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Editorial II

Ley de obesidad, aún sin reglamentar

Opinión

Al no haberse implementado la norma que contempla su prevención y tratamiento, la enfermedad crece en la Argentina

LA obesidad se ha convertido en una enfermedad epidémica en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define justamente como "la enfermedad epidémica no transmisible más grande del mundo", con consecuencias que pueden llegar a ser "catastróficas" y que "profundizarán las inequidades sociales".

Sin embargo, en la Argentina, a pesar de que ya han transcurrido tres años de la sanción de la ley de obesidad, ésta todavía no ha sido reglamentada. Paralelamente, casi en ese mismo tiempo, la enfermedad creció y ha pasado de afectar al 14,6 por ciento de la población al actual 18 por ciento; además, poco más de la mitad de los argentinos, el 53,4 por ciento, tiene exceso de peso.

El panorama local para la prevención y el tratamiento de esta enfermedad se presenta así bastante desequilibrado. Al crecimiento de la inactividad física entre adultos y también entre niños y adolescentes, el conocido sedentarismo, se corresponde en estos últimos con una baja ingesta de frutas y verduras, lo que da como resultado mayor sobrepeso y hasta obesidad en los menores, que presentan incluso índices altos de colesterol y de glucemia, impensables en otras épocas en esas franjas etarias.

La ley de obesidad sancionada por el Congreso argentino reconoce la gravedad de la enfermedad y dispone que debe ser cubierta por el plan médico obligatorio (PMO) por obras sociales y prepagas, lo que implica la cobertura de tratamientos ambulatorios y quirúrgicos. Pero al no haberse reglamentado, esa aplicación es parcial, y se cumple a medias o directamente no se cumple.

Ante esta demora, algunas provincias han tratado de enfrentar el problema con una legislación propia, como es el caso de Mendoza, cuya ley es de 2007. En ella se determina que es el Estado el que debe hacerse cargo de la promoción, prevención, asistencia y rehabilitación de pacientes con esta enfermedad, para lo cual se creó una estructura de asistencia, la Red Hospitalaria de Obesidad provincial, que ya brindó atención a 1000 pacientes.

La misma situación crítica se repite en el resto de las provincias; en algunas, como Santa Cruz, el índice de sobrepeso en la población es incluso superior al nacional, y en Santa Fe y en Córdoba empieza a crecer el índice de sobrepeso infantil de una manera alarmante.

En la ciudad de Buenos Aires, debido a los problemas detectados en numerosos alumnos, primarios y secundarios, de sobrepeso y obesidad, el año pasado, y con el acuerdo de los distintos bloques partidarios, la Legislatura aprobó una ley según la cual, dentro de los colegios porteños, públicos o privados, los alimentos y bebidas que se expendan en quioscos, cantinas o bufetes deberán ser saludables y variados.

Por más efectivas que sean las medidas que llevan adelante algunos gobiernos provinciales, su alcance será siempre parcial, ya que no responde a una política sanitaria para todo el país. Lo paradójico es que la Argentina sí cuenta con una ley nacional de obesidad, por otra parte, ampliamente inclusiva: en su artículo 2 especifica que alcanza no sólo a la obesidad sino también a trastornos alimentarios como la bulimia y la anorexia nerviosa.

No se trata entonces de exigir que se reglamente la ley, como corresponde, sino que definitivamente se implementen políticas sanitarias coordinadas entre los ministerios de Salud, de Desarrollo Social y de Educación para que la salud de los argentinos sea un tema prioritario desde el Estado y, también, desde la sociedad misma que, como todavía no ha comprendido el valor de cuidarse, no reclama..

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