¿Reformaría las fuerzas policiales? ¿De qué manera y con qué modelo? ¿Traspasaría el área de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires? ¿De qué manera? ¿Con fondos? ¿Qué haría con el resto de la PFA?

Mauricio Macri

Sí, de hecho creamos un nuevo paradigma. Una fuerza de seguridad vinculada e integrada a la comunidad, a fin de constituir un cuerpo de profesionales con dedicación exclusiva, bien remunerados, tecnológicamente equipados, adecuadamente capacitados, administrados y controlados y, con plena conciencia de su responsabilidad pública, en un marco de estricto cumplimiento de los derechos humanos y las garantías constitucionales.

Para ello, el nuevo modelo policial en desarrollo en la Ciudad, concebido para proteger los derechos de los vecinos y asegurar el orden público, se implementa progresivamente y en el marco de una concepción integral donde participan el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), la Policía Metropolitana (PM), la Auditoría Externa Policial (AEP) y la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana (SSAPM).

El modelo policial adoptado busca el desarrollo de una policía de proximidad, o policía comunitaria tal como se la suele reconocer internacionalmente, que ponga énfasis en valores de solidaridad, eficiencia, honestidad y respeto a los Derechos Humanos, en la prevención y la contención del delito y el perfeccionamiento continuo de la fuerza.

En cuanto al traspaso del área de Seguridad Metropolitana de la PFA a la Ciudad, lo implantaría en forma paulatina, teniendo en cuenta una selección exhaustiva de los recursos humanos a transferir para que sean funcionales al modelo de gestión diseñado para la Policía de la Ciudad.

Por supuesto, la Ciudad debe contar con fondos transferidos desde la Nación para implementar este traspaso.

El resto de los recursos de la PFA debieran ser evaluados y seleccionados para constituir una fuerza altamente especializada en la prevención e investigación de delitos federales, como auxiliar de la justicia federal, en todo el ámbito de la República.

Elisa Carrió y Patricia Bullrich

Reformaremos las fuerzas policiales con un modelo que divida la tarea de calle virando hacia una policía comunitaria, cercana, vecina, recreando en tiempos actuales el vigilante de la esquina. Reformaremos la tarea de investigación dando lugar a una policía judicial de investigación criminal que trabaje sobre el mapa delictual, las recurrencias, las modalidades, las conectividades de bandas y este un paso delante de la inventiva delictiva, con capacidad tecnológica y especialización. Traspasamos la policía federal de comisarías a la ciudad bajo estos parámetros y la Policía Federal actuará persiguiendo los delitos federales. Propondremos un Instituto superior de formación que homologue la formación policial en todo el país. Propondremos una auditoria externa de conductas y patrimonios de agentes y elegiremos a los Jefes de las Fuerzas federales con acuerdo del Congreso de la Nación previo proceso de publicación de legajo y audiencia en las comisiones especializadas. Permitiremos la sindicalización (sin derecho a huelga) para que los policías puedan discutir condiciones de trabajo y sentir que como seres humanos son escuchados sin que signifique un retroceso en su carrera. Crearemos del Instituto Superior de Seguridad Pública y Ciudadana, que absorba las escuelas de cada uno de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales y firmaremos contratos de adhesión con las policías provinciales

Fernando Solanas

Propiciamos democratizar la democracia, y ello comprende al Estado y a las fuerzas policiales y de seguridad. La sociedad en general, y el vecino en particular, deben saber lo que pasa, cada día, en la comisaría de su barrio, qué se hace y qué no se hace en ella. Ello le permitirá evaluar su desempeño y participar en un adecuado sistema de reconocimientos y castigos para los buenos o malos policías.

La Policía Federal debe dejar `su lugar en la Ciudad a una buena Policía Metropolitana que aún está por crearse. Lamentablemente el macrismo creó la Policía Metropolitana a imagen y semejanza de la Federal. Sus primeras autoridades fueron acusadas de gravísimos delitos y están siendo juzgadas por ellos. El traspaso de la Policía debe hacerse con los recursos que actualmente tiene asignados.

Ricardo Alfonsín

La reforma a la ley de la policía federal permitirá transferir a la ciudad de Buenos Aires la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la cual dependen las comisarías y los cuerpos de seguridad. Por supuesto que debe ser con los fondos que la financian, los cuales se tomarán de la coparticipación federal que le corresponde al estado nacional, para no perjudicar a las restantes provincias.

Control y publicidad de los actos.

Ernesto Sanz

Las fuerzas policiales necesitan una reformulación. Debemos pensar que los delitos, los móviles y sus medios no son los mismos que hace 50 años. La reformulación debe incluir modernización y expansión de los sistemas de comunicación, prácticas de transparencia y rendición de cuentas con miras a mejorar el desempeño en materia de derechos humanos, incremento de fondos para seguridad pública, puntualmente aquellos destinados a la formación del personal, fortalecimiento de los mecanismos de supervisión policial con mayor participación comunitaria y la creación de policías comunales para la prevención y una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, para transparentar la investigación penal preparatoria.

Por otra parte, sostengo que como todo territorio federal autónomo, la Ciudad de Buenos Aires debe tener a su cargo la seguridad en su jurisdicción. Mientras que la Policía Federal debe tener a su cargo, como en todo el país, aquello que atañe a los delitos federales. Sin dudas que el traspaso deberá ser paulatino, a través del diálogo y con un profundo sentido de la resposabilidad de los gobiernos de la Ciudad y la Nación. La vergüenza de los hechos del Parque Indoamericano, una parodia de peleas políticas menores en medio de una crisis social, demuestra que no habrá solución al tema jurisdiccional de la policía si no hay una relación madura y responsable entre los dos gobiernos.

Francisco De Narvaéz

Transformaría a la PFA en una fuerza verdaderamente federal con presencia en todo el territorio y en coordinación permanente con las fuerzas locales pero con el foco en el narcotráfico y el crimen organizado. Sumando tecnología y cooperación internacional. Capacitando permanentemente a la fuerza para ir delante del delito y sus modalidades. Los fondos están hay que aplicarlos mejor.


7. ¿Cree que es útil modificar el Código Penal o aumentar las penas para combatir la inseguridad y la delincuencia?

Mauricio Macri

Considero que no que hay aumentar las penas sino hacerlas cumplir. El aumento de pena no surte ningún efecto diminutivo de la criminalidad en la sociedad si no está acompañado de otras medidas.

En cuanto a la modificación del Código Penal Argentino, resulta necesaria, pero para reordenar todo el compendio de legislación que hoy existe y que se encuentra desorganizada, ya que en muchos casos no resultan coherentes las penas de ciertos hechos típicos en comparación con las de otros.

Es necesaria y muy útil que se produzca una reorganización del sistema de legislación penal argentina, pero no para provocar el aumento de las penas sino para sistematizar de modo organizado y completo tanto el Código Penal como sus leyes complementarias.

Elisa Carrió y Patricia Bullrich

Depende de la circunstancia y las penas. Es útil elevar las penas a los delitos extremos que arrasan con vidas, también a los delitos de corrupción en el Estado y en las fuerzas policiales porque el funcionario debe dar el ejemplo. Matar un policía debe tener una pena agravada. El delincuente debe saberlo.

Fernando Solanas

Nadie antes consulta el Código Penal para ver si las penas son altas o bajas. Quien delinque apuesta a su impunidad, a no ser descubierto, y por ello no se guía por la magnitud de la pena. Esto se sabe desde los tiempos de Cesar Beccaría, que estableció el principio de proporcionalidad entre delitos y penas, rechazándose la idea de que la pena es disuasoria del delito. La pena, como instrumento de resocialización debe ser proporcional a la gravedad del delito en cuanto se pone en evidencia la complejidad o extensión del período de resocialización necesario.

Ricardo Alfonsín

Desde ya que me parece una respuesta irracional e ineficiente frente al delito caer en la ilusión de que el aumento de las penas mejora la seguridad.

El Estado no debe dar respuestas espasmódicas provenientes de lecturas apresuradas de la realidad por la presión a la que se ve sometido el gobierno producto de sus impericias y su falta de política sistemática. Hoy el Ministerio de Seguridad es una cáscara vacía sin iniciativas relevantes.

Hay que entender que el Código Penal es el último eslabón de una cadena que debería funcionar de otra manera. La discusión del código es el debate sobre qué pena damos, no sobre cómo se llegó a esa instancia. Claro que hay que aplicar el código, pero también hay que desarmar todas las causas que llevaron al delito

Ernesto Sanz

Si miramos los antecedentes es evidente que no hay una relación directa entre el aumento de penas y la caída de los delitos. El caso más cercano es el de las leyes sancionadas luego del caso Blumberg. Allí hubo un aumento considerable de penas, pero el delito sigue siendo la principal preocupación ciudadana. Más que el aumento de penas, me preocupa la eficiencia en la prevención, la celeridad en la resolución y la eficacia en la sanción de los delitos.

Francisco De Narvaéz

Ya se aumentaron las penas y lo que fracasó fue su aplicación, sin ningún resultado. Todo el esfuerzo debe estar en las instituciones: sanearlas, devolverles el prestigio y asegurarles los recursos para que puedan aplicar la ley.


8. ¿Limitaría las excarcelaciones? ¿En qué casos y con qué alcances? ¿Permitiría la detención en comisarías? ¿Construiría más cárceles?

Mauricio Macri

Claro que si, en los delitos graves y violentos, como es un homicidio por ejemplo.

Hoy las detenciones de menores por delitos no transferidos a la ciudad, se realizan en las comisarías de la Policía Federal. Para el caso de delitos transferidos a la Ciudad, como por ejemplo la tenencia y portación de armas de uso civil o las amenazas o las lesiones en riña, creamos un Centro de Identificación Transitorio de Niñas, Niños y Adolescentes donde los menores no pasan por ninguna comisaría sino que se los recibe allí, se los identifica y allí espera hasta que el fiscal los cite.

Está atendido por asistentes sociales, psicólogos y médicos. Es un pequeño Centro que no tiene personal policial en su interior. Es el primero en Latinoamérica, cumple las normas internacionales, y la verdad es que esta funcionando muy bien. Estamos conformes.

Hoy las cárceles están sobrepobladas y los detenidos viven en condiciones deplorables. Pero también hay que mejorar los salarios del servicio penitenciario, darles capacitación permanente, incorporar tecnología y dar la oportunidad a quien realmente quiere re socializarse. Como dice la Constitución Nacional, las cárceles deben ser sanas y limpias.

Elisa Carrió y Patricia Bullrich

Limitaremos las excarcelaciones en los casos de secuestros seguidos de muerte, trata de personas, nacrocriminalidad, violaciones y homicidios. En estos casos el condenado deberá cumplir la totalidad de la condena y no tendrá beneficio alguno en su ejecución de la pena

Fernando Solanas

La excarcelación es una medida sana y correcta siempre que sea aplicada correctamente. Es tan absurdo poner en libertad a quien no reúne las condiciones ara ello como el mantener presa a una persona que sí está en condiciones de estar en libertad sin peligro para la sociedad..

Lo necesario es una aplicación seria y responsable de los criterios que la ley establece, cosa que un Poder Judicial cuestionado no está en condiciones de hacer.

La detención en comisarías como sistema es un gravísimo error, salvo en el caso de tiempo acotado para la persona detenida "in fraganti" o capturada, y durante el cortísimo tiempo necesario para ponerla a disposición de la autoridad judicial y alojarla en donde este disponga. La construcción de cárceles o puede ser un objetivo de una política de prevención y combate al delito, es una consecuencia del éxito o fracaso de la misma.

Ricardo Alfonsín

En cuanto a la excarcelación hay que recordar que la libertad durante el proceso, es un derecho constitucional que sólo puede restringirse ante el riesgo que no pueda aplicarse la ley, es decir cuando el acusado de un delito pueda fugarse y entonces eludir la acción de la justicia o pueda entorpecer la investigación judicial.

En cuanto al sistema penitenciario, las cárceles son una verdadera vergüenza. No respetan los derechos de los internos ni sirven a la reinserción de los condenados. Durante mi presidencia voy a bajar la tasa de reincidencia, otorgando el derecho pleno de acceso a la educación de los presos y dándoles condiciones de vida digna.

Ernesto Sanz

Como Presidente de la Nación, no pretendo limitar o extender las excarcelaciones, pretendo que la Justicia actúe librada de condicionamientos según marca la ley y con los recaudos correspondientes. Eso hoy no sucede. No comparto que los calabozos de comisarías se utilicen para descomprimir el sistema carcelario; las comisarías son el espacio de vinculación entre el ciudadano y el orden público. Ese rol de la policía y la comisaría en el barrio pretendo recuperar. Hoy la cárcel no es precisamente un lugar donde se generen espacios de reflexión, formación y socialización. Los índices de reincidencia muestran todo lo contrario. Quiero que quienes han cumplido una pena vuelvan a insertarse en la sociedad y que la resocialización sea efectiva; para ello, debemos repensar el sistema carcelario.

Francisco De Narvaéz

Es necesario construir más cárceles porque hoy el hacinamiento y la superpoblación no permiten la reinserción. No hay acceso a la educación y a programas de capacitación con salida laboral verdadera. Por la falta de infraestructura hoy se devuelven criminales mejor entrenados en lugar de ciudadanos re-socializados.

Te puede interesar

Enviá tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.
Las más leídas