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La persecución a Jaime Smart

Es de esperar que en los juicios contra funcionarios civiles del gobierno militar prevalezcan la equidad y la objetividad

Viernes 23 de septiembre de 2011
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Han transcurrido ya más de tres años desde que el doctor Jaime Smart ha sido privado de su libertad sin que haya podido demostrarse hasta ahora su responsabilidad en los hechos que se le imputan. El 12 del actual comenzó a ser juzgado en La Plata, junto con otros acusados, por supuestos delitos de lesa humanidad cometidos durante la lucha antisubversiva en la provincia de Buenos Aires. El juzgamiento, a cargo del Tribunal Oral Criminal I de La Plata, está en la etapa de la lectura de las acusaciones para cumplir con los requerimientos de elevación a juicio. La razón alegada para el enjuiciamiento es haber desempeñado el cargo de ministro de Gobierno de la provincia entre 1976 y 1979. Se trata por lo tanto de la incorporación de un funcionario civil dentro del marco de acusaciones sobre delitos en acciones militares y de las fuerzas de seguridad en la lucha antisubversiva.

La asignación de responsabilidades en la represión de las organizaciones guerrilleras fue establecida durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón en 1975, cuando ordenó a las Fuerzas Armadas aniquilar la acción subversiva. Desde ese año, las fuerzas de seguridad y penitenciarias quedaron a tal efecto subordinadas al mando militar mientras conservaban, para las actividades de prevención de delitos y detenciones ordinarias, las competencias habituales.

Los procedimientos llevados a cabo en el marco de la lucha contra el terrorismo se realizaban en el más absoluto secreto para los funcionarios civiles de los gobiernos nacional y provinciales. Esto quedó claramente acreditado en varios tramos de la sentencia emitida en el juicio contra los comandantes de las Fuerzas Armadas. La Corte Suprema de Justicia, al entender en los recursos extraordinarios deducidos por los condenados en la causa Nº 44

85, en la que se juzgó a la policía bonaerense, concluyó que "la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a partir de marzo de 1976, estuvo bajo las órdenes directas del comandante del Primer Cuerpo de Ejército, ya que tenía un ámbito de acción propio en la lucha antisubversiva". En reafirmación del propósito de desvincular de las acciones militares la administración del gobierno, en 1976, la junta militar dejó al presidente de la Nación la responsabilidad de nombrar gobernadores con una sola excepción: la provincia de Tucumán, considerada en guerra, en la cual fue nombrado gobernador el jefe del Cuerpo de Ejército con competencia en dicha provincia.

A pesar de estas constancias, Jaime Smart es acusado de ser responsable, en su condición de ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, de las acciones de la policía provincial contra la guerrilla terrorista. Para poder hacerlo, 35 años después, no sólo se desconoce que fue ajeno a los hechos, sino que también se violentaron los principios básicos de la justicia como el de legalidad e irretroactividad de la ley penal.

El doctor Smart tiene un ganado prestigio por sus condiciones personales y profesionales. En sus primeros años como abogado, se desempeñó en el Poder Judicial y, a comienzos de los años setenta, se incorporó a la Cámara Federal Penal de la Nación, que juzgó a miembros de los grupos terroristas que asolaban al país. Las garantías de la defensa en juicio fueron entonces aseguradas y varios condenados por aquella cámara recuerdan la extrema preocupación personal de Smart porque así fuera. La historia posterior es conocida. El primer acto del presidente Cámpora en mayo de 1973 fue la amnistía y la liberación de los condenados y la supresión de la Cámara Federal Penal. El juez Jorge Quiroga, que la integraba, pagó aquella actividad con su vida. Otros sufrieron atentados o recibieron amenazas de muerte y debieron ausentarse del país. Uno de ellos fue Smart.

Queda confiar en que se haga justicia y que se disponga el cese de la actual situación del doctor Smart. De lo contrario, no podrá evitarse que muchos entiendan que casi cuarenta años después, por su actuación en la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, Smart sea perseguido por un gobierno en el que algunos ex terroristas hoy se enseñorean en importantes puestos.

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