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Opinión

Justicia educativa

Comunidad

Paritarias mediante, en estos días iniciarán las clases más chicos que nunca, no sólo por el aumento poblacional (1%) sino también por un aumento de la escolarización, la mejor noticia que nos ofrece hoy un panorama educativo por lo demás no muy alentador. Aunque no es novedad, lo peor de este inicio de clases es que, al llegar a la escuela, unos y otros chicos se encontrarán con realidades muy diferentes. Aulas resplandecientes o menos que dignas; abundante material didáctico con olor a nuevo u objetos ajados por el uso; campos de deportes o limitados patios; profesores con alta dedicación a la escuela o "profesores taxi"; maestras con experiencia o maestras casi recién gradadas. La lista podría seguir al infinito, pero basta lo dicho para afirmar que el sistema educativo es injusto y que tiende más a reproducir la desigualdad social que a atemperarla porque -con excepciones notables- las escuelas a las que asisten los chicos de menores recursos son, en promedio, las de peor calidad.

Esta realidad debe cambiarse cuanto antes y la educación puede aspirar a ser el espacio más igualitario de nuestra realidad social tal como lo fue en alguna medida en el pasado. Esto requiere políticas de Estado para la justicia educativa, cuya primera condición es el compromiso de la dirigencia máxima del país, hoy ausente. Antes de sonreír escépticamente es bueno recordar lo ocurrido en Córdoba, donde a partir de una convocatoria del Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (Copec), las principales fuerzas políticas y el gobierno provincial se comprometieron a lograr metas de escolarización y calidad educativa muy relevantes. Aunque algo semejante debería hacerse a nivel nacional no hemos empezado bien, porque pasó casi inadvertido el vencimiento de las metas de la ley de financiamiento educativo en diciembre pasado, cuando lo lógico hubiera sido discutir nuevas metas para la educación argentina hasta el 2020 y los caminos para cumplirlas, plasmándolos en una nueva ley. En ese marco, la principal de esas metas debería ser reducir sistemáticamente la segregación educativa, dotando prioritariamente a las escuelas de las zonas desfavorecidas de jornada extendida, capacitación para el trabajo, equipamiento y material didáctico, un proyecto institucional claro y compartido por la comunidad y por un cuerpo docente comprometido con la escuela. Todavía no se lo entiende así, y por ello es imprescindible seguir machacando en esta idea elemental..

Por Juan LlachPara LA NACION El autor es ex ministro de Educación
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