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La deuda jubilatoria / Pedido de informes de los jueces

Malestar de la Corte con la Anses por juicios previsionales

Economía
 
 

La Corte Suprema de Justicia intimó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para que informe en un plazo de 30 días cuántos jubilados están reclamando ante el organismo por un ajuste del haber inicial, por movilidad o por cualquier otro motivo; el grado de demora en pagar los fallos judiciales, y cuál es el presupuesto que destinará para cancelar esas deudas.

"Nos está tapando una montaña de expedientes; dictamos muchísimas sentencias, pero la Anses no cumple ningún fallo. Es una vergüenza. Gastan el dinero de los jubilados en cualquier asunto menos en pagarles a los jubilados", se quejaban ayer en un despacho del alto tribunal.

En el corazón de la Corte afirman que "existe mucha preocupación por la situación de colapso de los tribunales previsionales -donde se acumulan casi 470.000 causas- y también por la demora de la Anses en pagar los juicios", incluso en los expedientes que tienen sentencia de la Cámara Nacional de la Seguridad Social y del propio alto tribunal.

"Hay que ponerle punto a esta situación", reveló un magistrado. Por eso, en el acuerdo de ayer los ministros de la Corte resolvieron hacer un detallado pedido de informes a la Anses para que el organismo transparente los números que, hasta ahora, nadie realmente conoce, según dicen en el máximo órgano de Justicia. "Queremos saber por qué no pagan y si hay algún motivo para no hacerlo", dicen.

Cada mes ingresan en el organismo cerca de 10.000 nuevos juicios de jubilados, que se suman a una masa de casi medio millón de expedientes que atestan los tribunales previsionales. Y si bien la mayoría de los casos que resuelve la Justicia por año -unos veinte mil- terminan con sentencias favorables a los jubilados, la entidad que dirige Diego Bossio retacea los pagos durante muchos años y obliga al sector pasivo a iniciar nuevas demandas para ejecutar las sentencias.

Es más, el propio Bossio fue denunciado ante la justicia penal por ese motivo y la Cámara Federal acaba de revocar su sobreseimiento.

Una de las demandas más importantes que tramitan en la Corte contra la Anses fue promovida por la Defensoría del Pueblo de la Nación, que impulsa una acción colectiva para que el máximo tribunal dicte una sola sentencia que beneficie a todos los jubilados y ponga un punto final a la estrategia dilatoria de la Anses.

Hartazgo

La acción de clase fue admitida por la Corte en el caso Halabi para un tema no patrimonial por cuatro votos contra tres. Este tipo de acciones colectivas no prosperan fácilmente.

Sin embargo, la sensación de hartazgo que existe en la Corte contra la arbitrariedad que exhibe la Anses llevó a algunos a pensar que estamos frente a "un delicado tema social, que excede un problema netamente patrimonial", confió a La Nacion uno de ellos. Tal vez por eso, el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti, por unanimidad de sus siete integrantes, pidió a la Anses informes sobre:

  • La cantidad de reclamos administrativos que inician los jubilados por el cálculo del haber inicial. Ocurre que cada jubilado, cuando apenas cobra el primer mes de haber, advierte que le calcularon mal la prestación y, si aspira a que se corrija esa deficiencia, tiene que iniciar inmediatamente un primer juicio.
  • La cantidad de reclamos administrativos pendientes por movilidad. Más allá de que le hayan calculado mal el haber inicial, el jubilado también pretende que la prestación siga el ritmo de la inflación, pero, para lograrlo, debe iniciar otro juicio.

Aun cuando la Corte, en el caso Badaro, se expidió favorablemente a los jubilados y les reconoció una movilidad del 88 por ciento para el período 2002/2006, la Anses sigue demorando los pagos y obliga a cada retirado a iniciar una causa idéntica a otras miles que el tribunal ya resolvió en forma favorable al sector pasivo. Además, los jubilados comenzaron a presentar nuevas demandas para reclamar la actualización del período 2006/2011.

  • Además, aun cuando obtenga una sentencia favorable, como la Anses no las cumple, el jubilado tiene que iniciar un tercer juicio por ejecución de sentencias. Por eso, el tribunal pidió al ente previsional que informe cuántas sentencias falta cumplir.
  • La Corte también reclamó a la Anses que informe en cuántos casos consintió el reclamo del jubilado o desistió de presentar recursos ante el máximo tribunal.

El organismo está autorizado a adoptar cualquiera de esos dos criterios para no dilatar los juicios con reclamos que ya fueron resueltos por los tribunales en forma favorable a los jubilados en otras miles de ocasiones.

El tribunal advirtió que la Anses precisamente no usa esas atribuciones y prefiere dilatar los procesos judiciales para no pagarles a los jubilados.

  • La Corte también pidió informes sobre la cantidad de sentencias que han sido íntegramente cumplidas (pagadas) en cada uno de los últimos cinco años, con indicación de los importes en efectivo y títulos de deuda que resultaron necesarios para su cancelación.
  • La Anses también deberá indicar cuántos fondos presupuestarios destina al pago de sentencias en el corriente año y la proporción sobre el total de erogaciones. En definitiva, la Corte quiere saber si la Anses está dispuesta a obedecerla.
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