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Críticas de la oposición por la intervención en Cablevisión

Política

Diferentes representantes del arco opositor condenaron el allanamiento que realizó la Gendarmería en una de las sedes de la operadora de televisión paga del Grupo Clarín, y acusaron al Gobierno como principal responsable; el oficialismo intentó desvincularse del hecho

Diferentes referentes de la oposición criticaron severamente el allanamiento realizado hoy durante tres horas por la Gendarmería, en uno de los edificios donde funcionan las oficinas de Cablevisión, la operadora de televisión paga del Grupo Clarín.

Representantes de diferentes fuerzas políticas apuntaron al Gobierno Nacional como el responsable central del allanamiento que tuvo lugar en el barrio de Barracas. El diputado del peronismo federal, Francisco de Narváez, generalizó el alcance del hecho al alertar que "estamos ante una actitud lamentable que no apunta sólo a un grupo de medios, sino que amenaza a todos los ámbitos de expresión que no lleven el discurso oficial".

Desde el radicalismo directamente pidieron al Gobierno "cesar con sus maniobras en contra de la libertad de expresión". El presidente de la UCR, Mario Barletta, aseguró que el juez de Mendoza que ordenó la intervención "ha designado también a un coadministrador de la empresa (lo cual) trasciende a una medida judicial", y lanzó: "No se puede jugar con las libertades básicas al calor de los antojos oficiales".

La diputada nacional por Unión por Todos, Patricia Bullrich, comparó esa acción con las intervenciones realizadas durante la gestión de Hugo Chávez, en Venezuela, a diferentes medios de comunicación privados. "El Gobierno utiliza el aparato del Estado, en este caso a la Gendarmería, con el único objetivo de liquidar al Grupo Clarín". "La chavización avanza a pasos acelerados (.) configura un claro atentado a la libertad de prensa que erosiona gravemente el sistema democrático del país", dijo.

Bullrich también repasó otros hechos realizados por el Gobierno Nacional que fueron denunciados públicamente desde 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, hasta la actualidad: "Comenzaron con los insultos; siguieron con los escraches a periodistas; con la construcción de una mentira con los hermanos Noble Herrera; hubo agresiones e insultos a los periodistas en las escasísimas conferencias de prensa; concursos de escupitajos a personalidades del periodismo y la política", recordó.

Por parte del Partido Socialista, el ex candidato presidencial Hermes Binner dijo que su postura es contraria al monopolio público como al privado. "Nosotros no defendemos ni la hegemonía del Gobierno ni la de un grupo empresario", aseguró y añadió que "hay que atender los dos problemas, en función del derecho que tenemos todos que es tener diarios".

Además, señaló que es necesario que la Justicia actúe "rápidamente", y consideró "una exageración" que la medida se haya tomado con actuación de la Gendarmería. "En un proceso democrático, esto no se puede permitir, (.) se confunden las formas con los contenidos, es un forma preocupante la que hemos visto hoy", opinó.

Además, el secretario de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, consideró que "estamos ante un hecho grave; se ponen en juego derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, amparadas por nuestra Constitución, como la libertad de expresión y de información".

La intervención

El edificio de Cablevisión fue allanado durante tres horas por orden de un juez mendocino; cuya resolución dispuso que un coadministrador analice la documentación de la empresa del Grupo Clarín.

Los empleados reaccionaron con indignación. Luego de tres horas de operativo en las oficinas que la firma Vila tiene en Hornos al 600, del barrio de Barracas, el interventor designado por la Justicia, Enrique Anzoise, salió del edificio rodeado de gendarmes, mientras un importante grupo de empleados lo abucheaba y protestaba en medio de la indignación.

El abogado del interventor, Ricardo Mastronardi, especificó: "La Justicia designó a un coadministrador con facultades para analizar toda la documentación de la empresa. La denuncia la hace Supercanal. La convivencia ha quedado trunca, así que vamos a pedir medidas para permitir la intervención".

Supercanal pertenece al grupo Vila-Manzano (Uno Medios). La causa en la que se ordenó la intervención tramita en Mendoza y apunta a lograr que se declare nula la fusión de Cablevisión y Multicanal. El objetivo coincide con el que tiene el Gobierno desde que la Secretaría de Comunicaciones dictó la resolución 10/100, que anuló esa fusión.

Video: Se vivieron momentos de tensión mientras se retiraba el coadministrador de la empresa
Según informó Mastronardi, la intervención todavía no pudo hacerse efectiva. "Presentaremos un informe pormenorizado de los hechos. Pretendemos que la Justicia disponga de las órdenes que permitan el trabajo del coadministrador", puntualizó.

Y completó: "La resolución judicial apunta a la necesidad de evitar el ejercicio de competencia desleal y el abuso de posición dominante en el mercado por parte de Cablevisión".

Cuando terminó el operativo y Anzoise se retiró los empleados de Cablevisión protestaron frente al edificio allanado. "El interventor es un intruso", dijo a los medios uno de los trabajadores de la empresa.

El descargo de Cablevisión

Esta mañana, Cablevisión emitió un comunicado con su descripción de lo ocurrido.

"Fuerzas de seguridad impidiendieron el ingreso y egreso de personal de la compañía. La Gendarmería tomó el edificio central de la empresa y revisó los bolsos del personal de la compañía", señalaron en el parte de prensa.

 
Gendarmes allanan la sede de Cablevisión en Barracas. Foto: LA NACION / Silvana Colombo
 

La primera reacción del Gobierno corrió por cuenta del ministro del Interior, Florencio Randazzo, que consideró "un disparate" vincular a la Casa Rosada con el operativo.

"Un hecho sin precedentes"

Desde Cablevisión, indicaron además que "la denuncia fue presentada por el Grupo Vila Manzano, uno de los multimedios aliados al Gobierno, quien está llevando adelante una maniobra con el auxilio de un juez mendocino para intentar intervenir Cablevisión". Describió el episodio como "un hecho sin precedentes que se inscribe dentro de la sistemática campaña de hostigamiento que el Gobierno realiza a las empresas del Grupo Clarín".

El comunicado se completa con otra alusión al Grupo Vila-Manzano. "El mismo grupo de medios mendocinos, que en el día de ayer salió a avalar la ley de control de papel ahora está apelando a un forum shopping, en una provincia donde Cablevisión no tiene operaciones, pretendiendo cumplir la tarea que el Gobierno Nacional no pudo, e intentando avanzar sobre el patrimonio de una compañía privada e independiente que brinda servicio de televisión por cable e Internet a millones de argentinos".

Y concluye: "Cabe destacar que el Grupo Vila-Manzano, según cifras relevadas en los últimos días, es unos de los principales beneficiarios de la publicidad oficial".

Terminado el operativo, el apoderado de Cablevisión, Damián Casino, agregó: "Fue un despropósito lo que sucedió. Cablevisión no opera en esta provincia y esta compañía esta planteando problemas de competencia".

"Ya denunciamos por violación de domicilio y abuso de autoridad. El expediente recayó en el juzgado de [Norberto] Oyarbide, pero vamos a recursar porque él ya tiene enfrentamientos previos con el Grupo Clarín", puntualizó Casino.

"La compañía sigue operando normalmente. Esto tiene una clara intecionalidad política. Este sector se ha plegado al Gobierno oficialista y les está devolviendo un favor", concluyó.

El gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín, Martín Etchevers, no dudó en vincular el allanamiento con lo que llamó "la escalada de acciones del gobierno nacional contra el Grupo Clarín" y calificó el despliegue de Gendarmería como "absolutamente desmesurado e intimidatorio".

Además, en declaraciones a TN, afirmó que los gendarmes llegaron al lugar junto con camrógrafos de América, canal de aire del grupo Vila-Manzano y del programa oficialista 678.

La última denuncia

A principios de mes, Cablevisión había denunciado ante la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (Afsca) que es blanco de discriminación y hostigamiento: durante todo 2011, fue objeto de 488 sanciones, casi el 95 por ciento de todas las que aplicó el organismo a todo el sistema audiovisual.

La empresa del Grupo Clarín pidió al organismo que hasta hoy dirigió Gabriel Mariotto, que instruya un sumario para analizar la denuncia, en la que demuestra que fue sancionada, incluso, por supuestas infracciones que ya corrigió (como readecuar la grilla) o que, en realidad, fueron cometidas por otros medios.

Durante los últimos años, la Afsca abrió reiterados sumarios y sanciones contra Cablevisión con el objetivo de aplicar la ley 26.522 y justificar la revocación de su licencia.

Para demostrar que la Afsca discrimina a Cablevisión, el escrito hace referencia al ajuste de los distintos cableoperadores a la resolución que dispuso reordenar la grilla de canales (Res. 296/AFSCA/2010).



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