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Dos hemorragias que pueden frenarse

Miércoles 26 de octubre de 2011
LA NACION
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Las muertes originadas por accidentes viales y ferroviarios pueden ser evitadas en su gran mayoría. Pero pareciera que fuese más divertido hablar y lamentarse que imponer la solución.

Sobre esto discutí largo con Guillermo Laura, quien fogonea la ley Promitt (ver www.autopistasinteligentes.org ). Esta ley pondría en marcha una sencilla política de Estado que volcaría enormes beneficios a nuestro país al disminuir notablemente dos hemorragias: las muertes por accidentes de ruta y tren, y el desparramo de una fantástica suma de dinero (el impuesto al combustible) que ahora se extravía por túneles inciertos, como el de las viviendas Schoklender, que también se nutrieron de ese impuesto.

Sobre el asunto ya publiqué artículos y hubo un editorial de LA NACION. Vuelvo al tema porque avergüenza la inexplicable demora del Congreso en aplicarse a discutir un proyecto que le fue enviado en el año 1998 (¡hace 13 años!). Un proyecto que ya fue respaldado unánimemente por legislaturas provinciales, municipales y por el Cimop (Consejo Interprovincial de Ministerios de Obras Públicas), además de ser reclamado por numerosas organizaciones sociales. Pero? ¡sigue cajoneado! En ese tiempo ya se hubiera podido completar una fabulosa red nacional de autopistas y rehabilitar nuestros ferrocarriles, para conectar la integridad del país. Sin aportes del Estado: eso es lo novedoso. ¡Y es lo que asusta! Nos paraliza el prejuicio de que las grandes obras deben ser realizadas por el Estado, cuando la realidad nos muestra que el Estado muchas veces es el responsable de despilfarros, desvíos y frustración.

Me explico.

Se trata de desarrollar verdaderas autopistas, como las que se iniciaron en Alemania y luego se construyeron en Estados Unidos y en China. Urge cambiar el sistema actual, basado en el pago de peaje, que ya cumplió veinte años de vigencia y no ha parido un solo kilómetro de autopista o de autovía. Nada de nada. En la última década se contrataron -¡y publicitaron!- siete autopistas por peaje y todas fracasaron. Patético.

La pregunta del millón: ¿cómo se pagaría la nueva y maravillosa red de autopistas y rehabilitación ferroviaria? Sin aportes presupuestarios del Estado -es la clave-, sin concesiones a los amigos, sin retornos ni extorsiones, sin corrupción ni zigzagueos burocráticos, que son los demonios de nuestra cotidianidad. Lo asombroso consiste en que los recursos sobran, pero no son utilizados debidamente porque intereses perversos quieren eternizar negocios que no bendicen al país. Fíjense: los usuarios pagamos 4000 millones de dólares anuales como impuesto al combustible. Ese impuesto fue establecido en 1932 por la ley de vialidad, que determinaba un único destino: ampliar y mejorar la red de caminos. Cuatro mil millones son mucho dinero y alcanzan para pagar al contado 2000 kilómetros de autopistas anuales. En diez años se podrían terminar 20.000 kilómetros, más de lo que propone el Promitt. Es horrible el contraste de ese dato con este otro: la única autopista relevante que se inauguró luego de 19 años, apenas la que une Rosario y Córdoba, sólo cubre 400 kilómetros y ya tiene baches.

El Promitt es tan simple que lo deja a uno perplejo. Esto lo hace parecer una utopía. Pero no lo es. Se basa en cambiar un modelo de gestión crónico y fallido, adaptándolo a otros tipos de servicios como el teléfono, la luz y el gas. ¿Cómo? No abonando estos servicios por adelantado, contra una promesa incierta. Se abona por un servicio que ya esté a disposición. Los argentinos cometemos el absurdo de pagar por adelantado autopistas que alguna vez -o nunca- se realizarán. Se recauda una suma fantástica como impuesto al combustible y no se lo aplica al objetivo para el que fue creado. Esos millones terminan en manos de funcionarios que lo reparten entre amigos, por lo tanto inmunes en el momento de rendir cuentas. Uno de los ejemplos resonantes de los últimos años es el caso Jaime, que, entre otros desfalcos, compró vagones-chatarra a España.

Por eso la ley Promitt establece una relación directa entre los empresarios que construyen primero las autopistas con su propia plata, y los usuarios que pagan después la tarifa en forma directa, sin intermediarios.

Analicemos otro caso para comprender mejor. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los 8500 millones de dólares que facturan el teléfono y el cable pasaran al Ministerio de Planificación para que su burocracia se encargase de pagar a los prestadores? Pues nos quedaríamos sin esos servicios en corto tiempo. Esto es lo que se hace con los 4000 millones de dólares que se recauda en concepto de impuesto a los combustibles. En un caso, los usuarios pagan a los propietarios obligados a brindar un servicio, y en otro, pagamos al Estado que no se acuerda del servicio. Por eso existen unos 52 millones de teléfonos y carecemos de una infraestructura vial moderna. La telefonía celular implica alta tecnología, mientras que en las carreteras se aplica una ingeniería básica. Pero hacer lo difícil y emperrarnos contra lo fácil es parte de nuestra locura.

Dicho de otro modo, la ley Promitt estipula que será obligatorio habilitar la obra y recién después pagarla, como ocurre con los demás servicios públicos. Esta es la más eficaz protección: primero, las obras; después, el pago. Los tiempos de construcción se aceleran y se optimiza la calidad, porque los empresarios quieren cobrar cuanto antes (apurarán los trabajos) y luego no tener que gastar en mantenimientos innecesarios (usarán mejor material).

Vialidad Nacional viene construyendo autopistas, pero a un ritmo extremadamente lento. En las últimas décadas apenas completa 26 km por año. A este ritmo necesitaremos 440 años para concluir la red de 13.500 kilómetros que necesita la Argentina. El Promitt, en cambio, planifica avanzar a un ritmo de 1350 kilómetros anuales para concluir la red en sólo diez años.

¿Emergerán los estadistas que nuestra nación precisa para terminar con esas terribles hemorragias? ¿La hemorragia de quienes mueren por accidentes viales y la hemorragia de los miles de millones de dólares que se pierden en los laberintos de Schoklender, Jaime y tantos otros?

Pero, a no desesperar. Gradualmente se va consensuando, sobre todo en las provincias, un creciente apoyo a esta política de Estado, que nada tiene que ver con el corto plazo de los populismos. Al margen de banderías partidarias piden al Congreso Nacional un urgente tratamiento de la ley Promitt para construir la infraestructura vial y ferroviaria moderna y eficaz que relanzaría potencialidades latentes de todo el país. Nos queda la esperanza de que terminarán por ser escuchados.

© La Nacion

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