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El vicio de la desmesura

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LA NACION
Jueves 17 de febrero de 2011
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La desmesura parece haberse apoderado de muchos actores políticos y judiciales de la Argentina.

En ese vicio parecen haber caído el Gobierno, cuando convirtió algunas desprolijidades de la carga del avión militar norteamericano en un incidente internacional serio, y el juez federal Norberto Oyarbide, cuando, la semana última, ordenó la detención del líder de los trabajadores rurales, Gerónimo Venegas.

Las circunstancias que rodean el incidente del avión superan largamente la mesura política. El apresuramiento que en los últimos días mostró la Aduana para decir que no hubo delito, sino sólo una infracción aduanera, apuntaba a evitar que el juez tomara cartas en el asunto.

La Aduana quiere quedarse con la instrucción del caso que fabricó el Gobierno. Pero ¿es el canciller Héctor Timerman el juez administrativo instructor? No se entiende por qué no aceptó las explicaciones que le quiso dar la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, al punto de obligar al gobierno norteamericano a tener que reiterarlas próximamente. Las necesidades políticas del kirchnerismo no reparan en los costos que los actos pueden producir al país.

La Argentina necesita aliados, no detractores ni enemigos. El lunes comenzará en París el nuevo plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En la reunión de octubre último, el GAFI formuló duras críticas porque la Argentina no combate el lavado de dinero. El informe de avance que envió el Gobierno en diciembre no convenció a nadie y, días atrás, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, remitió un nuevo documento que ya levanta dudas.

En tanto, Oyarbide, que instruye la causa de los medicamentos, no puede decirse que carezca de idoneidad técnica. Su problema es, dicen en la Justicia, que parece inclinado a prestarse a un uso político de sus investigaciones. Tras las fuertes críticas que le llegaron por su embestida contra Venegas, la Cámara Federal lo criticó y ordenó la excarcelación de dos imputados. Oyarbide se había animado a ver en un contrato de una obra social una asociación ilícita y el tribunal de apelaciones le dijo que un juez no debe actuar sobre la base de inferencias, sino de pruebas.

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