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Por presión internacional

Aprobará el Senado la ley antilavado

Política

Luego de años de demora, la Cámara alta sancionará mañana la nueva norma y evitará sanciones

Por   | LA NACION

Apurado por la amenaza de aplicar sanciones al país que formuló en su última reunión el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Senado se dispone a sancionar mañana el proyecto que modifica la ley de lucha contra el lavado de dinero para adecuarla a los requerimientos del organismo del cual la Argentina es miembro activo.

El texto que recibirá dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales hoy, a las 14, es el mismo que aprobó la Cámara de Diputados hace un mes. Si bien hay consenso para acelerar la sanción de la iniciativa, la reunión podría convertirse en caja de resonancia del caso que tiene como protagonista a Sergio Schoklender y su cuestionado manejo de los fondos para la construcción de viviendas de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

La iniciativa tiene garantizada su sanción, ya que todos los bloques anticiparon su apoyo, en gran medida por la necesidad que tiene el país de adecuar su legislación a los pedidos del GAFI antes de la próxima asamblea del organismo, prevista para el 20 de junio en México.

Sin embargo, tanto en la oposición como en el oficialismo existe consenso para avanzar con un proyecto de ley "correctivo" que busca mejorar algunos de los aspectos de la iniciativa, pero cuyo tratamiento quedará para el futuro ante el apuro del Poder Ejecutivo por tener sancionada la nueva norma.

El debate de los cambios a la legislación vigente en materia de combate del lavado de dinero se aceleró tras la amenaza del GAFI, como lo admitió el ministro de Justicia, Julio Alak, hace dos semanas, cuando concurrió a la Cámara alta. "Esta ley servirá para que nuestro país no tenga problemas en la próxima reunión del GAFI", admitió el funcionario.

Entre otros cambios, el proyecto fortalece el papel de la Unidad de Información Financiera (UIF), al asegurarle un aporte presupuestario fijo (equivalente al 0,6% del presupuesto del Ministerio de Justicia) y ampliar su facultad para requerir información a organismos públicos nacionales y a los sujetos que la ley obliga a suministrar datos. Además, tipifica el delito de lavado de dinero, que en la actualidad se encuentra subsumido en el Código Penal bajo la figura del delito de encubrimiento. También se incluye la posibilidad de perseguir y castigar el denominado "autolavado de dinero".

Cambios de forma

En el debate en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales celebrado el 10 del actual, la iniciativa recibió algunas críticas técnicas de parte de representantes de las cámaras automotriz y de aseguradoras y de profesionales como los contadores, que se encuentran entre los sujetos obligados a informar y denunciar cualquier operación sospechosa de estar encubriendo el blanqueo de fondos obtenidos de manera ilícita.

La crítica más política, en tanto, partió del radical Ernesto Sanz (UCR-Mendoza), quien destacó su temor ante la "magnitud y amplitud de las atribuciones" que se le otorgarán a la UIF, a la que pidió sacar de la órbita del Poder Ejecutivo. "Cuando en la Argentina un organismo de este tenor tiene tanto poder, cuanto más lejos del poder político esté, mejor", dijo. Sin embargo, una eventual ley correctiva no hará hincapié en este punto, tema que el kirchnerismo se negará a discutir. Por lo pronto, el texto que redacta la senadora Sonia Escudero (PJ-Salta) no contempla este tema, sino objeciones menores.

"Las modificaciones no son de fondo, por eso se puede avanzar y darle sanción al proyecto que viene de Diputados", precisó Escudero.Entre los cambios que se propondrán a futuro se encuentra la posibilidad de exceptuar a las terminales automotrices de informar sobre la adquisición de vehículos (ya que no venden al público, sino a concesionarias) y ajustar la obligación de profesionales como los contadores a informar operaciones a partir de cierto volumen de dinero.

También podrían introducirse cambios en el capítulo referido a las sanciones, que para muchos legisladores son demasiado altas y, por otro lado, están planteadas en sumas que con el paso del tiempo quedarían desactualizadas. Si hay acuerdo político, la iniciativa podría aprobarse también mañana.

CLAVES DEL PROYECTO

  • Apuro oficial. El Poder Ejecutivo necesita adecuar la legislación nacional que reprime el lavado de dinero para evitar sanciones del GAFI. Intentará llevar una nueva ley aprobada por el Congreso a la reunión de ese organismo, previsto para el próximo 20 de junio en México.
  • Cambios. La principal modificación que introduce la norma que se discutirá en la Cámara alta es la tipificación del lavado de dinero como delito autónomo; en la actualidad, se encuentra subordinado al de encubrimiento.
  • Más investigación. La norma que se debatirá mañana en el Senado amplía además las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF), que tendrá facultad de requerir datos a organismos públicos y privados relacionados con sus investigaciones.
  • Cuestionamientos. La oposición cuestiona esta ampliación de facultades para un órgano que depende del Poder Ejecutivo. La iniciativa recibió también algunas críticas técnicas de parte de representantes de las cámaras automotriz y de aseguradoras, y de profesionales, como los contadores, que se encuentran entre los sujetos obligados a informar y denunciar cualquier operación sospechosa de lavado de dinero.
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