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La rectificación del modelo

Domingo 27 de noviembre de 2011
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Aunque ningún funcionario del gobierno nacional lo reconocerá explícitamente, muchos de los últimos gestos de la presidenta de la Nación dan cuenta del agotamiento del modelo económico impuesto por el kirchnerismo y de la necesidad de rectificaciones.

Por primera vez en mucho tiempo, Cristina Fernández de Kirchner mencionó la palabra "inflación". Tal cita, efectuada durante su reciente mensaje en el acto de la Unión Industrial Argentina (UIA), pudo haber provocado más desconcierto que certezas, por cuanto aclaró que a su gobierno le preocupaban las metas de crecimiento y no las metas de inflación.

De ese modo, la jefa del Estado pareció plantear que el crecimiento y la lucha contra la inflación serían objetivos incompatibles. Tal vez debería recordar que durante los primeros años de la gestión presidencial de su esposo, Néstor Kirchner, la Argentina creció sin una inflación significativa.

Dilucidar el sentido del declamado objetivo de la llamada "profundización del modelo" resulta complicado con un gobierno que, en cada acto, se muestra mucho más inquieto por el cortísimo plazo y por el control de la microeconomía, que por el largo plazo y las variables macroeconómicas.

Hay algo irrefutable, sin embargo. Es que las características esenciales que definieron al primer modelo kirchnerista han venido desapareciendo gradualmente en los últimos años. Ni el tipo de cambio competitivo, ni los superávit gemelos, ni la baja inflación nos acompañan en la actualidad.

El equilibrio de las cuentas fiscales sólo ha sido sostenido a costa de transferencias del Banco Central y del fondo de la Anses al Tesoro Nacional, y a costa de la pérdida de reservas para cancelar pagos de la deuda pública. El gasto público ha crecido en los últimos meses a niveles intolerables, entre otras cosas, de la mano del incremento de los subsidios y de las políticas clientelistas en este año electoral, al tiempo que el superávit comercial fue cediendo fortaleza como consecuencia de la pérdida de competitividad internacional de nuestra economía. Por si fuera poco, la inversión extranjera directa se ha visto desalentada por los crecientes síntomas de inseguridad jurídica y de intervencionismo estatal.

Las reservas del Banco Central cayeron en alrededor de 6000 millones de dólares en lo que va de 2011, en tanto que la fuga de capitales proyectada superaría el récord de 2008 y podría acercarse a los 24.000 millones de dólares.

Nada de esto puede ser desconocido por el gobierno nacional. Se trata de inconsistencias de las cuales las actuales autoridades nacionales son responsables y deben empezar a hacerse cargo antes de que la crisis se profundice.

Ha habido recientemente tibias señales de racionalidad, en tal sentido, por parte de la Presidenta de la Nación. El comienzo de la eliminación de algunos subsidios es una medida positiva, más allá de las desprolijidades en su instrumentación. Ciertos gestos en pos de poner orden en Aerolíneas Argentinas también deben ser bienvenidos, aun cuando parezcan insuficientes y quede la sensación de que los desaguisados generados por el kirchnerismo en la empresa aérea reestatizada requerirán para su solución de medidas mucho más drásticas. La desestimación presidencial del proyecto de ley para obligar a las empresas a distribuir sus ganancias entre los trabajadores y el sano consejo de que cuestiones de ese tenor queden para la negociación colectiva también parecen gestos prudentes.

Ninguna de estas decisiones presidenciales, no obstante, puede resultar suficiente para enfrentar el peor de los obstáculos que enfrenta la economía argentina: la erosión de la confianza.

La confirmación de un estilo de gestión que dé cuenta de un poder cada vez más centralizado y discrecional difícilmente pueda devolverles la confianza a los operadores económicos y a buena parte de la población que desde hace un tiempo ve en la moneda norteamericana el mejor refugio frente a su incertidumbre.

Si el Gobierno se empeña en profundizar el dirigismo económico, si un grupo de funcionarios pasan a tener la potestad de decir quiénes pueden comprar dólares y quiénes no; quiénes pueden exportar trigo y quiénes no; quiénes pueden importar y quienes no; quiénes recibirán en adelante subsidios en las tarifas de servicios públicos y quiénes no, y cuáles gremios estarán autorizados a recibir aumentos salariales por encima de lo que el Gobierno considere razonable y cuáles otros no, no habrá chances de recuperar la credibilidad.

La Presidenta no recobrará la confianza de los mercados si no confía en ellos, si no libera las fuerzas productivas capaces de aumentar la oferta de bienes necesaria para combatir genuinamente la inflación, y si no incentiva la inversión y el comercio exterior.

Nuestros gobernantes deberían ofrecer otra clase de señales. En lugar de buscar fortalecerse a los gritos o por medio de su capacidad de intervenir cada vez más en la microeconomía, el Gobierno tendría que consolidar su autoridad por la vía del diálogo, de la seguridad jurídica y de la recuperación de una calidad institucional muchas veces declamada, pero siempre olvidada.

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