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La oposición entregará el informe al juez Bonadio

Se sumará a la causa por presuntos sobornos

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LA NACION
Miércoles 25 de julio de 2012
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El informe del Tribunal de Cuentas uruguayo sobre las obras en el Río de Plata se incorporará a la causa que investiga en la Argentina un presunto intento de soborno transnacional: los diputados Graciela Ocaña (Udeso) y Manuel Garrido (UCR) dijeron a LA NACION que lo presentarán en el expediente en las próximas horas.

La causa, a cargo del juez federal Claudio Bonadio, investiga si el diplomático Roberto García Moritán intermedió para que la empresa Boskalis, a cargo de las obras de dragado, le ofreciera una coima el ex embajador uruguayo en Buenos Aires Francisco Bustillo. El supuesto objetivo era lograr que Riovía (de Boskalis) se quedara con las obras de profundización del dragado del canal Martín García. Bustillo era el presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), el organismo a cargo de la licitación.

"Vamos a entregar el nuevo documento porque el informe de Uruguay dice que los argentinos demoraron el proceso y que entre la Argentina y la empresa se acordó políticamente un precio superior al que pretendía Uruguay", anunció Ocaña. Sin perjuicio de que critica el accionar de los argentinos, el informe sostiene que el precio no resultó irrazonable.

Ese documento hace referencia además a las sospechas de coimas que investiga Bonadio; dice que existen "dudas sobre la regularidad de los procedimientos tendientes a extender el vínculo con Riovía" y advierte que ello se ve "ratificado" por "información reservada". Se trata –explican– de informes de Bustillo a la cancillería de su país. De acuerdo con el tribunal de cuentas "el tenor" de esas manifestaciones "amerita que la cancillería uruguaya evalúe la pertinencia de adoptar medidas", incluidas denuncias penales. La cancillería argentina volvió a sostener ayer que los propios uruguayos desmintieron sobornos.

En la causa de Bonadio el juez ordenó el mes pasado que declararan como testigos ocho funcionarios uruguayos, entre ellos el canciller Luis Almagro y Bustillo. Pidió que testificaran, por exhorto, en Uruguay.

El expediente judicial se inició por una denuncia de Ocaña y Garrido. Según el fiscal Federico Delgado, deberá investigar si "a través de García Moritán" Boskalis le ofreció a Bustillo un millón de dólares para que "ejerciera su influencia" sobre la CARP. Una reunión en el Jockey Club fue el escenario del supuesto ofrecimiento. Allí se encontraron Bustillo, García Moritán y Sergio Cetera, de Boskalis. García Moritán negó en un primer momento que la reunión hubiera existido. Después, Bustillo confirmó el encuentro, pero dijo que se fue cuando llegó el representante de Boskalis. Entonces, García Moritán admitió el encuentro, pero dijo que él no participó de ninguna "reunión" porque no participó del tratamiento de ningún "tema de sustancia". Añadió que Bustillo y Cetera se fueron juntos.

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