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EE.UU. aseguró que "la corrupción es un problema serio en la Argentina"

En un informe sobre derechos humanos, el Departamento de Estado aludió a las denuncias de presiones a periodistas "críticos" del Gobierno

Viernes 08 de abril de 2011 • 13:39
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LA NACION

WASHINGTON.- El Departamento de Estado identificó a la corrupción oficial como un "problema serio" en la Argentina al hacer público su reporte anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

El informe se hace eco también de las denuncias sobre presiones para la libertad de expresión en el país y hostigamientos contra periodistas "críticos" del gobierno.

Menciona especialmente el caso de la periodista Adela Gómez, atacada con fuego en marzo del año pasado cuando investigaba casos de corrupción en Santa Cruz.

El informe refleja el diagnóstico de la Asociación Interamericana de Prensa (SIP) en el sentido de que el gobierno alienta "campañas contra el derecho a la información" y alerta contra intentos para "dañar la credibilidad" de los medios de prensa.

Recoge también la denuncia de la entidad en el sentido de que el país vive uno de "sus peores momentos" en materia de libertad de expresión como consecuencia de la intolerancia para reflejar opiniones críticas.

En la presentación del voluminoso documento, que refleja la situación en 194 países, la secretaria de Estado Hillary Clinton afirmó que el respeto a los derechos humanos "empieza por decir la verdad" y que el informe de su cartera es uno de los "esfuerzos más importantes" en ese sentido en el nivel mundial.

El documento reitera críticas a las autoridades de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Recordó que Cuba liberó a "más de 40 prisioneros políticos" en los últimos meses, pero en el país "sigue habiendo docenas de otros" opositores presos.

Añade que el régimen de los Castro "suprimió los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, de prensa, de asambleas y asociación, de movimiento y de religión".

En Venezuela, indicó el reporte, "el gobierno utilizó el poder judicial para intimidar y perseguir individuos y organizaciones que criticaron las políticas y las acciones del gobierno, incluyendo manifestantes pacíficos, periodistas, un juez y miembros de los partidos de oposición".

"El gobierno también restringió las libertades de expresión, acosó e intimidó a estaciones de televisión privadas".

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