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Al margen de la semana

Dibujos animados

Economía

Hasta 2011, la elaboración de cada proyecto de presupuesto nacional consistía en un virtual "dibujo" numérico. Su trazo se basaba en subestimar invariablemente el aumento del PBI, la inflación y la recaudación tributaria que, como en cada ejercicio, subían mucho más, generaban altos excedentes de recursos que la Casa Rosada se encargó de gastar o redistribuir discrecionalmente (a través de Decretos de Necesidad y Urgencia), sin pasar por el Congreso.

La historia reciente atribuye a Roberto Lavagna ser autor de esta estrategia allá por 2003/04, aunque el ex ministro de Néstor Kirchner suele defenderse con el argumento de que prefirió ser prudente en sus estimaciones antes que arriesgarse a que la frazada de ingresos quedara corta. Si ese fue el caso, sus sucesores lo transformaron en un método sistemático. Seguramente acicateados desde el poder político y por la mayoría de los gobernadores provinciales, más proclives a que la Nación recaudara y repartiera entre 30/35% más de lo que calculaba, que asumir el costo de cobrar más impuestos locales para aumentar los gastos.

Esa "cadena de la felicidad" se cortó en 2012. No porque el presupuesto de este año fuera confeccionado de otra manera, sino porque aquellos dibujos estáticos cobraron animación al chocarse con otra realidad. En lugar de quedar corta con el crecimiento del PBI, la estimación oficial (5,1% para este año) resultó muy larga: la mayoría de las proyecciones privadas la ubican actualmente entre 1,2 y 2,5% (con un promedio de 2,6% en el relevamiento de expectativas -REM- que recoge el Banco Central). Y si bien la mayor inflación contribuye a elevar nominalmente los ingresos tributarios (al 25%), éstos casi no crecen en términos reales, a diferencia de lo que ocurre con la suba del gasto público (30%). En todo caso, el déficit fiscal (primario y financiero) está dibujado con los aportes al Tesoro del BCRA, que en los últimos meses cobraron cada vez mayor movimiento. Con desaceleración económica todo se hace más difícil.

Esta realidad explica buena parte de las actuales penurias fiscales de las provincias. Y también su correlato político, visible en la subordinación de muchos gobernadores para mantenerse dentro de la lista de reparto de fondos discrecionales. Ser excluido o sacar los pies del plato (casos Santa Cruz, Córdoba, Corrientes o Buenos Aires) asegura un costoso futuro de ajustes fiscales, ya sea vía mayor presión tributaria y/o menores gastos y obra pública. O bien de mayor endeudamiento, que en este caso también requiere aval de la Casa Rosada.

Pero, a diferencia de las provincias, el gobierno nacional puede financiar el déficit fiscal (que en 2012 podría ubicarse en torno del 3% del PBI) a través del BCRA y sin coparticiparlo. Ya sea a través de la "maquinita" de emitir pesos o del uso directo de reservas para pagar vencimientos de la deuda pública (ya que, en rigor, cada vez que el BCRA compra dólares para entregárselos al Tesoro, también emite pesos). Un reciente cálculo del Estudio Broda estima que en 2012 la emisión del BCRA por ambos conceptos podría superar los 95.000 millones de pesos (4,2% del PBI), de los cuales más de una tercera parte se concentraría en los últimos dos meses del año. Este impacto monetario implica mayores presiones inflacionarias y también cambiarias, si se tiene en cuenta la mayor cantidad de pesos frente a un stock de reservas estancado. Desde otro ángulo, un informe de la consultora Abeceb indica que en el período 2008/2011, el financiamiento del BCRA al fisco totalizó 165.800 millones de pesos, cifra que supera en 20.000 millones el gasto en personal (salarios) de todas las provincias en 2011.

Con este "federalismo al revés" -o al menos políticamente selectivo- resulta sugestivo que ninguno de los gobernadores que apoyan una reforma de la Constitución Nacional de 1994 reclame el cumplimiento de la cláusula para establecer un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos. En algunos casos, ni siquiera para dejar sin efecto el 15% que se les retiene con destino a la Anses (cedido cuando se estableció el régimen de jubilación privada) y que, aunque ya no tenga razón de ser, asciende en 2012 a unos 24.000 millones de pesos anuales para el conjunto de provincias. El ex ministro Juan José Llach acaba de revelar, en un artículo publicado por la nacion, que con un régimen impositivo genuinamente federal (con coparticipación de retenciones), las provincias y municipios deberían haber recibido unos 86.000 millones de dólares, de los 172.000 millones en rentas totales que el gobierno nacional captó entre 2003 y 2011.

Acertijos 2013

Nada de esto parece haber sido tomado en cuenta en el proyecto de presupuesto nacional para 2013. Los principales lineamientos macroeconómicos enviados el viernes al Congreso indican que se repitió la fórmula de años anteriores y que el Gobierno insiste en calcular las mejoras reales de ingresos con la inverosímil inflación del Indec (9% anual). Más realistas, en cambio, resultan los supuestos sobre superávit comercial (13.000 millones de dólares) y de reservas al final del año próximo (50.000 millones). Seguramente descuentan una cosecha récord de soja y maíz que, si el clima y los precios acompañan, aportaría un importante flujo de divisas y de ingresos fiscales y retenciones, además de un efecto dinamizador sobre la actividad económica. A ello se suma la posible recuperación de las exportaciones de autos a Brasil. Sin embargo, se advierte una subestimación del déficit energético si se considera que un repunte del PBI provocará mayores importaciones de combustibles y gas natural. La recuperación del autoabastecimiento de hidrocarburos todavía está lejos, lo cual puede afectar como este año al resto de las importaciones y a la inversión privada.

De ahí que por ahora resulten un acertijo las previsiones de crecimiento del PBI en torno del 5%. No sólo porque existe un amplio abanico de proyecciones privadas, que van de 2,5 % a 5%, pasando por 3,9% en el caso del REM. También porque aún resulta una incógnita el crecimiento del PBI "oficial" en 2012 y su efecto de arrastre para el año próximo. Esta última cuestión no es sólo estadística: si supera este año 3,25% (sin reflejar a pleno la fuerte desaceleración del primer semestre) gatillará el pago del Cupón PBI en 2013. Un dilema político costoso para el Indec y el Gobierno: la diferencia de un par de décimas en más o en menos puede implicar el desembolso o no de 3400 millones de dólares. Aun así, el PBI acumularía en estos dos años el crecimiento que registraba en uno solo cuando lo hacía a "tasas chinas".

Con todo, para un año electoral, el dibujo del gasto público en 2013 puede ser tan fantasioso como el del impuesto inflacionario. Cada punto de aumento en el gasto implica unos 4000 millones de pesos de emisión monetaria. Y su impacto sobre precios, desbaratar la carta reservada para actualizar el mínimo no imponible y cambiar las escalas del impuesto a las Ganancias, como una forma de atenuar el malestar de los sectores medios, que ahora protestan en las calles por todo lo que venían mascullando puertas adentro..

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