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Los informes de la AGN que desoyó el Gobierno

Son advertencias Sobre todas las líneas

Domingo 04 de marzo de 2012
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LA NACION
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Una veintena de informes elaboró la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el funcionamiento del sistema ferroviario desde 2003 hasta hoy. En ellos se verificó, sin excepción, irregularidades crónicas tanto en el mantenimiento de los trenes por parte de las concesionarias como en el control que deben aplicar los organismos públicos. Sin embargo, todos padecieron el mismo derrotero: indiferencia del Poder Ejecutivo y escasos avances en la Justicia.

La tragedia ocurrida en Once que cobró 51 muertos reveló no sólo las serias deficiencias del sistema ferroviario, sino también la ausencia del Gobierno en su papel de contralor y de sanción a las empresas infractoras. Así lo denuncian los auditores de la oposición que integran la AGN. "Cada auditoría que aprobamos es remitida, en el acto, al Congreso y a la Jefatura de Gabinete. Nadie puede aducir que no sabía lo que sucedía con los trenes", asestó el radical Horacio Pernasetti.

El oficialismo, sin ser tan severo, también reconoce la indiferencia del Gobierno. "Ricardo Jaime [ex secretario de Transporte] jamás les dio bolilla a nuestros informes de auditoría -admitió a LA NACION un auditor en estricto off the record-. Con [Juan Pablo] Schiavi la cosa mejoró, pero lo que aquí hay que entender es que el problema de los trenes es sistémico, no jurídico."

Las auditorías sobre el sistema ferroviario abarcaron todas las concesionarias, tanto de trenes de pasajeros como de cargas, y los subterráneos. También se auditaron los órganos de control: la Comisión Nacional Reguladora del Transporte y la secretaría del área. En todos los informes se detectaron serias anomalías.

No sólo el Gobierno no acusaba recibo de las auditorías ferroviarias; en la Justicia se llegaron a abrir causas por las irregularidades detectadas, pero ninguna arribó a una sentencia, según un informe que elaboró esta semana la AGN. Es más, algunas de ellas murieron en el archivo.

Entre las causas judiciales más paradigmáticas pendientes en la Justicia es la referida al Belgrano Cargas, el ramal ferroviario de carga más importante del país que atraviesa 14 provincias y que actualmente es operada por el Estado, junto con una sociedad conformada por empresas privadas, representantes del gremio ferroviario y de los camioneros. Un informe de la AGN de 2011 es lapidario: se revelaron serias deficiencias en el servicio y también sospechas de contrataciones irregulares.

En el informe se advirtió que en el período auditado (2006-2007) se registraron alrededor de 200 descarrilamientos causados por falta de mantenimiento de vías y trenes; sin embargo, la concesionaria no fue multada por la falta de un régimen de penalidades. Advirtió también que en esos años la empresa "contrató obras, trabajos y servicios bajo un régimen privado", que permitió que se adjudiquen trabajos a "oferentes que bajo el régimen de contratación pública no podrían serlo". El diputado Horacio Piemonte (Coalición Cívica) abonó con una denuncia penal estas irregularidades, al detallar que, según la AFIP, la concesionaria cobró reintegros con facturas apócrifas.

Esta auditoría también fue ignorada por el Gobierno. "Es fundamental modificar la ley y que los informes de la AGN sean de carácter vinculante", insistió Pernasetti, aunque sin demasiadas esperanzas: con el oficialismo dominante en ambas cámaras del Congreso difícilmente se quiera dar más poder a la AGN.

Versiones sobre la salida de Schiavi

La Presidenta analizó en las últimas horas la posible salida de Juan Pablo Schiavi de la Secretaría de Transporte, en medio de la crisis política por la tragedia de Once. Sobre todo, a raíz del delicado estado de salud del funcionario, que debió ser intervenido el miércoles pasado por una afección cardíaca. Algunas versiones indican que podría reemplazarlo Agustín Rossi, jefe de bloque de diputados oficialista, cuyo hermano Alejandro es dueño de una empresa de transporte.

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