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Editorial I

Hacia un grave e inadmisible despojo

Opinión

La democracia recuperada hace 28 años está a las puertas de sufrir un grave retroceso. Desde la confiscación del diario La Prensa en 1951 y la imposición de cuotas de papel importado según el grado de compromiso o no con las políticas del régimen inicial de Juan Domingo Perón, nunca un gobierno elegido por el voto popular había avanzado tanto como éste ni con mayor hostilidad contra la libertad de prensa.

Con una celeridad insólita dentro de las prácticas legislativas, cinco comisiones de la Cámara de Diputados controladas por mayoría kirchnerista aprobaron un texto de nombre confuso y contenido sibilino, pero de objetivos clarísimos, originado en dos proyectos que habían sido elevados en 2010 al Congreso por el Poder Ejecutivo: "Marco Regulatorio Participativo para la Fabricación, Comercialización y Distribución de Pasta Celulosa para Papel de Diario y Papel para Diario".

En buen romance, de lo que se trata es de colocar al Estado, a través de su avance sobre Papel Prensa SA, en la situación de controlar la producción y distribución del papel para diarios en el país y ampliar, al ámbito de la prensa escrita, las mismas reglas espurias que se aplican al reparto de la publicidad oficial y a la utilización propagandística del Gobierno -tan difamatoria y obsesiva como en las peores dictaduras- de los medios radiales y televisivos de propiedad del Estado, es decir, de todos.

Tiende a cerrarse, así, un círculo de opresión de la libertad de prensa y de vulneración de la propiedad privada que podría dejar sin espacios sensibles para amplificar sus voces a los partidos ajenos al oficialismo, a los sindicatos, a las empresas, a las expresiones de la cultura y la religiosidad y a cuantas organizaciones sociales consideren necesario manifestarse de un modo distinto que el verborrágico y narcisista unicato establecido por aquellas vías. Todo este agravamiento de la situación preexistente ha sido posible por las mayorías adjudicadas en el Congreso al oficialismo en las elecciones de octubre, pero también, en el sentido del acusado vértigo, por el desprejuicio con el cual se echa mano a cualquier recurso que permita poner sordina a la impopularidad de medidas de ajuste y de más intervención económica que el Gobierno ha comenzado a impulsar después de los comicios. Ya no estaba a su alcance seguir ocultando por más tiempo una realidad que, tarde o temprano, habría de desbordarlo.

Los considerandos de los proyectos enviados en su momento al Congreso por el Poder Ejecutivo son tan inverosímiles como las estadísticas cuyo falseamiento le está siendo enrostrado por todo el mundo. No debería sorprender: la Presidenta encomendó el avance sobre la prensa escrita a los mismos funcionarios a los que les encargó la adulteración de los datos relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En aquellas iniciativas ha pretendido asociar hasta la compra de Papel Prensa por LA NACION y el Grupo Clarín con crímenes cometidos por la dictadura, lo que es de absoluta falsedad, pero demuestra la temeridad sin límites con la que el Gobierno está dispuesto a actuar para lograr la concentración de poder que garantice la impunidad de sus actos y silenciar de ese modo las disidencias de quienes señalan sus errores y desmesuras.

Es lamentable, pero tampoco este envilecimiento llama la atención, por cuanto reproduce otros episodios en los que se manipuló la bandera de los derechos humanos, como el de la persecución de los hermanos Noble Herrera, con la finalidad de someter a la prensa que expresa opiniones que disienten de las oficiales.

Papel Prensa SA es una empresa privada con participación del Estado (27 por ciento). Son socios el Grupo Clarín, con el 47 por ciento de las acciones, y S.A. LA NACION con el 22 por ciento. Con los métodos de violencia que han caracterizado sus modales en relación con otras áreas de la actividad privada, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, ha pretendido enseñorearse en una empresa que ha contado, durante casi tres décadas de diversos gobiernos democráticos, con representaciones estatales que trabajaron, de manera invariable, en respetuosa armonía con el sector privado. El señor Moreno ha hecho impugnaciones que han sido recogidas en el proyecto legislativo del oficialismo, pero rechazadas en varias oportunidades por la Justicia. Para convalidar esa política se ha desplazado y hasta maltratado en términos inadmisibles a funcionarios de organismos de vigilancia del Estado que se negaron a ejecutar las manipulaciones amañadas desde el Poder Ejecutivo.

El trámite legislativo por delante es previsible en función de las bancas de que dispone el kirchnerismo. Sin embargo, tanto los accionistas privados de Papel Prensa como la entidad más representativa del periodismo nacional, ADEPA, han pretendido sin éxito ser escuchados por los diputados en la reunión conjunta de las comisiones intervinientes: Comercio, Comunicaciones, Libertad de Expresión, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos. Como una rareza, al menos de valor formal, para cuando se haga la inevitable reconstrucción histórica del avasallamiento que el Gobierno se dispone a consumar, debe dejarse constancia de que los representantes de ADEPA fueron recibidos por Julián Domínguez, nuevo presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

El mismo funcionario bajo cuya responsabilidad la Presidenta ha puesto el control omnímodo del comercio interior y exterior del país y cuya actuación deplorable en Papel Prensa ha sido señalada antes de ahora por este diario, tendrá en sus manos, según la iniciativa oficial en curso, la decisión de cuánto papel podrá importarse en el futuro. Si ADEPA ha declarado días atrás que cualquier reforma de la legislación en vigor deberá incluir una ratificación de la libre importación de papel para periódicos, sin cupos y con expresas garantías de que no se impondrán aranceles aduaneros, es por la infausta memoria que ha dejado el peronismo: el monopolio estatal sobre el régimen de importaciones y exportaciones colocó por varios años a LA NACION, hasta 1955, en la extrema precariedad de tener que ceñirse a sólo seis páginas. Desde entonces, la palabra "cuotificación" tuvo para la prensa argentina el ominoso sentido de una persecución discriminatoria contra quienes ejercían el pensamiento crítico.

Perón no insistió en esas prácticas al volver al poder en 1973, después de sacarse de encima al presidente Héctor Cámpora por su complicidad con personajes de organizaciones terroristas que hoy suelen ser rescatadas en las fabulaciones del llamado "relato" gubernamental.

Estamos, a pesar de todo, dispuestos a seguir manifestando el pensamiento crítico de los hombres y las instituciones de espíritu libre. Llegado el caso, depositaremos una vez más nuestra confianza en la Justicia a fin de que las palabras coincidan, por lo menos en ese terreno, con los hechos, y no con las expresiones de cinismo que afloran del despacho aprobado anteanoche: "La palabra impresa es un mecanismo de debate, de interacción y de diálogo?" ¿Qué diálogo? Detrás del argumento de que hay que garantizar la diversidad de voces, el kirchnerismo está montando una maquinaria de comunicación destinada a asegurar la difusión de una sola voz: la propia. Una de las condiciones indispensables que las sociedades abiertas y pluralistas se cuidan de asegurarse para que las ideas circulen con libertad es la independencia de la prensa. Es esa independencia la que el Poder Ejecutivo se propone eliminar apropiándose de un insumo principal de los periódicos, como es el papel.

Para saber cómo podría distribuir el Gobierno el papel, sólo hay que observar cómo ha asignado la pauta de la publicidad oficial. Se premia a quienes publican lo que se les dicta y se castiga a los que no se alinean con el discurso oficial, como casualmente ocurre con los dos accionistas privados de Papel Prensa.

No estamos solos. La gravedad de lo que ocurre ha sido suficientemente expuesta por voces de la oposición política, como ocurrió en su tiempo con la gran defensa de La Prensa hecha por Arturo Frondizi, entonces diputado radical. En ese momento, otra holgada mayoría oficialista levantaba la mano obediente para sumir a un diario en la confiscación.

Contrariamente a lo que ocurrió con otros proyectos, Papel Prensa se limitó a producir papel para diarios; y es más: lo ha hecho, por el esfuerzo empresario y el talento de sus técnicos y operarios, muy por encima de la capacidad original. Ha sido una muestra de eficiencia y sería deseable que otras fábricas se sumaran a los logros de ese emprendimiento. Las nefastas experiencias del pasado habían llevado a los diarios a convencerse de que debían encarar un proyecto de producción nacional de su insumo básico. Es falso, pues, el argumento de que Papel Prensa constituye un monopolio. No sólo abastece a más de 170 publicaciones sino que la provisión de papel estará asegurada si la política comercial exterior no infiere a las empresas periodísticas el mismo daño que ha perpetrado, sin ir más lejos, contra los productores de lácteos, de carnes y, hoy mismo, los de trigo y maíz.

La diputada por Buenos Aires Margarita Stolbizer (GEN) ha dicho con acierto que bajo las apariencias de un proyecto de utilidad pública se esconde una finalidad confiscatoria. Las exposiciones de motivos y la mayoría de los artículos del dictamen aprobado por el plenario de comisiones de Diputados lo confirman. Una de sus cláusulas delega en la autoridad de aplicación atribuciones generales e indeterminadas de aplicar multas; otra deja abierta al Poder Ejecutivo la posibilidad de realizar ampliaciones de capital en Papel Prensa, en términos que licuarían las tenencias accionarias en manos privadas; finalmente, otra cláusula instituye un sistema de "retiros" de papel con una laxitud que, en términos de comedia trágica, ha suscitado en la audiencia perpleja la pregunta de si estamos ahora ante un caso de "papel para todos" sin importar la magnitud del despojo que se genere.

Todo, lamentablemente, es posible cuando la política oficial en este terreno se aproxima, con riesgo para el interés general ínsito en el derecho a la libertad de prensa, a los nefastos ejemplos de la Venezuela de Chávez y el Ecuador de Correa.

Sólo una reacción correctiva de última hora podrá evitar a la Argentina tal demasía y vergüenza e impedir el delirio oficial de convertir, mediante la distribución del papel, a la prensa independiente en dependiente del poder político..

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