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Editorial I

Prevenir las inundaciones

Opinión

LAS inundaciones que han asolado en este último tiempo vastas extensiones rurales del norte bonaerense y del sur de las provincias de Córdoba y Santa Fe -causando daños especialmente graves en la cuenca de la laguna La Picasa y sus zonas aledañas- replantean el tema de la responsabilidad que le corresponde al Estado en la ejecución de las obras hidráulicas necesarias para neutralizar el desborde de las aguas y liberar así a la población en general, y a los productores rurales en particular, de un azote periódico de consecuencias catastróficas.

Hace exactamente un año el país se conmovió hasta en sus entrañas por las pavorosas inundaciones que se registraron en la región del Litoral, donde miles de personas quedaron sin vivienda y sin medio alguno de vida, mientras el sistema productivo de la zona quedaba virtualmente paralizado. En las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe se vivieron, hacia abril de 1998, situaciones verdaderamente trágicas, que fueron paliadas o atenuadas gracias al vigoroso y espontáneo movimiento de solidaridad con que la sociedad argentina respondió, en un primer momento, a los embates de la naturaleza.

Las dolorosas imágenes de las víctimas de esos desastres ocuparon el centro de la atención colectiva durante varias semanas y encontraron cierto eco en las autoridades. Más tarde, como suele ocurrir, otros problemas reclamaron el interés público y el drama de los inundados fue pasando a un segundo plano, mientras los organismos oficiales -salvo alguna excepción aislada- se desinteresaban del problema.

Sólo el esfuerzo denodado de un puñado de organizaciones no gubernamentales mantuvo encendida la llama de la solidaridad y logró que las medidas de apoyo a las zonas afectadas se estructuraran de manera sistemática y se prolongaran en el tiempo. El programa Reconstruir con esperanza -impulsado por Caritas Argentina, el Consejo Nacional Cristiano Evangélico, el Instituto de Cultura Popular, la Conferencia Argentina de Religiosas y Religiosos y la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz)- permitió que se pusieran en marcha 96 proyectos tendientes a solucionar los problemas habitacionales de las zonas más dañadas. Los planes se basaron en los sistemas de autoconstrucción de viviendas y ayuda mutua, en los cuales la mano de obra es aportada por los propios beneficiarios, asesorados adecuadamente en talleres técnicos de capacitación.

El programa incluye planes de apoyo alimentario y financiación de proyectos de autoconsumo y producción, cuyo objetivo es tratar de superar -en algunos casos, con apoyo de grupos empresarios- el estado de impotencia en que quedan las víctimas de la inundación por la pérdida de sus fuentes de ingreso.

Pero sería un error olvidar que la principal responsabilidad en la búsqueda de soluciones estructurales y de fondo al problema de las inundaciones debe ser asumida por el Estado. Las organizaciones de la sociedad civil pueden canalizar el espíritu solidario de la comunidad y aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas una vez que la catástrofe se ha desencadenado. Pero son los órganos del poder público los que deben encarar las tareas de prevención necesarias y las obras de infraestructura capaces de evitar el desborde de las aguas, así como el apoyo que permita a los sectores de la producción recuperar su plena capacidad operativa.

Un estudio técnico realizado recientemente por la Universidad Nacional del Litoral ha señalado, por ejemplo, que el drenaje de la laguna La Picasa hacia la cuenca del río Salado permitiría evitar sus periódicos desbordes, que tantos perjuicios causan a los pobladores y a la producción agropecuaria de la zona. El trabajo, que fue presentado en Rufino, una de las ciudades del sur santafecino más amenazadas, recomienda la construcción de canales derivadores y la adopción de otros recaudos técnicos para impedir que las viviendas y los campos sean anegados.

La laguna mencionada, que hasta hace diez años tenía una superficie de 6,1 kilómetros cuadrados, ocupa actualmente 207,3 kilómetros cuadrados y mantiene bajo las aguas a 600.000 hectáreas, condenando a la inactividad a una extensión de tierra aún más vasta. Además, La Picasa pertenece a una cuenca de agua salada que, al desbordarse, derrama salitre sobre los campos, afectando negativamente la fecundidad de la tierra. Se estima que la recuperación natural de esos campos demanda entre 3 y 5 años a partir del momento en que se retiran las aguas.

Es necesario que el Estado ejerza en plenitud su responsabilidad de velar por la seguridad de la población y de posibilitar el desenvolvimiento de la actividad agropecuaria, de tan estratégico interés nacional. Las inundaciones -tanto las que el año último llevaron a la extrema pobreza a poblaciones enteras en el Litoral como las que hoy castigan severamente a la principal región agropecuaria de la zona central del país- son, en casi todos los casos, un flagelo cíclico, que es necesario prevenir y afrontar con todos los recursos que la ciencia y la tencología están hoy en condiciones de aportar. .

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