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Brasil analiza cómo controlar millones de armas ilegales

El gobierno reforzó la seguridad en las fronteras y lanzará una campaña de desarme

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LA NACION
Domingo 17 de abril de 2011

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RIO DE JANEIRO.- Cuando Wellington Menezes de Oliveira descargó 66 balas en la escuela Tasso da Silveira, diez días atrás, no sólo asesinó a 12 niños en Río de Janeiro; la masacre disparó también un intenso debate sobre el control de armas en Brasil, donde se calcula que la mitad de los 16 millones de fusiles y pistolas son ilegales.

El gobierno anunció de inmediato más medidas en los puestos fronterizos para detener el contrabando de armas desde el exterior, prometió reforzar la vigilancia del comercio interno y adelantó que en las próximas semanas lanzará una vigorosa campaña de desarme de civiles, que recibirán una compensación económica por cada pieza entregada.

"Es evidente que la cuestión más grave es la del armamento excesivo. Una población armada es una población violenta", advirtió el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo.

Por su parte, junto con otros líderes parlamentarios, el titular del Senado, el ex presidente brasileño José Sarney (1985-1990), presentó un proyecto de ley para convocar a un plebiscito para prohibir totalmente el comercio de armas.

La iniciativa, que será votada esta semana y, de ser aprobada, se realizaría en octubre, incluiría la pregunta: "¿Cree que el comercio de armas de fuego y municiones debe ser prohibido en Brasil?".

El problema es que ya en 2005 se planteó una consulta popular similar y el 60% de los brasileños dijo que no.

Por eso, el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), se ha mantenido neutral en esta movida.

"Creo que la sociedad cambia. Lo que estamos viviendo hoy no es lo que vivíamos hace algunos años; necesitamos repensar lo que fue decidido. Creo que hoy tendremos una opinión diferente", argumentó Sarney, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), cuya propuesta recibió el rechazo de los opositores Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y de los demócratas (DEM), que quieren resguardar el derecho a la defensa propia de quienes adquieren sus armas de acuerdo con la ley.

"Los bandidos nos compran armas legalmente. ¿Por qué un productor rural que vive a 100 km de una comisaría tiene que quedarse expuesto a riesgos?", inquirió el diputado Abelardo Lupion, del DEM.

Lo curioso es que hasta las ONG que abogan por un mayor control de armas han rechazado el plebiscito, y, en cambio, recomiendan fortalecer el actual Estatuto de Desarme, ley que fue sancionada en 2003.

"En Brasil, tenemos una legislación muy buena sobre el control de armas; el problema es que no es instrumentada plenamente, no existe una fiscalización adecuada", destacó a La Nacion Alice Ribeiro, coordinadora de área de control de armas del Instituto Sou da Paz, que recopila la mayor información sobre la violencia en todo el país.

De acuerdo con datos de la organización, en Brasil hay hoy unos 16 millones de armas. Mientras las fuerzas de seguridad tienen en su poder dos millones de armas, el resto se encuentra en manos de civiles, pero sólo siete millones están registradas en la Policía Federal; las demás son clandestinas.

Corrupción policial

El Estatuto de Desarme instauró un registro unificado de armas, obligó a la marcación de cada pieza y establecía categorías muy definidas de quiénes pueden poseer armas de fuego: las fuerzas de seguridad públicas, empleados de empresas de seguridad privadas, coleccionadores, cazadores y personas que aleguen que para su defensa personal las necesitan.

"La marcación de armas no se hizo y la fiscalización de las categorías no ocurre como debería; hay un gran mercado de armas ilegales y muchos de los desvíos provienen de la policía. Tiene que haber tolerancia cero al respecto", afirmó Ribeiro.

Según datos del Instituto Sou da Paz, el estatuto ayudó a reducir el número de homicidios con armas de fuego en Brasil: en 2003 se registraron 51.000 casos, mientras que en 2008 fueron 35.000. Y el número de tiendas de armas también cayó notoriamente, un 90% desde 2004 hasta ahora.

"Todavía queda mucho por hacer. Cada día 96 brasileños mueren por armas de fuego y la gran mayoría son víctimas de armas ilegales, en manos de bandas de crimen organizado, narcotraficantes o simples ladrones", advirtió, por su parte, a este diario Ubiratan Angelo, coordinador de seguridad de la ONG Viva Río, y ex comandante de la Policía Militar del estado de Río de Janeiro.

Para él, el plebiscito es una "cortina de humo" con la que los políticos quieren calmar a la sociedad shockeada por la matanza escolar en Río. "Lo que tienen que hacer es hacer más efectivos los controles que ya están previstos en la legislación y combatir la corrupción en las fuerzas de seguridad que desvían armas al mercado clandestino. No puede ser que hoy en Río se pueda conseguir un revólver por menos de 250 reales [160 dólares]", indicó refiriéndose al precio que pagó Menezes de Oliveira por sus pistolas asesinas.

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