Es inadmisible en una sociedad democrática que un grupo intente silenciar a otro en forma violenta por no coincidir con su opinión o por responder a otra línea política. En este caso, se trató de la diputada Margarita Stolbizer, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, vil y cobardemente perseguida por militantes kirchneristas en la localidad de Azul. Esta agresión contra Stolbizer es otra prueba de la intolerancia transmitida por el gobierno nacional, que pretende implantar un discurso único de la peor raíz totalitaria.
Los agresores de Stolbizer, candidata por el Frente Amplio Progresista (FAP), le arrojaron un botellazo y la persiguieron hasta el hotel en el que estaba alojada. En una localidad como Azul, donde la mayoría de la gente conserva la sana costumbre de conocerse, hechos de esa magnitud no tenían precedente y, desde luego, no deben repetirse.
La diputada Stolbizer estaba con el intendente de Azul, Omar Duclós, candidato a diputado nacional; la diputada nacional Victoria Donda (Libres del Sur), y los legisladores bonaerenses Jaime Linares (GEN) y Sebastián Cinquerrui (ex Coalición Cívica). Los agresores iban a un acto del postulante a vicegobernador por el PJ, Gabriel Mariotto.
El gobierno de Daniel Scioli se solidarizó con Stolbizer, quien denunció que los móviles policiales que iban con los militantes kirchneristas no hicieron nada para evitar las agresiones. Ni desde la Presidencia de la Nación ni desde ninguno de sus ministerios hubo un pronunciamiento claro sobre esta nueva mancha a la democracia, más allá de que afortunadamente el incidente no haya pasado a mayores.
No es posible que ganen la calle de este modo la juventud sindical, que lidera Facundo Moyano, hijo del secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT); Hugo Moyano, y La Cámpora, dirigida por Máximo Kirchner.
En una campaña electoral como la actual, es lógico que los candidatos recorran el país en busca de votos. Y es lógico, también, que expongan sus puntos de vista en abierta confrontación con las políticas que, desde los cargos que esperan ocupar, pretenden cambiar. Hechos de esta naturaleza provocan temores que no deberían existir en una sociedad que debería ser un ejemplo de libertad y respeto.
No es una novedad que, desde la intimidad del gobierno nacional, cada situación adversa, como la derrota en las elecciones de la Capital Federal o el resultado negativo de los exámenes de ADN de Felipe y Marcela Noble Herrera, es vista como una suerte de conspiración en su contra. Esta crispación se ha instalado, lamentablemente, en una sociedad que, según ese absurdo discurso, se ve en ocasiones en la disyuntiva de "estar con nosotros o contra nosotros".
Ninguna sociedad puede vivir en un ambiente de guerra permanente. La Argentina está inmersa desde 2003 en la revancha y el odio contra aquello que el Gobierno elige cada mañana como blanco. Si ayer fueron el campo, los medios independientes y los militares, hoy pueden ser la oposición y el Banco Nacional de Datos Genéticos y mañana puede ser cualquier otro sector de la vida nacional o, incluso, alguna persona en particular. Le tocó ahora a una mujer digna de respeto como la diputada Stolbizer, se piense como ella o no. Puede tocarle incluso a algún candidato oficialista porque, al fin y al cabo, el clima enrarecido es capaz de llevar a cualquiera a vulnerar los límites de la convivencia.
Es necesario, como ha ocurrido en otras ocasiones y como hemos recomendado siempre desde esta columna editorial, que la Presidenta asuma que no gobierna para una fracción o un sector determinado y que, en lugar de insistir en convocar a los fantasmas del resentimiento, debería hacerse valer como prenda de unidad nacional. De nada vale revisar la historia con interpretaciones disparatadas ni evaluar resultados electorales negativos como si fueran positivos. La mayoría de los argentinos, incluidos sus propios adeptos, anhela cordura y paz social, sobre todo en un año signado por las elecciones generales.
Hechos vergonzosos como el padecido por Stolbizer en Azul no deben repetirse en ningún rincón de la República. Debería ser el Gobierno, con su flamante Ministerio de Seguridad, el principal interesado en averiguar quiénes han sido los responsables de ese atropello, detenerlos y juzgarlos como corresponde, de modo de asegurarle al pueblo en su conjunto que la libertad de expresión, vital en todo acto político, está garantizada por las autoridades. De lo contrario, la intolerancia seguirá amenazando a todo aquel que opine distinto. Es otra clara señal del resurgimiento de un autoritarismo que el gobierno nacional se empeña en alimentar día tras día..
