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Constitución y Gobierno, ¿cambiar o chocar?

LA NACION
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Claudio Jacquelin
Domingo 02 de septiembre de 2012
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Hay que reformar la Constitución Nacional. O cambiar muchas ideas y acciones de gobierno de este Gobierno. Ya no queda ninguna otra salida.

La sucesión de roces entre políticas y creencias oficialistas y doctrina y disposiciones constitucionales prenuncia un choque frontal en breve, salvo que mucho (no alcanza con un poco) cambie, sea el rumbo y las formas políticas del oficialismo o el texto constitucional.

No hay que equivocarse. Aunque parezca, el nudo de la cuestión no es re-reelección sí o re-re no. Esa es sólo la bruma que altera todas las percepciones, opositoras y oficialistas. No es que se trate de un tema menor, sino que por ser tan elocuente y contundente no deja ver casi ninguna otra cosa, tanto o más importante.

Hace mucho que los expertos en derecho y sociología señalan que la degradación de las normas (denominada técnicamente anomia) ya forma parte de la cultura nacional, y que eso es consecuencia de la violación o el incumplimiento sistemático de leyes sin consecuencia alguna, ya sea porque se trata de imposiciones de imposible cumplimiento, porque nadie ejerce el poder de coerción para que se respeten o porque quienes las violan gozan de impunidad.

Así, si la Constitución es la ley de leyes, más temprano que tarde se estaría en la anomia de las anomias. Dado el curso de las cosas, el ritmo de algunos cambios emprendidos por el Gobierno y los proyectos que se acunan en el cristinismo muchas disposiciones constitucionales son pasibles de violación segura o de convertirse en letra definitivamente muerta.

La militancia y la dirigencia kirchnerista pura y dura han sido claras: hay que adecuar el corpus normativo porque ha quedado desactualizado para este tiempo político. Y al anunciar el proyecto de reforma de los códigos Civil y Comercial la Presidenta dio el impulso para ir por más cuando sin falsa modestia dijo: "Me siento un poco Napoleón".

Sin chicanas interpretativas, los ejemplos de lo que entra en colisión con el ideario oficialista alcanzan y sobran con leer las disposiciones iniciales de la Constitución contenidas en la parte dogmática, que la reforma de 1994 no tocó.

Sólo basta con empezar por su artículo 1°, que define el sistema de gobierno como representativo, republicano y federal. Ya se sabe que para el ideario populista (dicho esto como categoría política y no como adjetivo) el republicanismo (usado en tanto categoría y adjetivo descalificativo) la división e independencia de los poderes es una rémora del pasado. Y para la práctica política, una injustificable molestia, que no hace más que ponerle límites al líder, único intérprete y representante genuino y legítimo del pueblo.

Después se podría seguir con conceptos consagrados por la Constitución vigente, como propiedad privada, libertad sindical, libertad de comerciar o protección a la libertad de imprenta, para poner sólo algunos ejemplos.

Por eso, es una pena que, tras la extinción de los estatutos de los partidos políticos y de las plataformas electorales, el debate por la re-re tape cosas tan importantes e impida discutir y descubrir si la mayoría de los argentinos quiere cambiar esos principios o si está dispuesta a ponerles límite a sus violaciones.

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