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Tandil, conmovida por abusos infantiles

Mientras familiares denuncian casos de corrupción de menores, diputados piden juicio político para un fiscal por demorar las causas

Lunes 30 de enero de 2012
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LA NACION
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TANDIL.- El aire apacible de esta ciudad bonae­rense es engañoso. Aquí y ahora, entre las sierras majestuosas, se libra una sorda guerra de acusa­cio­nes, que ya involucra a la polí­tica y cuyas víctimas, en cualquiera de los casos, son los niños. Porque mien­tras unos hablan de un complot judicial para "planchar" las de­nun­cias de abuso infantil, otros ven una operación destinada a ob­te­ner ventajas inventando abusos que jamás existieron.

El último suceso en esta contien­da lo produjo un grupo de dipu­tados provinciales del Frente para la Victoria, al impulsar un pedido de juicio político contra el fiscal tandilense Luis Humberto Piotti, en cuya oficina se tramitaron algunas de las denuncias más resonantes de abuso de menores (ver aparte). Ahora, un ente oficial deberá decidir si somete al fiscal a ese juzgamiento, con miras a su posible destitución.

Aunque el pedido de juicio político se basa sólo en un caso, ellos argumentan que hay aproxi­mada­mente una vein­tena de cau­sas por abuso que han sido "cajoneadas".

Sin embargo, no es la única hipótesis que se ha formulado. Desde el ámbito judicial se responde con otra: algunos de los niños habrían sido "inducidos" a afirmar que fueron sometidos a abusos en medio de peleas entre sus padres, con objeto de que el acusado pierda la tenencia o el régimen de visitas, por ejemplo. Desde el entorno de Piotti ponen la mira sobre Daniela Lezcano, una psicóloga que ac­tuó como perito de parte en varias causas y fue terapeuta de algunos de los chicos presunta­men­te abu­sa­dos.

En diálogo con LA NACION, Lezcano dijo que "en Tandil hay una trama de poder y perversión" que hace que las denuncias de abuso sexual infantil no sean investigadas.

LA NACION dialogó con varias muje­res, madres o parientes de niños presuntamente sometidos a abu­sos y también con dos chicas, ahora mayores, que los habrían sufrido en su infancia. Por razones legales, no se identificará a nin­guna presunta víctima ni se brindarán apellidos de sus familiares.

Patricia es una de las mujeres que más impulsan las denuncias contra Piotti y otros funcionarios judiciales. Ella afirma que sus dos hijos, una nena y un varón, fueron sometidos a abusos sexuales por parte de su padre y de la actual pareja de éste. El fiscal no dio por probados los abusos y archivó la causa cuatro veces.

Para Patricia, esto muestra la voluntad de Piotti de "deshacerse" de la causa; desde la fiscalía, sin embargo, señalan que varios testi­mo­nios contradicen la hipótesis del abuso y que las dos principales pruebas, el informe médico y el testimonio de ambos menores, distan de ser concluyentes.

Este caso es el que motiva el pedido de juicio político al fiscal, que ya fue presentado ante la Secretaría de Enjuiciamiento.

Casos controvertidos

En otros casos, lo que las denun­ciantes cuestionan a Piotti es la falta de celeri­dad para disponer la detención de los presuntos abusa­dores. En una causa en la que sí se probó el abuso, el imputado está prófugo porque se demoró el pedido de arresto, dice Nora, madre de la chiquita violada. Desde la fiscalía explica­ron que el pedido de deten­ción se hizo cuando se tuvieron los elementos suficientes y que hasta ese momento el acusado no había dado señales de entor­pecer la pesquisa.

Tanto Patricia como Lezcano dijeron ser víctimas de presiones e intimidaciones por sus denuncias.

El año pasado, una de las madres de las presuntas víctimas acusó a Daniela Lezcano de haber instado a su pequeña hija a hablar de un abuso que no habría tenido lugar e incluso de haber alterado dibu­jos de la niña para introducir en ellos indicadores de maltrato y abuso. La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bo­nae­rense tiene una copia de esa denuncia.

En 2010, Lezca­no había sido sancionada por el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires por su grado de involucramiento en los trámites judiciales y en denuncias mediáticas (en un caso muy me­nea­do en el que un hombre se llevó a su pequeña hija tras acusar de abuso a la madre de ésta y a su nueva pareja), por haber caído en "los vicios de parcialidad y subjetividad" y por "uso indebido" de las herra­mientas de su oficio. Ahora el Colegio evalúa también la presentación de esa madre.

En la controversia por las deci­sio­nes de los fiscales un punto central es el de las causas archivadas por no alcanzar la certeza de que ha existido efectivamente un abuso. Es lo que ocurrió con varios de los expedientes archivados por Piotti y también en al menos un caso en que intervino su colega Gustavo Morey, de la fiscalía 8.

"La duda en el proce­so penal es un tema muy complejo", dijo Morey a este enviado. Y agregó que está "tranquilo" ante la posibilidad de que se promueva un juicio político también contra él.

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