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El fallo de la Corte en el caso Clarín

La esencia de la resolución del máximo tribunal ha sido burdamente tergiversada por funcionarios kirchneristas

Martes 29 de mayo de 2012
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El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resolvió un recurso planteado por el Estado nacional en la causa iniciada por el Grupo Clarín ha tenido las más interesadas interpretaciones, como las expresadas por funcionarios kirchneristas que pretenden hacerle decir a la sentencia del alto tribunal lo que no surge ni de su letra ni de su espíritu.

Así, por ejemplo, el ex interventor en el Comfer durante la gestión de Fernando de la Rúa y actual subsecretario general de la Presidencia de la Nación, Gustavo López, sostuvo con una prepotencia intelectual y arbitrariedad manifiesta impropia de un hombre de derecho, que de inmediato el Grupo Clarín tiene que presentar a la Afsca (ex Comfer) un plan de adecuación de sus medios audiovisuales a la ley de medios.

López entiende que no se debe esperar que se agote el plazo de tres años de vigencia de la medida cautelar que impide aplicar el artículo 161 de la ley de medios, que vencerá el 7 de diciembre próximo, ni considera que ese artículo y su reglamentación otorgan a los administrados un año para presentar y obtener la autorización a esa "adecuación". Una interpretación tan errónea como tendenciosa.

¿Qué justificará una posición tan extrema en un funcionario que hoy es kirchnerista, pero que en el pasado cercano condujo el Comfer durante toda la gestión de la Alianza, sin haber advertido entonces la existencia del fenomenal monopolio que hoy con tanta fuerza aparece combatiendo públicamente?

Quizá sea bueno recordar que López fue quien prohijó a empresas que, como las de televisión por cable del Grupo Clarín, entre otras, se encontraban prestando el servicio en el país cuando el 6 de septiembre de 2000, mediante una resolución del Comfer, en lugar de hacer lo que hoy pide -"democratizar el mapa de medios con una oferta informativa con otros jugadores-, dispuso en cambio interrumpir el proceso de adjudicación de licencias de servicios complementarios de cualquier tipo en todo el territorio nacional.

A las declaraciones del ex funcionario radical siguieron las de Gabriel Mariotto, que con su habitual desmesura sostuvo que el fallo de la Corte es el punto de partida para una "democracia comunicacional como jamás la hemos visto", lo cual no deja de ser cierto si nos atenemos al actual mapa comunicacional, con una impresionante mayoría de medios audiovisuales oficiales y de empresarios amigos del kirchnerismo que acompañan al Gobierno y atacan a los medios independientes. Pero la desmesura de Mariotto no lo lleva al despropósito de López, ya que reconoce que es a partir del 7 de diciembre de 2012 cuando, si la cautelar cesa, el Grupo Clarín tendrá un año para presentar y obtener la autorización de su plan de adecuación a la nueva ley.

Sin embargo, debe aclararse que la Corte no emitió juicio alguno sobre la constitucionalidad del artículo 161. Sólo rechazó el pedido de levantamiento de la cautelar formulado por el Estado nacional, rechazo del cual nadie parece haber tomado razón, y a precisar el comienzo del plazo de tres años que había fijado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, haciéndolo en una fecha que ninguna de las dos partes solicitó. Así, la Corte retrotrajo la vigencia al día, mes y año de su originaria imposición por el juez de primera instancia, el 7 de diciembre de 2009, cuando comenzó la efectiva vigencia tutelar judicial para el Grupo Clarín.

Además, el alto tribunal señala a las partes, pero más precisamente al Estado nacional -único beneficiado con el próximo vencimiento de la cautelar-, que ese plazo podrá revisarse si se verificaran conductas procesales orientadas a obstaculizar el normal avance del pleito. Los miembros de la Corte tuvieron en la mira que esas hipotéticas conductas puedan llegar a ser provocadas por el Estado nacional, puesto que si la obstrucción fuese del Grupo Clarín no podría beneficiarlo con nuevos plazos.

Quizá la reiterativa explicación, casi docente y no habitual en el más alto tribunal, del último párrafo del fallo, haya permitido a los kirchneristas formular interpretaciones procesalmente improcedentes, legalmente arbitrarias y, en los hechos, desmesuradas, festejando por anticipado el resultado de un juicio que aún no ha finalizado.

Finalmente, es destacable que la Corte se haya avocado al tratamiento de un recurso sobre una medida cautelar, sin importar si la queja es planteada por el Estado nacional o por un particular, por tratarse de una cuestión como el desapoderamiento de empresas de medios. Este asunto, por su magnitud y circunstancias, puede ser de tardía, insuficiente o imposible reparación y, también, puede encontrarse en juego la protección de los derechos fundamentales, e incluso cuestiones de naturaleza patrimonial.

No hay duda de que afectar el sostenimiento de medios de comunicación explotados por particulares significa haber dado los primeros pasos que podrían conducir a su desaparición y, con ello, a otra grave afectación de la libertad de prensa.

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