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El resultado de privatizar la acción social

Carlos Pagni

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LA NACION
Sábado 06 de agosto de 2011
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Cristina Kirchner respondió al caos social de Jujuy simulando que no tiene nada que ver con ella. Es su estrategia ante la adversidad. Sin embargo, los sucesos de esa provincia tienen una genética y un desarrollo que vuelven imposible ese aislamiento imaginario. La crisis estalló en el seno de su sistema de poder. La Presidenta pretende que hasta las primarias del 14 de agosto nadie la relacione con la escena. Pero con ese capricho atiza el fuego, que ayer se insinuó en Tucumán. En algún momento ella no tendrá más remedio que pensar en los jujeños. Aunque más no sea, en defensa propia. Por ahora aprovecha la colaboración de los demás candidatos presidenciales, que tampoco quieren chamuscarse con aquel incendio.

La ocupación de terrenos en Libertador General San Martín, organizada por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), no fue ajena al contexto político local. Cuanto más se indaga en los dirigentes de la zona, más indicios aparecen de que ese episodio contó si no con la inspiración por lo menos con la negligente complicidad de un sector del Frente para la Victoria.

El de Jujuy es uno de los kirchnerismos provinciales con mayor inserción en el aparato nacional. La conducción está en manos de Eduardo Fellner; desde la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación ejerce el poder real en el distrito. La jefatura del gobernador Walter Barrionuevo fue accidental: nació en 2006, cuando los Kirchner prohibieron las reelecciones, después de la derrota frente al obispo Joaquín Piña en Misiones. El senador y empresario televisivo Guillermo Jenefes completa el cuadro de gobierno de Jujuy, a pesar de que la Presidenta lo excluyó de sus oraciones hace dos años por su ambivalencia ante la ley de medios.

El gerente electoral del kirchnerismo Juan Carlos Mazzón es la valencia entre Fellner y la Casa Rosada. Pero también Alicia Kirchner interviene en la política jujeña, a través de los recursos que deriva a su ahijada, Milagro Sala. Fellner y Barrionuevo cultivan y halagan a la cuñada presidencial a pesar de que -o a raíz de que- ella alimenta a una dirigente que ellos no controlan y que un día se les puede tornar adversa. Para hostigar a Sala, el gobierno jujeño quiso aprovechar las catilinarias del radical Gerardo Morales, interlocutor más que razonable del oficialismo local.

El trío de Fellner, Barrionuevo y Jenefes convive en el PJ con una variante divergente. La conducen el vicegobernador y candidato a intendente de San Salvador, Pedro Segura; el candidato a diputado Rubén Rivarola y el intendente de Libertador, Jorge Ale. Ambos sectores acordaron las candidaturas provinciales y nacionales. Pero dejaron cabos sueltos en las intendencias. Uno de ellos es la disputa por Libertador: Ale está enfrentado con José Sacur, hombre de Fellner y Alicia Kirchner.

Las diferencias entre estos dos sectores del PJ se proyectan sobre las organizaciones sociales que actúan en la provincia. Así como Sala está próxima a Fellner, en la gobernación señalan a Rivarola como interlocutor de Enrique Mosquera, el dirigente de la CCC que lideró la ocupación de Libertador. Para las fantasías conspirativas del kirchnerismo la demonización de Rivarola no puede ser más oportuna: está relacionado con Juan Carlos Romero, ex gobernador de Salta y líder del PJ disidente. Romero presta en el Norte los servicios rutinarios de Eduardo Duhalde, genio maligno de la paranoia oficial. Un problema: la boleta de Rivarola irá pegada a la de Cristina Kirchner.

El clasista y combativo Mosquera se queja de que el Gobierno haya dado el monopolio de su política de viviendas a Sala. Estas rivalidades alimentan hoy en Jujuy una tesis: la chispa del incendio saltó de una puja entre peronistas que menospreciaron las consecuencias de lo que estaban, si no provocando, por lo menos tolerando. Esta explicación se alimenta en un detalle: el intendente Ale alentó en un comienzo las ocupaciones al anunciar que a los que intrusos les darían agua y electricidad.

El kirchnerismo reproduce en esa ciudad su comportamiento en el parque Indoamericano. Cuando se produjeron las muertes, Barrionuevo retiró la policía y le echó la culpa a otro: el personal de seguridad de la empresa Ledesma. Pero anteayer el jefe del operativo policial de aquel día, comisario Néstor Vega, declaró en la Legislatura que los vigiladores de la azucarera no estuvieron en el procedimiento. Igual Barrionuevo ya había removido a las autoridades policiales, inculpándolas. Igual que Cristina Kirchner con la cúpula de la Federal, por el desastre de Soldati.

Como en el Indoamericano, la Presidenta y Nilda Garré se resisten a enviar la Gendarmería a Jujuy. Suponen que así se sustraen, en plena campaña, de lo que pasa en la provincia. Es la receta que el Gobierno adoptó cuando la CCC lo desafió con la toma de Kraft, en 2009. Todo se repite: en el Norte aparecieron las mismas armas que esa agrupación habría usado en el conurbano.

Fellner ratificó ayer el retiro del aparato de seguridad. Dijo, bordeando el humor negro, que la señora de Kirchner le pidió que los jujeños resolvieran su conflicto dialogando. Después admitió que la provincia era un caos. Tiene razón: las ocupaciones se extendieron en localidades donde hay grandes empresas (Puesto Viejo, asiento de la cementera Minetti, o San Pedro, donde funciona el ingenio La Esperanza). Fellner disimuló ser el jefe político de la provincia.

Frente al desborde jujeño aparece la misma inclinación demagógica que el kirchnerismo exhibió en el Indoamericano. En diciembre, Aníbal Fernández exigía a Mauricio Macri que disolviera el conflicto regalando casas. Anteanoche, la Legislatura jujeña estableció dos premios para los que avancen sobre la propiedad privada. Con una ley expropió 40 hectáreas de Ledesma. Con otra norma prometió un lote a todo aquel que acredite que vive en la provincia y que carece de un terreno. Las medidas desataron un éxodo jujeño, a contramano del histórico.

Los radicales comienzan a temer que lo que al comienzo fue una reacción contraproducente, hija del pánico, se esté transformando en un jubileo inmobiliario del candidato Fellner. No sería raro: en 1989 el peronismo ganó muchos votos repartiendo las tierras que habían sido tomadas en Alto Comedero, uno de los parajes preferidos de Milagro Sala.

Esta estrategia de promoción humana lleva también la marca del oficialismo, que paga el costo de uno de sus vicios: la privatización de la acción social y, en especial, de la relacionada con viviendas. Es una deformación de la que Cristina Kirchner debe avergonzarse en el escándalo Bonafini/Schoklender, y que se repite en Jujuy. El Estado kirchnerista renunció a ofrecer a los desamparados programas universales e igualitarios. En el Norte, el nombre de esa renuncia es Milagro Sala. Una de sus consecuencias, la movilización violenta de la CCC. Su estigma, la degradación de la lucha contra la pobreza en una política facciosa.

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