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La prensa y la Justicia, en la mira del poder

Opinión

Es más lo que se insinúa que lo que se dice. La versión anda, merodea y corre desde el lunes posterior a la victoria kirchnerista. Dice que los próximos objetivos por batir del Gobierno serían, ahora más que nunca, el periodismo independiente y algunas, pocas, instancias judiciales. Cristina Kirchner no habla de eso en público; lo hacen los que la oyen en la intimidad. La Presidenta sólo sigue el plan elemental de cualquier candidato que se encamina hacia un triunfo. Nunca se cambia la fórmula de un éxito ni se espanta a nadie antes de elecciones definitivas. En el espacio subterráneo del oficialismo, allí donde no llega la mirada de la gente común, se proyectan nuevas batallas. Se habla de una guerra inconclusa contra el periodismo, que debe resolverse con otra victoria.

Algunos kirchneristas han sido sinceros. Hay que agradecerles, aunque sólo sea por eso. Héctor Timerman, el provocador canciller argentino, le dijo a un diario uruguayo que La Nacion pasó de tratar a Ricardo Alfonsín como un estadista a criticarlo después del 14 de agosto. Es casi una calumnia, difundida sólo para dañar. ¿Qué día y en qué pagina de este diario leyó el canciller un elogio de esa dimensión al candidato radical? El problema no es lo que dice Timerman, sino la presunción de que lo dice sólo para agradar a su presidenta.

Florencio Randazzo, ministro del Interior, no es Timerman. Nunca lo fue. Randazzo es un político experimentado; Timerman es un recién llegado. El jefe de la cartera política culpó, otra vez, a La Nacion y a Clarín por haber publicado las denuncias de la oposición sobre irregularidades en los comicios del penúltimo domingo. Esos diarios se prestan a operaciones de la oposición y faltan a la verdad. La Presidenta ganó por 8 millones de votos , se despachó. ¿El triunfo del oficialismo condenaría a la oposición al ostracismo y obligaría a los diarios a silenciarla?

El conflicto no consiste en su publicación por los diarios. Las denuncias de la oposición fueron avaladas, parcial o totalmente, con más o con menos severidad, por dos importantes jueces electorales del país, María Servini de Cubría, de la Capital, y Manuel Blanco, de la provincia de Buenos Aires. Estaban juzgando la transparencia de las elecciones, la columna más básica e imprescindible de la democracia. Blanco lo desmintió directamente a Randazzo. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, moderó las críticas. Se trataba, en todo caso, de una polémica entre el oficialismo y la oposición, que la Justicia deberá saldar en algún momento. La prensa cumplió con su deber de informar sobre la grave discordia. Randazzo no lo entendió así.

Entendió que el principal problema fue que la prensa publicó la denuncia opositora. La victoria, entonces, otorga derechos al Gobierno que antes el Gobierno no tenía. Si las minorías hubiesen sido siempre condenadas al silencio, la entonces senadora y diputada Cristina Kirchner nunca habría tenido la posibilidad de exponer sus ideas durante el menemismo, cuando fue expulsada de los triunfantes bloques oficialistas. Ella perdía todas las votaciones parlamentarias, pero tenía derecho a expresarse, a denunciar y a sobrevivir en la política. El mismo derecho que tienen sus actuales opositores.

¿Qué habría sido del propio menemismo si la prensa no hubiera insistido, a pesar de los aplastantes triunfos electorales del oficialismo de entonces, en las denuncias de corrupción? ¿Qué habría sido del caso Watergate en los Estados Unidos si el Washington Post hubiera callado sus investigaciones después de la exitosa reelección de Nixon?

Las mayorías circunstanciales no tienen toda la razón; tienen sus propias razones, que son comprensibles. ¿El periodismo debería olvidar ahora que existió y existe el caso Schoklender, que revela el mal uso de fondos públicos estimados en unos 300 millones de dólares? ¿Debería esconder que la Presidenta, algunos ministros y otros funcionarios consiguieron en un año, según sus propias declaraciones juradas, enormes porcentajes de incrementos patrimoniales, que el "capital concentrado" o las "empresas hegemónicas" sólo podrían lograrlo durante un lustro o una década? ¿Publicar esas conquistas financieras es una "operación berreta" de La Nacion y Clarín, como descalificó Amado Boudou? ¿La prensa debería ocultar los crecientes problemas de inseguridad o el arbitrario manejo de los recursos estatales?

Las preguntas interpelan al poder y a la sociedad. ¿A qué se reduciría, en tal caso, el papel del periodismo? ¿Quiere la sociedad, incluido un sector importante que votó por Cristina Kirchner, una prensa obediente y disciplinada? El compromiso del periodismo con su profesión es más largo que un período de triunfos oficialistas, y sus razones para existir son más profundas que una noche de algarabía política.

Aquellos errores verbales de Randazzo no son lo más grave que pasó. Gabriel Mariotto, titular de la autoridad audiovisual, pidió al día siguiente de la victoria que un juez apurara la cláusula de desinversión de la ley de medios. Era una presión pública e indebida sobre la Justicia. Se desdijo en el acto: pensó que el 15 de agosto era el 24 de octubre. El Gobierno le hizo saber que aún debe atravesar el crucial domingo 23 de octubre y le ordenó que se rectificase.

Hace pocos días, un cercano colaborador de Mariotto les dijo a periodistas del exterior que el Gobierno irá ahora hasta el final para aplicar todos los artículos de la ley de medios. Hay artículos que están suspendidos por la Justicia. El funcionario kirchnerista razonó que la votación del 14 de agosto le dio legitimidad al Gobierno para hacer eso. Es la arrogancia de la victoria.

La Comisión Nacional de Valores y Guillermo Moreno presionan todas las semanas sobre Papel Prensa. La futura composición del Congreso podría apurar una intervención judicial, legislativa o del propio Ejecutivo en la principal empresa productora de papel para diarios. Ese rumor sale de bocas kirchneristas. La Nacion y Clarín, sus dueños privados, deberían ir, entonces, a suplicarle a Moreno por una cuota de papel para imprimir sus noticias y sus opiniones. El Gobierno podría exigirle a Papel del Tucumán que cumpla con su compromiso inicial de producir papel para diarios, pero siempre chocará con el mismo problema: nunca habrá una fábrica de papel sustentable en la Argentina si La Nacion y Clarín no están entre sus clientes. El círculo se cierra sobre los mismos diarios y sobre los mismos afanes.

También una intervención podría caer sobre Cablevisión, del Grupo Clarín, si progresara el proyecto de Mariotto de crear falsas sanciones graves, enmarcadas en la reglamentación de la ley de medios y no en la ley. Intervención o cancelación de la licencia. Es otro proyecto que prepara el kirchnerismo. La guerra, en efecto, no ha cesado; su objetivo último es disciplinar a los dos grandes diarios para disciplinar a todo el periodismo nacional.

Los tribunales inferiores de la Justicia, para peor, están abrumados por el temor desde la noche del triunfo oficialista. Muchos jueces quieren llegar cuanto antes, y primeros, para agradar al poder. No temen ser colonizados; quieren ser colonizados. La Corte Suprema de Justicia es otra cosa. La inquieta más un país sin oposición. Los máximos jueces del país intuyen que ahora ellos serán tomados como bastiones opositores por los gobernantes o que la oposición podría usarlos como baluartes propios. Seguiremos siendo sólo una instancia de equilibrio institucional , dijo, preocupado, uno de esos jueces de la Corte.

La prensa es más frágil que la Corte, pero tan necesaria como la Justicia. El control del periodismo por parte del poder político es un camino trágico, que termina siempre en el control de la libertad..

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