El juicio oral contra Lucila Frend por el asesinato de su amiga Solange Grabenheimer desafía la premisa de que en un proceso judicial hay vencedores y vencidos: en este caso nadie puede haber ganado nada.
El caso desnuda graves falencias en el sistema de persecución penal, más relacionadas con las personas que con los procedimientos. Un sistema en el que se mezclan la falta de elementos y la inmensa acumulación de causas con la indolencia y la impericia de los investigadores policiales y judiciales.
Eso profundiza la desconfianza de la sociedad en que el Estado sea capaz de llegar a la verdad mediante un proceso penal en el que todas las partes -el imputado y los damnificados- son tratadas con imparcialidad, respeto y garantías constitucionales.
A falta de testigos y pruebas incriminatorias directas, el papel de la ciencia forense era crucial en el caso; era clave determinar la data de la muerte con la máxima aproximación para establecer con el mayor grado de probabilidad si la acusada, que convivía con la víctima, pudo haber estado en la escena del crimen a la hora del asesinato.
Para determinar eso, los peritos hicieron casi todo mal: o no tenían los elementos que debían tener o, peor aún, realizaron mal pruebas rutinarias.
Eso pudo haber sido simple impericia. Pero este caso mostró falencias más graves. Hay al menos dos situaciones que permiten entrever un direccionamiento en la acusación. Un perito forense de Homicidios de la policía bonaerense sugirió, al declarar en el juicio, que el fiscal había desestimado evaluaciones que conducían las sospechas lejos de Lucila.
Peor aún es lo que se vislumbra del video de la reconstrucción del hecho, ampliamente difundido por televisión: Lucila, convocada como testigo, fue "empujada" a montarse sobre la modelo que hacía de víctima y a practicar los movimientos que, presuntamente, había hecho el asesino. Quizá los investigadores la llevaron a cumplir con ese papel para "quebrarla" y hacerle confesar el crimen. Curioso es que, en esa ocasión en que la obligaron a hacer de "asesina", Lucila debió ahorcar a la falsa Solange; más adelante se supo que, en verdad, la muerte fue producto de heridas cortantes, no de ahorcamiento.
Ese direccionamiento, que se ha visto ya en otros casos (un ejemplo, el homicidio de Nora Dalmasso con "el perejil", el pintor Gastón Zárate), es una deformación de la persecución penal. Cuando el Código bonaerense introdujo la novedad del sistema acusatorio, una de las premisas era terminar con el manejo discrecional de las investigaciones por parte de la policía, manejo que le permitía "inventar" culpables, si fuera necesario.
No son pocos los fiscales que, en la actualidad, olvidan que el papel de acusador no exime de los principios de legalidad e imparcialidad y que el objetivo de la persecución penal es identificar "al" culpable y no a "un" culpable, que no se pueden forzar los indicios en pos de hacer encajar a un sospechoso en los hechos.
Además de las lógicas pasiones que movilizó, el caso Solange enfatizó una cultura acusatoria más emparentada con la venganza que con la verdad, instalada ya en la sociedad y reflejada en medios de comunicación. Una cultura a contramano de lo que reza la Constitución, que es que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio.
En ese contexto, la incomprensiblemente extensa duración de los procesos termina por destrozar tanto a las familias de las víctimas como a las de los acusados. Tanto se ha dicho que es probable que esta absolución no alcance para que Lucila pueda sacarse de encima la culpa que, hasta ahora, nadie ha podido demostrar..
