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Entrevista con Samuel Issacharoff

"La oposición necesita recursos para enfrentarse a un gobierno"

Enfoques

Especialista en libertad de expresión y asesor de Obama en financiamiento de campañas electorales, Samuel Issacharoff analiza los riesgos de las ventajas con que corren los gobiernos en tiempos de competencia electoral

Es argentino, asesora al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en temas de financiamiento de campañas electorales y libertad de expresión, y se sorprende por las desiguales condiciones en las que oficialismo y oposición llegarán a los comicios de octubre. Samuel Issacharoff estuvo este mes en Buenos Aires y dice que le cuesta entender algunas de las cosas que pasan en el país donde nació, aun cuando -jura- se esfuerza por hacerlo.

El profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, que vino a dar una serie de clases y conferencias en la Universidad de San Andrés, alucina con la pauta oficial en la transmisión de los partidos de fútbol: "Nadie niega que esta es una ventaja electoral enorme para el oficialismo, ¿no? ¿Y la oposición no hace nada?", pregunta.

Compara a los piquetes de la Argentina con las vacas sagradas de la India, que cuando circulan por las calles de Nueva Delhi generan caos extraordinarios en el tránsito. Y es también crítico del financiamiento público de las campañas, que en estas elecciones se aplicará por primera vez en la Argentina, excepto que esté garantizada una Justicia electoral independiente. "El gobierno acá y en todos los países del mundo -dice- desearía que los fondos de los otros partidos sean igual a cero".

Hijo de una argentina y de un médico uruguayo, emigró junto con su familia a los cinco años. Recién graduado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, volvió en 1984 para colaborar en los primeros juicios contra militares y fue becario durante medio año en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que trabaja en la protección y promoción de los derechos humanos. Vive en Manhattan, tiene 56 años, está casado y es padre de dos hijos.

Issacharoff considera que el derecho a la información hoy demanda del Estado más que la no censura. Y advierte que la concentración de medios en manos privadas en América latina le preocupa, pero que es mucho más dañina para el debate público y el sistema democrático la concentración mediática por parte del Gobierno que, por estar en el poder, ya tiene acceso privilegiado al electorado y a todos los canales de comunicación. "La concentración privada nunca se alinea completamente con el poder político y ello es bueno para el funcionamiento del sistema democrático, porque de otro modo la voz oficial es siempre dominante", dice.

Aunque es cauto y aclara que no habla específicamente de la última reforma política argentina, porque desconoce sus detalles, este profesor de Derecho Constitucional cuestiona el financiamiento público de la pauta publicitaria audiovisual en períodos electorales porque, considera, ello acarrea un enorme desequilibrio entre los candidatos que ejercen cargos y aquellos que no lo hacen, que sólo puede contrarrestarse con campañas exitosísimas como la de Obama. Recuerda orgulloso que el actual presidente norteamericano recaudó 800 millones de dólares y tuvo 4 millones de donantes individuales en la última campaña presidencial. Y, de ellos, el 75 por ciento donó menos de 200 dólares.

Obama lo convocó como asesor cuando decidió que competiría por la presidencia. Lo conocía de su época de profesor en la Universidad de Chicago, porque el profesor argentino es coautor del libro que él usaba para sus clases: La ley de la democracia, que lleva tres ediciones y es un texto de referencia en materia de financiamiento de campañas y sistema político.

-¿En qué asuntos asesora a Obama?

-Principalmente sobre los asuntos legales de la campaña y las instituciones del sistema político. En los Estados Unidos hay un montón de leyes sobre las campañas electorales, la fiscalización de las cuentas, los derechos de las primarias, cómo se conducen las primarias, qué se puede hacer, qué datos se debe exigir a los donantes, los períodos de las elecciones. Eramos un grupo de más o menos 10 personas que la noche de la elecciones estábamos encargados en Chicago de todas las cuestiones judiciales que surgieron. Esa noche eso no se nota mucho porque lo único que importa al final del día es quién gana, pero el día mismo de la elección, en 2008, teníamos juicios en unos 15 o 20 Estados, todos centralizados en la oficina principal de Chicago.

-La Argentina, igual que los Estados Unidos, tiene en la Constitución prohibida la censura. Superada con la dictadura la censura directa, hay otros mecanismos de censura indirecta, o censura más sutil, que por ser más sofisticados quizá sean incluso más peligrosos o, cuanto menos, que afectan las condiciones del debate político y del debate público. ¿Qué opina?

-Primero hay una censura abierta y la fuerza represiva del Estado. Eso es lo más fácil de advertir y es lo que vivió la Argentina entre el 76 y el 83. En general eso se ve menos, hay más democracia hoy en día en el mundo que en cualquier otro momento. Pero el problema es que en las sociedades modernas y muy complejas no existe un debate público sin alguna participación del Estado. Ya no existe la práctica de juntarse en la calle a hablar de asuntos públicos o la de los "speakers corners" de Inglaterra. La gente ya no se engancha así con la política, no es como se trasmiten las ideas hoy.

-Advierte que hay más democracia, pero menos debate político y público.

-Exacto. Hay dos hechos modernos que son clave: el primero es que hay mucha más libertad de expresión hoy que en el pasado, a través de Internet, de Facebook, de YouTube, de lo que sea, y mientras que esto esté abierto hay una posibilidad de expresión gigante. Lo vimos en los países árabes, donde se generó un levantamiento popular a pesar de una represión terrible. Al mismo tiempo, el debate público se maneja a través de medios que tienden a ser controlados por el Estado de algún modo u otro. Sólo puede haber tantos canales de televisión o tantas emisoras de radio, y eso hace mucho más difícil que el debate político se desarrolle en condiciones de igualdad. El Estado tiene un tremendo poder para comunicarse con el pueblo: se ocupa de una gran parte de la educación de los chicos, se ocupa de la transmisión de información a la población, información que es necesaria para sostener la vida moderna (como saber adónde tiene que ir uno en caso de emergencia) y, al mismo tiempo, esa comunicación da fuerza al gobierno para dominar la discusión pública según su conveniencia.

-Es decir, la comunicación gubernamental, aunque no sea proselitista, coloca a quienes están en el poder en un lugar de privilegio en el debate.

-Absolutamente. A un lugar de privilegio que puede ser abusado. El gobierno, en cualquier país del mundo, desea cambiar las reglas, de a poco o del todo y de golpe, en gran medida, para proteger las ventajas de ser quien ejerce el poder. Y en todos los sistemas electorales hay una gran ventaja por ser oficialismo simplemente porque uno ya está en el poder, ya es congresista, ya es el que se ocupa de asuntos legales y, en ese sentido, el gobierno puede cambiar las reglas para, por ejemplo, hacer más difícil mantener una campaña electoral, que se financie la oposición, hacer más difícil inscribir a nuevos votantes en países en que no es obligatorio votar, cosas de ese estilo. Tienen, además, la capacidad de poner en situación de desventaja a todos los otros competidores. Así, por ejemplo, a un gobierno en ejercicio en cualquier país le gustaría tener fondos para los otros partidos iguales a cero, porque eso querría decir que sólo el gobierno habla. Por eso yo estoy convencido de que la oposición necesita recursos para poder enfrentarse con efectividad a un gobierno en ejercicio.

-¿Cómo se limita este poder desigual de recursos y acceso al electorado entre oficialismo y oposición?

-Hay dos maneras. La primera es con el uso de fondos privados y la obligación de que el gobierno no pueda participar en el financiamiento de las campañas políticas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia y en algunos países de Asia, el financiamiento es privado y regulado por el Estado. De ese modo, si uno tiene apoyo, puede juntar los fondos y presentarse frente al público en condiciones más parejas. En 2008 teníamos en los Estados Unidos a un gobierno republicano desmovilizado y los que apoyaban al gobierno no estaban animados para la campaña política. En cambio, había una oposición muy fuerte que se juntó alrededor de Obama, que juntó ese año 800 millones de dólares para enfrentarse al gobierno. Es muchísima plata y con eso se presentó por primera vez un candidato negro a la presidencia. Se mostró mucho en la televisión y la gente lo aceptó viéndolo todas las noches en la pantalla.

-El otro sistema es el financiamiento público de las campañas, que la Argentina adoptó en 2010 para la pauta en radio y TV.

-El otro sistema es la prohibición de los fondos privados y su sustitución por fondos públicos. Hay dos problemas con los fondos públicos para las campañas. El primero es que hay que asegurar que los fondos sean suficientes porque, si no, no se logra sobrepasar la ventaja que tiene el partido que ejerce el poder. Yo sé, por ejemplo, que el Gobierno acá asumió la responsabilidad de emitir los partidos de fútbol y esa puede ser una cosa muy buena si antes los más pobres no lograban acceder a ellos, pero al mismo tiempo todo se mueve a través del Gobierno y eso constituye una gran ventaja electoral. Por eso, el sistema político debería encontrar alguna manera de permitir a la oposición sobrepasar esa ventaja, porque si no, la competencia electoral ocurre en condiciones de desigualdad y eso no es bueno para la democracia.

-Usted dijo que el sistema de financiamiento público de campañas tenía dos problemas. ¿Cuál es el segundo?

-El segundo problema no es que los fondos no alcancen, sino que, por ser fondos del Estado y requerir que el gobierno tenga mucha responsabilidad por el uso correcto de esos fondos, el gobierno gane poder de repente en la vida interna de los otros partidos. Se comienzan a exigir varias cosas sobre cómo se maneja la vida interna del partido, cuáles son los gastos aprobados y no, y eso requiere una independencia importante de los fiscales y jueces de los poderes actuales. Eso se pudo hacer exitosamente, por ejemplo, en México, empezando en 1994, porque se transformó completamente el marco electoral con la creación de una Comisión electoral, independiente, fuerte, y también con un sistema de tribunales electorales completamente independientes de la base hasta la cúpula, hasta la Corte Suprema Electoral. Por eso, si uno tiene financiamiento público y el gobierno va a empezar a controlar mucho más la vida política de los partidos, es una condición indispensable para el sistema una justicia electoral independiente.

-¿Usted prefiere el financiamiento privado?

-No sé. El problema es que hay dos grandes herencias de la democracia y, en general, se ve que están en oposición. Las dos herencias son la libertad de expresión de los ciudadanos hacia el Estado, sobre todo la capacidad de criticar al Estado, la capacidad de movilizarse y organizarse independientemente del Estado; y la otra, la igualdad, el hecho de que todos los ciudadanos sean iguales, que la ley trate con ecuanimidad y respeto en términos individuales a todos y que cada uno tenga el mismo valor dentro del sistema político. Estas dos herencias no pueden coexistir dentro del marco financiero de las campañas electorales. Si uno quiere tener igualdad, el Estado tiene que hacer algo para igualar las condiciones de los ciudadanos. Tiene que asumir la responsabilidad del financiamiento o tiene que tener un sistema de regulación que inhiba la transmisión de la desigualdad financiera a la política. Si uno se pone, como lo hacemos en los Estados Unidos, sobre todo del lado de la libertad, de repente hay un problema serio de desigualdad. Tuvimos un fallo muy importante de la Corte Suprema el año pasado que se fue tanto al lado de la libertad que incluso dijo que las sociedades anónimas y los sindicatos tienen derechos de libre expresión y asumió que el Estado no tiene derecho de igualar todas las condiciones de los ciudadanos en el marco político. La realidad es que si yo quiero gastar un millón de dólares en avisar al público de mi condición de candidato o idea y tengo una posición política que quiero transmitir a la población, si el Estado me dice que no se pueden usar los fondos privados, viola mi libertad. Sin embargo, hay algunas razones válidas por las cuales es importante decir que "no", por ejemplo, si yo quiero usar eso para comprar a un político o congresista que me va a entregar un contrato con el Estado una vez que llegue al poder. Esas son las tensiones.

-Antes de terminar, ¿qué opina de los piquetes y de la protesta social como forma de libertad de expresión?

-La manifestación, cualquiera sea su motivo, merece la protección más estricta, pero en los Estados Unidos jamás, jamás permitiríamos que 40 personas bloqueen el Congreso. Como decía John Stuart Mill, "la libertad de uno termina cuando empieza la del otro". Las manifestaciones merecen protección, pero al mismo tiempo un gobierno tiene que mantener el orden y garantizar el funcionamiento de la ciudad. Nosotros regulamos el tiempo, lugar y manera de expresión sin intervención alguna en el contenido o razón de la protesta.

MANO A MANO

Samuel Issacharoff habla perfecto español, aunque con acento "gringo". Es demócrata de toda la vida y celebra el avance de los juicios contra militares en la Argentina, en los que participó al inicio, así como la renovación de la Corte Suprema que impulsó el ex presidente Néstor Kirchner. "Entiendo que la Corte tiene ahora mejores jueces que en el pasado y que están más dispuestos a tomar decisiones que limiten a los otros poderes", dice.

Cree que las Constituciones son principalmente la garantía de las minorías de que sus derechos no van a ser vulnerados por los poderes mayoritarios (el Poder Ejecutivo y el Legislativo) y, por eso, pondera que en la última década los jueces argentinos hayan intervenido más en casos de derechos colectivos vinculados con políticas públicas.

Cumple casi a la perfección con el estereotipo de profesor e investigador full time: habla pausado, es reflexivo, repite sus ideas, utiliza ejemplos y evita las simplificaciones y las afirmaciones categóricas.

Estuvo en Buenos Aires como profesor visitante del Seminario Global de Derecho de la Universidad de San Andrés. Trató temas vinculados con la organización y regulación del sistema democrático y, más generalmente, con la interpretación de las Constituciones, con particular énfasis en dos tópicos: la importancia de la libertad de expresión en un sistema democrático y el problema de la tensión entre dinero, libertad e igualdad en la regulación del financiamiento de las campañas electorales..

Laura Zommer Para LA NACION
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