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Voracidad y poder para violar la ley

LA NACION
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Carlos Pagni
Jueves 14 de abril de 2011
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Las políticas populistas suelen envolverse en argumentos que, a primera vista, tienen la sensatez del sentido común. Por ejemplo: los funcionarios justificaron ayer el avance del Estado en los directorios de empresas donde tiene participación la Anses diciendo que se pretende defender el patrimonio de los trabajadores, que fue invertido en esas compañías. Salvo que se sea un explotador despiadado, la consigna suena, en principio, inobjetable. Es una pena que, a medida que se la examina, lo que parecía una verdad evidente comience a mostrar un signo inverso. Es decir: cabe temer que los intereses que se dice resguardar sean los que correrán mayor peligro.

Una incógnita preliminar es si los fondos previsionales están mejor o peor asegurados en empresas cuyo gobierno está sometido a la arbitrariedad del Poder Ejecutivo. Cristina Kirchner volvió a modificar una ley a través de un decreto, sin que quede clara la necesidad ni la urgencia para hacerlo. (Salvo que la asamblea anual de Siderar, del grupo Techint, está citada para mañana, y el kirchnerismo pretende imponer allí al militante de La Cámpora Axel Kicillof.)

Ese DNU es más controvertido porque elimina una cláusula sin la cual la estatización de las AFJP tal vez no habría sido aprobada: la que establece que, cualquiera que fuera su posición accionaria, el Estado no tendría derecho a una representación superior al 5% en la conducción de las empresas. La "defensa de los intereses de los trabajadores" -o, si se prefiere, la premura por designar a Kicillof- es invocada, entonces, como un pretexto para violar la ley.

Es obvio que ni siquiera un fin tan noble como la preservación del patrimonio de los contribuyentes a la Anses debería ser superior a las normas. Pero no es tan seguro que, en adelante, los intereses de los trabajadores estarán mejor custodiados. El kirchnerismo se ha cansado de demostrar que ese objetivo no lo desvela. Por ejemplo: la Anses, que podría comprar bonos argentinos en el mercado a una tasa del 10%, le presta dinero al Tesoro al 6 o 7 por ciento. La misma negligencia se ilustra con anécdotas menos relevantes. ¿Es verdad que, en una década, ese organismo llevó su planta de personal de 8000 a 16.000 agentes? ¿Qué relación guarda esa expansión con el clientelismo oficial? ¿Existe allí una política de viáticos e "inversiones" ligada al proselitismo? ¿Qué rol juega La Cámpora en esas prácticas?

Para aceptar que la expansión oficial sobre las empresas redundará en beneficio de los trabajadores y de los jubilados, habría que demostrar que los representantes del Estado defenderán esos intereses aun cuando se enfrenten a las preferencias del Gobierno. Por ejemplo: los delegados de la Casa Rosada en una distribuidora eléctrica o gasífera, ¿pedirán aumentos de tarifas para que mejore la ecuación de la empresa y, en consecuencia, la de sus accionistas? En esa encrucijada, ¿velarán por los activos de "los abuelos" o cumplirán las instrucciones de Olivos? Esta pregunta se la están formulando quienes invirtieron en acciones de esas compañías, apostando a que serían conducidas con la pretensión de volverlas más rentables y no de someterlas a las urgencias de la política. Para ayudarlos con la respuesta, ahí está Guillermo Moreno, con sus guantes de boxeo, enriqueciendo las deliberaciones de Papel Prensa.

No son interrogantes teóricos o preventivos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses ha destinado miles de millones de pesos a proyectos de generación energética a gas –en un país que tiene cada vez menos gas– o a usinas nucleares obsoletas. A pesar de que en el sitio web de ese organismo (www.anses.gob.ar/FGS/inversion_proyectos.php) se prometen dictámenes de universidades nacionales sobre la razonabilidad de esas inversiones, jamás fueron publicados. Es válido preguntarse si realmente se hicieron.

La primera trampa conceptual es, entonces, que la expansión del poder del Estado en los directorios afecta sólo el interés de las grandes empresas. Como si, en este caso, ese interés fuera contradictorio con el de sus accionistas, entre ellos, los contribuyentes a la seguridad social. Por supuesto, la mayor influencia de los representantes de la Anses puede determinar también el deterioro de las compañías. La Unión Industrial Argentina y la Asociación Empresaria Argentina alertaron ayer sobre ese peligro. Nada que objetar, salvo la falta de visión de largo plazo que caracterizó a muchos hombres de negocios cuando se estatizó el sistema previsional: en esa decisión está la raíz de esta expansión sobre la esfera privada.

Una curiosidad que presentaba ayer el paisaje empresarial es que hay algún dueño de compañía que, sin llegar a festejarlo, acepta el decretazo. "Teniendo al Gobierno dentro de la empresa, podremos protegernos mejor de su arbitrariedad", dijo uno.

La voracidad produce, a veces, la ceguera. El Gobierno analiza la posibilidad de modificar la ley de sociedades para ampliar las atribuciones de los directores que representan al Estado en las empresas, con el argumento de que son los depositarios del "interés general". En ese concepto está mejor expresado que nunca que el espíritu de esta reforma es, más que defender los intereses de los jubilados, plegar a las grandes empresas a las directrices políticas del oficialismo.

Sería un error, sin embargo, ignorar que detrás del nuevo avance de Cristina Kirchner sobre el Congreso se esconde una lucha de poder. La CGT de Hugo Moyano salió a escena para recordarlo. Exigió ayer que los directores de la Anses en las empresas salgan de sus filas. Es lo que venía sucediendo como resultado de las gestiones de algunos sindicatos, hasta que la Presidenta prefirió el semillero de La Cámpora. La retracción de Julio De Vido dentro del Gabinete no es ajena a este giro.

El conflicto de los gremialistas con la "juventud maravillosa" que rodea a la señora de Kirchner no es nuevo. Salió a luz por primera vez cuando se supo que en la detención de Gerónimo Venegas tuvo que ver un almuerzo de otro neocamporista, el secretario de Justicia Julián Alvarez, con el juez Norberto Oyarbide. Ahora el camionero suma otro reclamo a su amenazante manifestación del próximo 29 en la avenida 9 de Julio.

La dirigencia partidaria, mientras tanto, permaneció ayer casi ajena a esta discusión. La indiferencia, acaso, esté originada en que buena parte de ella comparte el supuesto de la iniciativa oficial: entre las empresas y el bienestar general existe una contradicción intrínseca. Ese axioma cubre hoy casi toda la cultura política argentina.

Imposible asistir a esta disputa y no recordar a Fernando Henrique Cardoso, que hace poco más de un año, en referencia a su país, dijo: "Estado, sindicatos y movimientos sociales se funden en los altos hornos de los fondos de pensión para engendrar, gracias a la desmoralización de los partidos, un populismo autoritario". Cardoso acuñó un neologismo para designar ese fenómeno brasileño. Lo llamó "subperonismo".

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