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En busca de un nuevo relato

LA NACION
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Néstor O. Scibona
Domingo 27 de noviembre de 2011
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En el universo kirchnerista es evidente la preocupación por generar un nuevo relato político-económico para la etapa que se abrirá el 10 de diciembre. Esa inquietud resulta explicable: temas tabú hasta las elecciones -como inflación, fuga de capitales, subsidios indiscriminados, déficit de Aerolíneas- pasaron al centro de la escena a raíz de decisiones y anuncios oficiales. De ahí que intelectuales, funcionarios veteranos y jóvenes de La Cámpora, legisladores, medios oficialistas y afines, periodistas "militantes" y organizaciones sociales, se vean obligados ahora a justificar cambios que hasta no hace mucho eran injustificables.

Hasta ahora, el relato oficial se nutrió de los mismos componentes. En los ocho años y medio de gobierno kirchnerista abundaron logros destacables en materia económica y siempre fue posible agitar el fantasma de la lejana crisis de 2001/2002, o a la actual en los países desarrollados, para defender una activa intervención del Estado. El problema básico de ese discurso circular que nunca cambia de eje -tipo "cuento de la buena pipa"- es que pone más énfasis en los éxitos pasados que en cómo sostenerlos sobre bases ahora más endebles. Y que el relato de lo que vendrá no sólo debe ser políticamente "vendible", sino corresponderse con la realidad y hasta con el sentido común para ser creíble. Algo mucho más complicado sin autocrítica ni mención a las distorsiones de arrastre generadas por un gobierno que se heredará a sí mismo.

El extenso discurso de la presidenta Cristina Kirchner en la UIA seguramente será una de las piezas centrales de esa reformulación del relato. Pero no está exento de zonas grises y contradicciones.

Por lo pronto, lo relevante no es que CFK haya aludido inusualmente a la inflación, sino que la justificara como condición del crecimiento económico. Las políticas de metas de inflación desacreditadas por la Presidenta son aplicadas por Brasil y Uruguay, países que, si bien crecieron en los últimos ocho años a un ritmo promedio inferior al de la Argentina, mantienen tasas de un dígito anual que les permiten menores desequilibrios macroeconómicos y mayor margen de maniobra para enfrentar la actual crisis externa. La Argentina, en cambio, viene de cinco años de inflación de dos dígitos anuales, ni siquiera es posible saber su real magnitud con la politización del Indec y no está claro si los actuales niveles (de 22/24%) serán un techo o un piso.

De ahí a suponer que la inflación no será prioridad para CFK a partir de 2012 habría un paso. Pero si esto fuera así, el Gobierno no se habría ocupado de intervenir en el mercado cambiario o en el enorme peso de los subsidios sobre la única porción del gasto público que puede ser reducida. En todo caso, el problema es cómo lo hace.

Del discurso presidencial y el apoyo que recibió en la UIA tras haber defenestrado el proyecto de la CGT de distribuir utilidades por ley, podría deducirse que su opción será por medidas caso por caso para mejorar la competitividad de sectores o empresas a cambio de compromisos de inversión. Pero, en la práctica, ello significaría descartar la alternativa de políticas coordinadas en materia fiscal, monetaria, cambiaria, crediticia, tarifaria y de ingresos con metas prefijadas. La ausencia de este marco de previsibilidad contribuye a acentuar la incertidumbre sobre el tipo de cambio, que en la Argentina se utilizó recurrentemente para licuar desbordes de gasto público y de salarios cuando se complicaba el frente externo. Sin este componente, cualquier intento de pacto social para reducir la indexación de la economía sólo tendría un efecto transitorio sobre las expectativas. Aquí todavía no hay relato sobre cómo bajar -vía menos inflación- los altos costos internos en dólares, que en muchos casos superan a los de la convertibilidad.

Renuncias "voluntarias"

Otro relato, todavía en pañales, se refiere a los insostenibles subsidios estatales en los servicios de luz, gas y agua. La renuncia "voluntaria" de un mes para otro ahora es presentada como un gesto patriótico, después de ocho años durante los cuales los subsidios fueron una indiscriminada, inequitativa y costosa política de Estado, que los llevó desde $ 4700 millones anuales en 2005 hasta 72.000 millones en 2011.

Más allá del show político que significa la adhesión al sistema de varios miles de funcionarios -y el oportunismo de algunos famosos que igual habrán de perderlos- los consumidores de clase media del área metropolitana deberán sacar cuentas.

Por ejemplo, la tarifa de AySA incluye un subsidio de 74% ($ 69 en una factura de 94) que, de eliminarse, implicará un aumento de 217%. En un consumo eléctrico medio (494 MWh), la proporción llega a 66,3% ($ 74 sobre un total de 112) y el aumento, a 213,4%. A su vez, en un consumo alto de gas natural (equivalente a 137 garrafas) el subsidio representa 50% de un monto mucho más alto ($ 528 sobre 1060), que equivaldrá a un alza de casi 100%. En suma, quien paga bimestralmente unos $ 600 en las épocas de mayor consumo (invierno en gas y verano en electricidad) pasará a abonar algo más del doble (112%), o sea 1266 por los tres servicios, que se restarán de otros consumos, sin contar la próxima indexación de impuestos inmobiliarios.

Aun así, esos aumentos no implican alzas en las tarifas de las empresas. Cualquier medida en este sentido implicará incrementos adicionales, aunque selectivos. Tampoco se sabe si serán graduales, ni a qué destinos redireccionará el Gobierno el ahorro fiscal en subsidios.

Si para muchos consumidores ésta es una preocupación, en las empresas el horizonte tampoco está despejado. Nunca aparecen en el relato oficial los aprietes de Guillermo Moreno, ahora extendidos al mercado cambiario al punto de haber instaurado un virtual feriado hasta que mejore la oferta de divisas. Incluso con sugerencias de bancos a clientes pymes para postergar importaciones o pagos externos.

Nadie tampoco se atrevió a cuestionar públicamente el relato que justifica los controles online de la AFIP en la necesidad de evitar la evasión impositiva y el lavado de dinero, después de que US$ 20.000 millones se escurrieran del circuito económico antes de las elecciones. Que se sepa, comprar dólares no es ilegal y el sistema impositivo argentino es de autodeclaración, por lo cual la AFIP debería intervenir para fiscalizar a posteriori la veracidad de los datos de los contribuyentes. Si extendiera el mismo criterio, habría que pedirle permiso para adquirir cualquier cosa. Esto ocurre hace tiempo con el uno a uno de Moreno para equilibrar importaciones de los rubros más diversos -desde autos y motos hasta libros y películas extranjeras- con cualquier tipo de exportación (vinos, maní o arroz).

La ausencia de un nuevo relato tal vez podría cubrirse con la opción de reivindicar a Néstor Kirchner y apuntar gradualmente, aunque no sin costos, a la política de superávits gemelos de su mandato (heredada, en realidad, del tándem Remes-Lavagna) para recuperar equilibrios perdidos. Quizás sea una opción más creíble que condenar al "anarco-capitalismo", para justificar un "anarco-intervencionismo" sin reglas escritas.

nestorscibona@gmail.com

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