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La pérdida del sentido común

La gestión de los asuntos públicos no debe ser precedida, como sucede hoy, por decisiones improvisadas y provocativas

Viernes 24 de agosto de 2012
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Cuanto mayor es el cargo que ocupa una persona, mayor es la coherencia que se espera de ella en cuanto al compromiso y responsabilidad con que actúa. Resulta, pues, natural que a la dirigencia se le exijan mayores niveles de profesionalismo y que su conducta en la función pública sea precedida por suficientes reflexiones sobre lo que ha de hacer y no de decisiones que sean el fruto inevitable de la improvisación, cuando no de hechos ilícitos.

Se pueden transmitir testimonios de la más diversa naturaleza para entender que la Argentina no pasa en ese aspecto por el mejor momento, con el agravante de que la pérdida de sentido común de los gobernantes es acompañada por un estilo de dominación cada vez más sostenido y preocupante.

Decretos, resoluciones, circulares y normativas emanadas del aparato estatal ofenden con frecuencia el raciocinio de la sociedad. Y hasta pretenden que las acepte el mundo, como la negativa a cumplir con fallos de tribunales actuantes en organismos internacionales de los que participa el país.

No es cuestión de juzgar tales comportamientos sólo por su oportunidad o contenido, por su corte progresista, liberal o retrógrado. De lo que se trata es que respondan a un mínimo de lógica y de sentido común.

Las recientes decisiones de la AFIP para habilitar la compra de dólares a quienes viajen al exterior equivalen a una inadmisible provocación en el ánimo de los viajeros. ¿Y qué decir, por ejemplo, de la Secretaría de Comercio, cuando determina que las empresas que necesitan importar, primero exporten por igual cantidad no importa qué, obligándolas así a involucrarse en actividades ajenas y, por lo tanto, que les son desconocidas?

En la misma línea puede ubicarse la prórroga que viene sucediéndose, desde el año 2002, de la ley de emergencia económica. ¿No es que el Gobierno se ufana de que el país atraviesa un ciclo de casi 10 años de crecimiento sostenido?

Los absurdos obstáculos a la importación de libros y revistas bajo pretexto de que se resguardaba la seguridad de la población y el medio ambiente ante las tintas foráneas con elevados niveles de plomo suscitó tanto la risa como el llanto, según cómo se los mirara.

Las medidas tendientes a que las empresas no deriven sus dividendos al exterior, o los dichos de Mercedes Marcó del Pont, respecto de que se analiza la pesificación de las operaciones a futuro del mercado de cereales, no son más prudentes en cuanto a vulnerar una lógica elemental del comercio y ahuyentar inversiones que el país necesita con urgencia.

No se puede decir que ha habido más seriedad en los pedidos de la Presidenta para que los ahorristas pesifiquen los activos en dólares. Si lo hacen de ese modo, comenzando por los que menos tienen, es porque éstos procuran defensas contra el flagelo de la inflación, que desconocen en su verdadera magnitud las falseadas estadísticas oficiales.

Sería, por el contrario, útil ayudar a la gente a lidiar contra la evidente depreciación de la moneda y no hacerle creer que estamos frente al reclamo de un supuesto acto patriótico. Los anteriores gobernantes de Santa Cruz no pensaban de igual modo cuando enviaban al exterior cientos de millones de dólares cobrados por la provincia por regalías petrolíferas.

Tampoco parecen haber pensado en idéntica forma los legisladores nacionales que este año se duplicaron sus dietas en ambas cámaras del Congreso.

Otro burlón ataque a la racionalidad surge de las cifras del Indec, que arrojan que en el país son suficientes seis pesos para que una persona acceda a las cuatro comidas diarias, y menos puede justificarse aún, ni siquiera con la más mínima lógica por más explicaciones oficiales que se hayan desgranado en ese sentido, la salida de presos de las cárceles para participar de actos político-partidarios.

La sinrazón parece no reconocer límites. Buen ejemplo de ello pueden dar quienes aprobaron en el Congreso la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica, una empresa sin dueños a la vista y con un aparente y solitario ganador: el vicepresidente Amado Boudou, a quien seguramente esta ley ayudará a eliminar pruebas en la causa en la que está sospechado de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Podríamos seguir con una larguísima lista, pero la enumeración de hechos demostrativos de que algo serio está fallando en el país resulta inabordable para un espacio editorial. Con lo dicho sobra para urgir por un giro en dirección del sano criterio y del sentido común que deberían presidir siempre la gestión de los asuntos públicos.

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