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Grave atentado contra la cultura

Las trabas impuestas a la importación de libros y publicaciones son propias de un régimen autoritario e iletrado

Miércoles 28 de marzo de 2012

A las trabas impuestas por el Gobierno a la importación de medicamentos y sus componentes –trabas que, como dijimos en esta columna hace cinco días, ponen en riesgo la salud de la población–, se suman ahora las que impiden, desalientan o gravan aún más la importación de libros, revistas, folletos, etiquetas y todo material impreso, en lo que constituye un inaudito atentado a la cultura de muy graves consecuencias, y una violación del derecho a la información.

Por supuesto, el promotor de este nuevo dislate ha sido una vez más el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y se supone que también en este caso, al igual que con el de los remedios, no puede haber estado ausente el consentimiento presidencial.

Que a esta altura de la historia de la humanidad nos veamos obligados a referirnos a la importancia de poder acceder a todo tipo de publicaciones provenientes del exterior constituye una espantosa señal de la realidad que estamos viviendo por culpa de funcionarios que parecen salidos del medioevo.

A su vez, sólo una mentalidad tan primitiva como feudal pudo haber pergeñado como excusa, tal como sostiene la resolución, la de evitar el ingreso de material impreso con tintas cuyo contenido de plomo supere el 0,06 por ciento. Se trata de una burla a la inteligencia proviniendo de un gobierno que no se caracteriza por el cuidado del medio ambiente y, menos por la salud, como lo demuestran las trabas al ingreso de medicamentos extranjeros.

La única explicación posible es que la inconcebible medida forme parte de la lucha del Gobierno en general, y de Moreno en particular, por limitar la salida de divisas. Pero tampoco tiene sentido porque el volumen total de la importación de libros durante el año pasado sólo representó 131 millones de dólares, y el de las exportaciones de volúmenes nacionales equivalió a 49 millones de dólares. El déficit resultante de 82 millones es nimio y de ninguna manera puede desequilibrar la balanza comercial.

En cambio, los perjuicios de la medida resultan evidentes si se tiene en cuenta que casi el 80 por ciento de los libros que se venden en la Argentina son importados. Los efectos ya se sienten en los rubros de libros para niños, textos universitarios en general y en inglés. También hay trabas para aquellos estudiantes y estudiosos que compren en el exterior varios volúmenes que llegan mediante correos privados, pues deberán ir a retirarlos a la Aduana de Ezeiza y pagar un derecho.

Se trata de disparates, pero de tremendas consecuencias en los planos educativo y cultural y que solamente funcionarios iletrados no pueden calibrar. De no ser ésta la explicación, deberíamos pensar que se ha puesto en marcha una política de paulatino embrutecimiento de una sociedad a la que se le impide acceder a publicaciones extranjeras y, a cambio, el Gobierno le brinda Fútbol para Todos y Automovilismo para Todos. Poca distancia nos separaría entonces de aquel triste lema peronista: "Alpargatas sí, libros no".

A medida que pasan los días, la indignación se refleja tanto en algunos medios como en las redes sociales. En la red Twitter, con el tópico #LiberenLosLibros, hubo miles de opiniones en contra de la iniciativa, como una muy atinada: "Estamos siendo gobernados por gente que prefiere liberar los goles a cambio de secuestrar los libros". También se pronunciaron en contra los intelectuales del grupo Plataforma al afirmar que se trata de "un triste y peligrosísimo avance sobre la libertad de creencias, opiniones y pensamiento".

El Gobierno debe rever de manera inmediata esta improvisada decisión que va a contramando del mundo y de la cordura. Si no lo hace, si no admite aunque más no sea tácitamente el error cometido dando marcha atrás, estaremos entonces en presencia de una calculada política de empobrecimiento cultural que encaja con la probada inclinación del oficialismo por el pensamiento único y en contra de la pluralidad.

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