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Remedios de venta libre, en las farmacias

La Justicia ratificó la vigencia de una ley

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LA NACION
Miércoles 08 de junio de 2011

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La justicia porteña ratificó la vigencia en la Capital de la ley nacional que prohíbe la venta de medicamentos fuera de las farmacias, al resolver un planteo efectuado por la Unión de Kiosqueros de la República Argentina.

La decisión fue tomada por el juez en lo contencioso administrativo Guillermo Scheibler, al rechazar una presentación en la que la UKRA consideraba que "la aplicación de la ley 26.567 en la ciudad conculca la autonomía consagrada por la Constitución Nacional, habida cuenta de que el gobierno porteño no adhirió a dicha norma ni la Legislatura dictó una ley" para regular la materia, como hicieron otros distritos.

La UKRA accionó contra el gobierno porteño, que por medio de la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos manifestó que "el marco regulatorio es de orden nacional, por lo cual el poder de policía corresponde al Ministerio de Salud de la Nación". En tanto, la Agencia Gubernamental de Control informó que "no se ha fiscalizado el expendio de medicamentos de venta libre en quioscos" porque "la ley 26.567, que regula la actividad farmacéutica, es de competencia nacional".

El Congreso Nacional aprobó en 2009 una ley que derogó el decreto de 1991, que había liberado el expendio de remedios de venta libre.

La norma prevé que "la dispensa de medicamentos, incluidos los denominados de venta libre, sólo podrá ser efectuada en todo el territorio de la Nación en farmacias habilitadas" y establece que quien los venda fuera de esos establecimientos incurrirá "en el ejercicio ilegal de la farmacia".

En su fallo, que ayer fue apelado por la UKRA, el juez Scheibler analizó que las leyes nacionales rigen excepto que lesionen facultades delegadas a las jurisdicciones o que entren en colisión con leyes locales. En ese sentido, el magistrado consideró que en la Capital "no existe ley local que regule la materia, por lo que no se presenta conflicto normativo que obligue a efectuar el confronte con las disposiciones del Congreso".

Tras ponderar "la intención de los legisladores nacionales de otorgar a la norma validez en todo el territorio de la Nación y el amplísimo consenso de que fue objeto" sin "observaciones por parte de los representantes" de la Capital, concluyó que "la ley 26.567 rige directamente en todo el territorio de la ciudad, pues carecería de sentido reconocer una facultad propia del Congreso de la Nación si su aplicación en determinada jurisdicción dependiese de una decisión de ella".

Como antecedente, Scheibler advirtió que la ciudad "aplicó, entre 1997 y 2010 de modo directo la norma nacional [desregulatoria], sin haber adherido a ella o dictado ley específica al respecto".

El abogado de la UKRA, Andrés Gil Domínguez, dijo a La Nacion que apeló el fallo en la víspera, por lo que no está firme. "La sentencia es muy dañina para la autonomía de la ciudad. En momentos en que la Legislatura reivindica su potestad de legislar en la materia, el fallo dice que se aplica ley federal", sentenció.

Hasta ahora, ninguno de los proyectos existentes en el Poder Legislativo local obtuvo despacho de comisión.

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