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Nueva embestida contra los diarios

Inacción y silencio del Gobierno ante el ataque a LA NACION y Clarín

Política

Las fuerzas políticas de la oposición, intelectuales y dirigentes empresarios condenaron el bloqueo que realizaron empleados gráficos y sindicalistas de Camioneros a las plantas de los diarios Clarín y LA NACION, y responsabilizaron por ese hecho a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la ministra de Seguridad, Nilda Garré.

Dirigentes de Pro, la Coalición Cívica, el radicalismo y el Peronismo Federal calificaron los hechos como otra persecución del Poder Ejecutivo a la prensa independiente y los vincularon con las investigaciones judiciales sobre el titular de la CGT, Hugo Moyano .

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri; el diputado del Peronismo Federal Francisco de Narváez, y el líder de Proyecto Sur, Pino Solanas, coincidieron en reclamarle a la Presidenta que "haga respetar la Constitución". En tanto, el precandidato presidencial de la UCR Ernesto Sanz afirmó que la primera mandataria "es aliada de Moyano y también su rehén".

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) denunciaron una flagrante violación a la libertad de prensa, mientras medios de comunicación de España y de América latina se hicieron eco de los acontecimientos y los relacionaron con los vínculos entre Moyano y el Gobierno.

Anoche, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue el único funcionario nacional que hizo referencia al bloqueo, pero no lo condenó. Señaló que no avalaba "ninguna situación que atente contra la libertad de prensa" y que lo de ayer fue un conflicto "de índole laboral". Ayer, el Grupo Clarín promovió una denuncia correccional, por obstaculización a las publicaciones e interrupción de los medios de comunicación, y también otra contravencional, porque se impidió el ingreso a la planta.

La medida de fuerza viola expresamente dos fallos judiciales que le habían ordenado al Gobierno que impidiera la reiteración de este tipo de acciones.

A raíz de varios bloqueos anteriores, el constitucionalista Gregorio Badeni, abogado del Grupo Clarín, presentó una acción de amparo y el juez civil Gastón Polo Olivera, en dos fallos de diciembre y enero últimos, le ordenó expresamente a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que tomara las medidas necesarias para evitar que las plantas impresoras volvieran a ser bloqueadas. No obstante, la Policía Federal se abstuvo de intervenir.

Por su parte, la fiscal contravencional, Marcela Solano, titular de la Unidad Fiscal Sudeste del Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires y a quien le correspondía intervenir, ordenó a la Policía Federal que hiciera cesar el hecho y que identificara a sus autores mediante fotografías y filmaciones. Sin embargo, la fuerza de seguridad no cumplió con su mandato.

La medida de fuerza, que curiosamente fue anticipada por un cable de la agencia oficial Télam anteanoche a las 22.53, comenzó cuando un centenar de personas bloquearon las plantas que ambos matutinos tienen en la calle Zepita al 3300, en el barrio de Barracas.

El bloqueo frente a LA NACION se prolongó hasta las 3, lo que trajo graves perjuicios para la distribución del periódico. Por su parte, el impedimento para que los camiones cargaran el diario Clarín en la impresora AGEA se extendió hasta el mediodía de ayer e impidió el reparto de toda la tirada.

Esta protesta es la quinta que se produce desde noviembre último. En ningún caso, el Gobierno tomó cartas en el asunto.

Ayer, unos pocos efectivos policiales presenciaron pasivamente los graves acontecimientos, que incluyeron intimidaciones al gerente de Circulación de LA NACION, Gerardo Notarfrancesco, y a un escribano que lo acompañaba.

Sólo pasadas las 3 de la madrugada llegaron al lugar más de cincuenta efectivos de la Policía Federal, que tampoco interrumpieron el desarrollo del delito.

Decisión judicial

El primer bloqueo a la planta principal de Clarín (AGEA) tuvo lugar en noviembre y, entre el 13 al 19 del mes siguiente, el mismo grupo obstaculizó el ingreso de insumos y la impresión y distribución de la revista Viva y de otras publicaciones que se confeccionan en otra planta de Pompeya (AGR).

En esa oportunidad, el canciller Héctor Timerman se acercó a arengar a los manifestantes que protagonizaban la protesta.

Fue para poner fin a esos hechos que, a instancias del constitucionalista Gregorio Badeni, abogado del Grupo Clarín, el juez civil Polo Olivera dictó dos medidas cautelares para prohibir que se reiteren bloqueosa las plantas gráficas y dispuso notificar sus resoluciones, en forma personal, a la ministra Garré.

El magistrado sostuvo en sendas cautelares que el derecho de manifestarse no puede poner en riesgo otros derechos, como el de ejercer industria lícita y, particularmente, el derecho a la libre expresión, que "tiene particular relieve en el caso, ya que la actora resulta una empresa de producción gráfica que abastece, entre otros, a empresas de telecomunicaciones, agencias de publicidad y editoriales".

Pero esa medida no impidió que, en la noche del 14 de enero último y la madrugada del 15, frente a dos patrulleros que no tomaron intervención alguna para impedir el hecho, otro grupo de manifestantes paralizara la planta AGEA, de la calle Zepita, y tampoco que el 28 de ese mes Camioneros impidiera la distribución en amplias zonas del conurbano bonaerense.

A raíz de la denuncia que presentó anoche el Grupo Clarín, la policía se limitó a notificar las presentaciones a Luis Siri, pero, según explicó el abogado Marcelo de Núñez, patrocinante de esos escritos, "la policía no hizo nada para impedir que se continuaran consumando los delitos".

Anoche, Clarín difundió un comunicado en el que sostuvo: "Es evidente que el bloqueo de ayer contó con la sugestiva inacción de las fuerzas de seguridad, traducida en la falta de una orden política de las autoridades del gobierno nacional para resolver la situación". También sostuvo que era falso lo expresado por funcionarios -en alusión a Randazzo- "que buscaron enmascarar el hecho con un pretendido reclamo laboral".

EN VOZ ALTA

"Todos los sectores, piensen lo que piensen y más allá de las ideologías, deben defender el derecho constitucional a la información". FERNANDO "PINO" SOLANAS

"El domingo 27 de marzo de 2011 quedará inscripto en la historia de la democracia argentina como uno de sus días más oscuros en materia de libertad de expresión". ADEPA

"Que la Presidenta deje de mirar para otro lado y haga cumplir la ley; de otra forma, todos los argentinos quedamos desprotegidos". MAURICIO MACRI .

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