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Al margen de la semana

Juego sucio, con o sin tarjeta roja

Economía

Ni la crónica inflación de dos dígitos anuales en los últimos seis años ni la sistemática falsificación de estadísticas oficiales para subestimarla son cuestiones que perjudiquen al FMI. Son problemas que afectan y seguirán afectando a la mayoría de los argentinos, en la medida en que el gobierno de Cristina Kirchner no demuestre la voluntad política de reconocerlos y atacar sus causas.

No hay ningún indicio en este sentido. Más bien todo lo contrario. Por más que la Presidenta se haya quejado en Washington por la inusual amenaza futbolística del Fondo de aplicarle "tarjeta roja" (que, a lo sumo, acentuará la incomodidad de CFK frente a sus pares del G-20), lo verdaderamente relevante es el "juego sucio" que viene desplegando el Gobierno con la manipulación de los indicadores socioeconómicos de la Argentina. Y también con quienes los cuestionan (economistas, asociaciones de consumidores, periodistas, dirigentes políticos y sindicales), que de acusadores pasaron a ser acusados, en algunos casos ante la justicia penal.

La politización extrema del Indec desde 2007 y la publicación de índices que sólo incluyen variaciones porcentuales de precios ocultos como si fueran un secreto de Estado han sido el complemento de una política económica que no busca frenar la inflación, sino que la realimenta. Es como si un médico alterara el termómetro para no bajar la fiebre.

Ahora el Gobierno acaba de radicalizar esta estrategia. Cristina Kirchner pasó de omitir toda referencia a la inflación, a defender explícitamente las mediciones del Indec y a descartar que se ubique en torno de 25%, como surge de casi todas las estimaciones privadas y de los pocos organismos provinciales que llevan estadísticas propias.

Esta negación resulta peligrosa en varios sentidos.

Por un lado, aleja cada vez más al Gobierno de la realidad, lo mismo que cuando desconoce las restricciones cambiarias. Mal podría reconocer una inflación paralela de 25% anual cuando, según el Indec, el índice de precios al consumidor acumula en cinco años (agosto de 2012/agosto de 2007) un alza de 54,8% para el nivel general y de 50,9% para el capítulo alimentos y bebidas. Ni tampoco explicar por qué, en ese mismo período, algunos productos de consumo masivo registran en los supermercados incrementos acumulados de tres dígitos: 618% en el caso del pan francés; 341% en azúcar; 242% en café; 177% en yerba mate; 230% en fideos guiseros; 266% en carne picada especial; 265% en jamón cocido; 220% en gaseosas de primera marca, y de 73% a 300% en quesos y otros lácteos.

Si la Argentina no "estalló por los aires" con estos aumentos (ni los de muchos servicios privados), es porque el gobierno kirchnerista dejó de lado al Indec al indexar los ajustes salariales en paritarias (a costa de cierta pérdida de poder adquisitivo entre que se acuerdan y se perciben). Y contrarrestó las subas del gasto público para empujar la demanda con una mayor presión tributaria directa o indirecta (vía impuesto inflacionario y, últimamente, al desindexar los mínimos no imponibles de Ganancias y Bienes Personales). También porque "ancló" el tipo de cambio con ajustes muy por debajo de los costos internos (a costa de un deterioro cambiario que se hace sentir sobre las exportaciones) y congeló las tarifas de energía y transporte (a costa de subsidios estatales crecientes, que en 2013 busca limitar con ajustes tarifarios selectivos para no condenar a la quiebra a varias empresas de servicios públicos). Paralelamente, Guillermo Moreno se dedicó a controlar más el IPC que los precios, excepto los de un conjunto de productos y servicios de consumo masivo para los que autoriza subas más bajas que en otras líneas, a fin de evitar desabastecimiento. Un caso aparte es el del Mercado Central y la feria de La Salada, donde el polémico secretario de Comercio acepta precios subsidiados o sin IVA (nadie vende con factura) y se sospecha que son los que registra el Indec para todo el universo de consumidores.

Malformaciones en cadena

Por otro lado, el juego sucio con la inflación y el IPC provoca un efecto que Cyntia Pok -ex responsable de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec y defenestrada por Moreno- define como "metástasis" sobre otros indicadores. Ya es suficientemente conocido que la subestimación del IPC distorsiona las estadísticas oficiales de pobreza e indigencia (por los inverosímiles costos de sus canastas básicas) y desvirtúa las políticas públicas para los sectores de menores ingresos. Menos difundido es que también altera el cálculo del PBI oficial, que en los últimos años se ubica entre 1,5 y 2 puntos porcentuales por encima de las estimaciones privadas.

Estas malformaciones tienen su origen en 2007, cuando la deliberada subestimación del IPC desnaturalizó los títulos públicos ajustables por CER, emitidos por el gobierno de Néstor Kirchner con el canje de deuda en default. Hoy el pato lo paga la Anses, que tiene en su cartera la mayoría de esos bonos. Y ahora se extienden al pago del Cupón PBI en 2013, según el crecimiento que el Indec fije para 2012. Si fuera inferior a 3,25%, el próximo presupuesto ya prevé un mecanismo para que el Gobierno pueda redistribuir discrecionalmente los 3000 millones de dólares provenientes de las reservas del Banco Central.

Otro problema es que la negativa del gobierno de CFK a que el FMI audite sus indicadores más impresentables aísla a la Argentina del financiamiento externo, a diferencia de otros países de la región que -con indicadores fiscales y de deuda pública menos favorables- lograron estatus de investment grade y colocan deuda a tasas de 4/5% anual. Así mantiene vedada la posibilidad de reestructurar la deuda en default con el Club de París, que le permitiría financiar inversiones en infraestructura a largo plazo y bajo costo. Y se obliga a negociar compras directas (de aviones, trenes, subtes o centrales eléctricas) con países que le otorgan créditos atados (Brasil, China) a precios menos transparentes que en licitaciones internacionales abiertas.

Por no sincerar la inflación, el gobierno de CFK también debe recurrir a argumentos extravagantes para justificarla. El viceministro Axel Kicillof emuló a Amado Boudou al sostener en el Congreso que la inflación no afecta a los asalariados, sino a quienes viven de rentas. No es el caso de los trabajadores en negro (34% de la fuerza laboral), ni de los cuentapropistas, ni de los desocupados (6,7%), que son los que más la sufren, a pesar de la permanente exaltación de las políticas de inclusión social. Su antecesor, el diputado Roberto Feletti, aportó lo suyo al asegurar que los controles cambiarios se mantendrán hasta que se complete la pesificación de la economía. Como si el hábito de ahorrar en dólares de los argentinos no tuviera que ver con el pasado y el presente inflacionario, que el presupuesto 2013 promete acentuar con el uso intensivo de la "maquinita" del BCRA. Sobre todo cuando, en un año electoral, el aumento proyectado del gasto público (16%) resulta tan inverosímil como el de la inflación oficial (10,8 por ciento)..

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