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Presuntas irregularidades

Pagan $ 10 millones más caro el control del sistema SUBE

Buenos Aires

Ganó la oferta presentada por ex funcionarios de Transporte, 25% más costosa que otra similar

Por   | LA NACION

 
En febrero, miles de personas salieron en busca de su tarjeta SUBE. Foto: Archivo 
 

Oscar Murillo había resignado siete de sus 14 días de vacaciones por un trámite importante. Durante seis días recorrió distintas localidades del sur bonaerense, pero no tuvo suerte: no funcionaba el sistema. Entonces decidió viajar de Valentín Alsina a Plaza de Mayo. Cuatro horas de fila bajo el sol de febrero tuvieron su recompensa: consiguió la tarjeta SUBE.

Como Oscar, a millones de argentinos les llevó al menos unas horas obtener la tarjeta. Ese trámite era indispensable para sortear la quita de subsidios que planificaba el Gobierno. Pero la Secretaría de Transporte no pudo evitar esos imprevistos. Ni siquiera pudo con $ 65 millones, el presupuesto asignado para supervisar la puesta en marcha del Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE).

El control del SUBE le cuesta al Estado casi $ 10 millones más como consecuencia de un sugestivo proceso de licitación ganado por un consorcio compuesto por ex funcionarios y ex asesores de Transporte , según el expediente de la licitación al que accedió LA NACION.



La auditoría del SUBE, clave para controlar el funcionamiento del boleto electrónico, se gestó entre aparentes irregularidades. En el concurso, Transporte -a cargo en ese entonces de Juan Pablo Schiavi- no eligió la propuesta más económica: una prestigiosa consultora internacional había realizado una oferta 25% más barata por la tarea.

¿Cómo se justificó la diferencia? Los salarios por los 48 meses de contrato inclinaron la balanza. En este rubro, el consorcio ganador, compuesto por Global Infraestructure SA (GI), Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV), Iatasa SA y González Fischer y Asociados SA (GFA), cotizó $ 7,5 millones más que su competidor.

El sueldo del "jefe de proyecto", máximo responsable de la auditoría, ejemplifica la diferencia. Los haberes de estos ejecutivos fueron fijados en dólares. La oferta más económica fue de 20.000 dólares mensuales, pero el Estado firmó contrato por el doble: 40.000. Un total de casi 2 millones de dólares por los 48 meses.

En la licitación se contemplaron costo y calidad de las ofertas. Un comité de evaluación compuesto por funcionarios actuales de Transporte fue fundamental: pese a la diferencia de precios, recomendó contratar al consorcio ganador al argumentar marcadas diferencias en la calidad de las propuestas. Meses atrás, el mismo tribunal había calificado la calidad de las propuestas que compitieron hasta el final del proceso con un "muy bueno"

LA NACION se contactó con la Secretaría de Transporte, ahora liderada por Alejandro Ramos, pero desde esa dependencia prefirieron no hacer declaraciones. Tampoco las empresas involucradas quisieron hablar con este medio.

IRV, una de las firmas integrantes del consorcio ganador, mantiene estrechos vínculos con funcionarios. Horacio Blot, director de la empresa, es el marido de María Cristina Irusta, secretaria de Nora Turco, actual directora nacional de Coordinación y Planificación del Transporte. Cinco fuentes consultadas por LA NACION aseguraron que Irusta es, desde hace años, la mano derecha de Turco.



Guillermo Yampolsky, presidente de IRV, también es un hombre conocido dentro de Transporte: entre 1997 y 2006 fue asesor. En sus últimos tres años, Yampolsky trabajó en Proyecto Transporte Urbano Buenos Aires (Ptuba), la oficina de la secretaría que ejecuta los préstamos del Banco Mundial (BM) para movilidad. Cuatro años después, esa dependencia tuvo a cargo la licitación para auditar el SUBE, contrato que ganó IRV.

Pablo Vainberg, vicepresidente de IRV, también trabajó en Ptuba. Se dedicó durante tres años a analizar las condiciones para la aprobación del préstamo del BM con el que se financió la supervisión del SUBE que ganó IRV. Y fue contratado como "coordinador de campo" en la auditoría con un sueldo de $ 1.704.000 por 48 meses.

Según las normas del BM, no se puede contratar a consultores que tengan una relación cercana de trabajo o de familia con algún funcionario o empleado del que recibe el préstamo, en este caso la Secretaría de Transporte. Desde el banco aclararon que se aprobó la licitación porque no se pudieron "identificar" las relaciones.

La calificación que el comité de evaluación realizó sobre el plantel profesional fue clave porque inclinó la balanza. El tribunal, compuesto por Turco, un técnico a su cargo y la representante legal del Ptuba determinaron que IRV era la mejor opción para controlar el SUBE..

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