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Un día después de haber rescindido el contrato, se disolvió la UTE

Los socios argentinos emitieron un comunicado en el que se desligaron de la inglesa Global Infrastructure; desde la firma británica confirmaron la disolución

Viernes 13 de julio de 2012 • 20:58
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Un día después de que el Gobierno rescindiera el contrato del consorcio que supervisaba la SUBE, los socios locales decidieron desvincularse de Global Infrastructure, firma inglesa que lideraba la Unión Transitoria de Empresas (UTE).

En un comunicado en el que defendieron su trabajo de supervisión, IRV, Iatasa y González Fischer y Asociados, "estamos revisando nuestro vínculo con GI, a partir de la información publicada en el día de ayer por el diario La Nación, sobre la contratación de personal de apoyo por parte de la empresa británica", sostuvieron.

Desde GI, ratificaron a LA NACION que la ruptura de la UTE que hasta ayer supervisó la SUBE, es un hecho.

Tras el anuncio de ayer por medio de un comunicado de prensa, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, confirmó hoy que su cartera suspendió el contrato a la UTE que supervisaba la tarjeta SUBE y señaló que la medida la tomó por decisión de la presidenta Cristina Kirchner.

La investigación sobre el consorcio de empresas, encabezado por la compañía inglesa Global Infraestructure (GI), la llevarán a cabo la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación, según explicó el ministro Randazzo.

"Hemos hecho una evaluación con respecto al contrato. No somos jueces ni fiscales, pero creemos conveniente y lo hemos decidido con la Presidenta de la Nación una suspensión de la ejecución del contrato, como también los pagos a la empresa", señaló Randazzo en declaraciones a la prensa en la Estación de Temperley, donde visitó obras de electrificación ferroviaria.

El funcionario adelantó que "la tarea de supervisión la va a llevar adelante el ministerio de Interior y Transporte", y explicó que la suspensión del contrato a la UTE que supervisaba la tarjeta es "preventiva" y que la decisión final la tendrá "la Sigen y la Auditoría General de la Nación".

El Gobierno suspendió ayer la vigencia del contrato por 65 millones de pesos luego de que LA NACION revelara que la Casa Rosada optara por un contrato casi 10 millones de pesos más como consecuencia de un sugestivo proceso de licitación.

La licitación la ganó un consorcio compuesto por ex asesores de la Secretaría de Transporte, que dirigía en su momento Juan Pablo Schiavi, ahora bajo la lupa del fiscal Carlos Stornelli y del juez Julián Ercolini.

La auditoría de la SUBE, clave para controlar el funcionamiento del boleto electrónico, se gestó entre aparentes irregularidades. En el concurso, Transporte no eligió la propuesta más económica: una prestigiosa consultora internacional había realizado una oferta 25% más barata por la tarea. Pese a que contó con $ 65 millones para supervisar la puesta en marcha, el Estado no pudo evitar que gestionar la tarjeta se convirtiera en un engorroso trámite para millones de argentinos.

El concurso fue ganado por el consorcio integrado por GI, Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV), Iatasa SA y González Fischer y Asociados (GFA). La UTE debía auditar la puesta en marcha y la operación del SUBE (a cargo de la empresa Nación Servicios SA), que consistía en supervisar el montaje de las máquinas, inspeccionar la transferencia de datos y verificar la cobertura de entrega de tarjetas, entre otras tareas.

El dueño de GI, y máximo responsable del control del SUBE, es Stephen Chandler, que en 2009 se reunió con funcionarios de Transporte que meses después recomendaron contratar a su empresa.

LA NACION informó que GI no tiene casa matriz en Gran Bretaña y tampoco tiene una sede en la Argentina. Los sueldos de los empleados extranjeros de GI -pagados por el Gobierno- superan los dos millones y medio de dólares, lo que representa el 70 por ciento del contrato.

La Secretaría de Transporte estimó haberes por 43 millones de pesos para los cuatro años de contrato.

Chandler no es el único contratado en dólares por la cartera que ahora dirige Alejandro Ramos. También Marcela Ashley y Steve Beer, sus asistentes para controlar la SUBE, fueron empleados en las mismas condiciones, según consta en el expediente.

Sin embargo, Ashley denunció ante LA NACION que nunca trabajó en el boleto electrónico y no cobró "ni un peso" de sus 247.860 dólares de contrato.

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