La crisis nuclear de Japón, desatada por el efecto de un terremoto de magnitud 9 en la escala Richter y el inmediato tsunami que le siguió, ha mantenido estremecido al planeta y marca sin dudas un hito en la era del uso de la energía nuclear.
El mundo ha contemplado estupefacto las explosiones de hidrógeno que destruyeron los muros de la planta de Fukushima y la lucha de helicópteros arrojando agua de mar desde la altura para evitar que el combustible se sobrecalentara y se produjera una nube radiactiva que podría provocar un accidente nuclear de escala planetaria. En Tokio, se elevó la clasificación de la crisis atómica, que originalmente era de nivel 4 ("accidente con consecuencias de alcance local") a nivel 5 ("accidente con consecuencias de mayor alcance"), sobre una escala internacional de 7 (Escala Internacional de Eventos Nucleares), el caso de Chernobyl. Incluso, algunos clasificaron el accidente como de grado 6.
Quienes desde hace años vienen oponiéndose a la energía nuclear señalan que se trata de un punto de inflexión que implicará el fin de su uso. Quienes la defienden afirman que se trata de un hecho extraordinario: un terremoto grado 9 que daña la red eléctrica y un tsunami que destruye la refrigeración de emergencia. En este último caso, el accidente ocurrido era muy improbable.
Después de 60 años, la energía nuclear todavía no ha logrado solucionar dos grandes problemas: la gestión de los residuos radiactivos y la seguridad. Aunque es cierto que se va avanzando en esta última materia -después de Fukushima los sistemas de seguridad serán más estrictos en las plantas ya construidas y en las futuras centrales-, es necesario dar un verdadero debate sobre el tema, que en muchos lugares, incluido nuestro país, se maneja con escasa transparencia.
Llama la atención que algo que requiere de un profundo análisis se resuelva a través de impulsos que tienen un interés fundamentalmente político: Alemania acaba de aplazar la prolongación de la vida útil de 17 centrales atómicas, medida que había sido aprobada a fines de 2010; Suiza anunció la suspensión de licencias para la puesta en marcha de tres centrales nucleares, y en la Argentina se presentó ante el Congreso un proyecto de ley para que se revisen a fondo y de un modo "extraordinario" las centrales nucleares argentinas, a la vez que se pidió suspender la ley de 2009 por la que se extiende 25 años la vida útil de la planta de Embalse (Córdoba).
Estas decisiones, a días del accidente de Fukushima, parecen ser, ante todo, una respuesta coyuntural cuando lo que se requiere es una actitud de profunda reflexión y un debate transparente, que debe superar cualquier oscurantismo y permitir que todos los argentinos participen de una discusión con consultas públicas y, si es necesario, de un amplio referéndum al respecto.
Las plantas nucleares tienen la ventaja de evitar una mayor contribución al calentamiento global y las energías alternativas aún no tienen el desarrollo suficiente como para reemplazar a los combustibles fósiles, pero cabe preguntarse: ¿queremos consolidar un parque de reactores nucleares en el país? ¿Podemos asumir el riesgo de que ocurra un accidente en la Argentina? La arrogancia científica muchas veces demoniza una u otra postura, pero lo que se necesita es un análisis que exceda al de los expertos en un área exclusiva del conocimiento e incluya a todos los habitantes. No se discute una tecnología sino un modo de vida, y es posible que, como ocurrió ya en otros países, se decida el abandono de la energía nuclear para la generación de electricidad, e incluso se adopte una cláusula constitucional que así lo determine.
La Argentina debe decidir de un modo maduro si acepta correr el riesgo que, aun en los países que cuentan con las tecnologías más avanzadas, existe. Es posible que, por las ventajas que pueda brindar, se decida asumir el riesgo y continuar con el desarrollo de este tipo de energía y se trabaje por contar con un sistema de máxima seguridad. Ocurre, como vimos en Japón, que ningún lugar está lejos y ninguna planta nuclear está libre de sufrir un accidente. No deberíamos pasar por alto el hecho de que Chile firmó hace unos días un acuerdo de cooperación nuclear con los Estados Unidos. El gobierno chileno aseguró que el acuerdo no es, por el momento, para instalar reactores, sino para capacitación e intercambio de investigación en energía nuclear entre los dos países. Sin embargo, y teniendo en cuenta que Chile es un país sísmico, en el caso de que nuestro vecino tuviera plantas nucleares, nuestro territorio estaría bajo el riesgo de cualquier accidente que pudiera ocurrir. Además, no basta afirmar que nuestras plantas se encuentran en una zona ajena a las actividades sísmicas: los accidentes pueden ocurrir por fallas técnicas, humanas e incluso por atentados terroristas.
Es imprescindible realizar un análisis que supere el interés inmediato y exceda sin duda al acotado grupo de especialistas en la materia. Se trata de planificar pensando en el futuro energético que queremos para la Argentina y debe ser una decisión que nos involucre a todos. Es una tarea difícil, pero es imprescindible reclamar que se realice..
