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Al margende la semana

El alto costo de bajar el déficit energético

Economía

Miguel Galuccio, el CEO de YPF, acaba de echar por tierra dos preconceptos absurdamente arraigados en la Argentina de los últimos años. Uno, que las conferencias de prensa abiertas pueden ser peligrosas: en su presentación ante periodistas locales y extranjeros, cuidadosamente organizada y preparada, salió muy bien parado y corroboró aquella máxima según la cual el problema no son las preguntas, sino en todo caso las respuestas. Otro, que una buena gestión empresaria -en términos de visión estratégica, planes, objetivos e instrumentos- podría ser sustituida por el voluntarismo o la magia, si se trata de obtener resultados.

Por esta última razón quizás el apodo de "el Mago", que recibió desde su regreso a la Argentina, pueda resultarle un arma de doble filo. El éxito del ambicioso programa de inversiones que anunció el jueves no depende en definitiva sólo de su reconocida capacidad técnica y profesional, sino del rediseño de la política energética oficial, que claramente excede su esfera de decisión. En otras palabras, si Galuccio fuera mago, su varita está en manos de Axel Kicillof, presente en la primera fila del auditorio en su triple rol de viceministro de Economía, director estatal en YPF y responsable de la comisión creada por el controvertido decreto 1277 para planificar y regular toda la cadena de hidrocarburos.

El "Plan de los 100 días" prevé inversiones por 37.200 millones de dólares para el período 2013/17 (casi 7500 millones de dólares por año). Con un abanico de destinos que abarca la explotación convencional y no convencional de petróleo; exploración de cuencas productivas y no productivas (1400 millones); explotación de gas (6500 millones) y refinación (8000 millones). En lo inmediato apunta a quebrar la caída de producción en los yacimientos maduros y recuperar para YPF el autoabastecimiento de combustibles en 2014. A mediano plazo la apuesta es invertir en shale oil, no sólo en la prometedora formación de Vaca Muerta, sino también en la cuenca del Golfo de San Jorge (donde hubo tres hallazgos terrestres); en otras cuencas e incluso en áreas off shore.

Para financiar esas inversiones, 32.600 millones de dólares provendrán del propio cash flow y utilidades de YPF, mientras que 12% surgirá de futuros socios estratégicos, tecnológicos o financieros en shale oil y 20% de deuda, mediante la próxima colocación Obligaciones Negociables en el mercado local. No se prevé, en cambio, emitir deuda en el mercado internacional hasta 2013 (presumiblemente por las altas tasas derivadas del riesgo argentino), aunque este mes está previsto una suerte de road show no vinculante, en Houston (EE.UU.). Tampoco se habló de una eventual emisión de acciones. Pero sí que quienes se asocien a YPF en áreas no convencionales (bajo el modelo farm inn más cawy) tendrán acceso al 50% del crudo que extraigan, aunque sin aclararse si será de libre disponibilidad.

El titular de YPF no aludió a los supuestos macroeconómicos de la Argentina hasta 2017 (PBI, demanda de energía, tipo de cambio, inflación) sobre los cuales fue elaborado el plan de inversiones. Tampoco precisó, amparado en normas regulatorias, otro dato clave: a cuánto asciende para financiarlo el flujo de caja de la empresa, que algunos especialistas estiman en torno de 4000 millones de dólares anuales. Pero aportó algunas pistas para suponer que, más allá de la baja de costos que prevé con mayor eficiencia, sus ingresos podrán subir por mayores precios de combustibles y gas natural.

Mayores tarifas o subsidios

¿Quiénes pagan y cómo? Aquí se ingresa al terreno de las decisiones políticas sobre el alto costo de reducir el déficit energético de la Argentina, que incluyen no sólo a YPF sino al resto de las petroleras, al sector eléctrico, a los consumidores y al Tesoro.

Una menor brecha entre el precio de las naftas y el gasoil de la petrolera estatal y algunos de sus competidores (actualmente en torno de 16%) implicaría autorizar subas a YPF aunque con la incógnita sobre si se impondrán o no topes a las demás.

El Gobierno ya hizo punta con el aumento del precio en boca de pozo del gas natural destinado a GNC, traducido en alzas de 15 a 45% que ya se trasladaron a los surtidores. Galuccio argumentó que este ajuste es una muestra de que la regulación por decreto del sector va a favor de una mayor inversión para aumentar la producción de gas. Sin embargo, el GNC (cuyo precio era de 0,90 dólar) representa un 10% de la oferta total del fluido.

La clave, en todo caso, está en la anunciada reformulación del plan Gas Plus, que premia con mayores precios (de 4,6 a casi 7 dólares) a la producción surgida de nuevos pozos, pero con aprobación proyecto por proyecto y donde YPF podría tener una participación más activa. También podría fijarse un precio más alto para la producción de shale gas, que requiere inversiones mucho más altas. El techo son los 11 dólares del gas boliviano importado. Más alto todavía (18 dólares) es el del gas natural licuado (GNL), que ahora pasará a ser importado por YPF por cuenta y orden de Cammesa (la empresa mayorista eléctrica), sin afectar su flujo de caja. Este cambio deja a la estatal Enarsa sin razón de ser, salvo que se investigue el manejo poco transparente de esos embarques.

Pero la cadena energética no termina allí. Cammesa (supervisada ahora por funcionarios de Kicillof) compra el gas plus y el importado y lo vende subsidiado a generadoras, ya sea mediante transferencias o créditos del Tesoro, que suelen ser condonados. Otro tanto ocurre con el fuel oil, aunque YPF acaba de aumentar en 46% su producción para sustituir importaciones. En 2011 los subsidios al sector energético totalizaron 46.000 millones de pesos (67% más que en 2010) y 26.200 millones en los primeros siete meses de 2012 (15, 4% más que en igual período del año pasado). Conclusión: si se frenaran los subsidios, habría un mayor costo para los consumidores mayoristas y/o minoristas, según cómo se traslade.

No obstante, esto no mejoraría la situación de las distribuidoras eléctricas que están en rojo operativo (no tienen fondos y acumulan deudas con Cammesa). Kicillof les anticipó un sistema de costo plus, que les permitiría sacar la cabeza a la superficie y alejar el riesgo de una reestatización, a cambio de convertirse en virtuales contratistas. Igual que las petroleras que venden gas natural para usuarios residenciales a menos de un dólar. Pero el plus, que se agregará a los costos caso por caso, significará más tarifa o más subsidio.

Para 2012, los especialistas calculan que las importaciones de gas y combustibles se ubicarán en unos 11.000 millones de dólares y pocos apuestan a que se reduzcan en 2013, sobre todo si mejora la actividad económica. Esto asegura cepo cambiario para rato. Los más osados arriesgan a un mix de más tarifas y tope a los subsidios, aunque no se atreven a calcular su impacto sobre la inflación.

Las respuestas aún son una incógnita. No sólo dependen de la Comisión Kicillof, sino en última instancia de la Casa Rosada. Máxime en la cuenta regresiva de un año electoral..

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