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Opinión / Al margen de la semana

Problemas por sobredosis

Economía

Las sobredosis de gasto público, emisión monetaria e inflación que la economía recibió en los últimos años para sostener el crecimiento récord del PBI -con fuerte desaceleración en 2012- están acarreando los problemas típicos de todas las adicciones: resulta cada vez más difícil reducirlas y, si se las aumenta, sus efectos tienen menos duración, con más daños colaterales.

En este diagnóstico está la génesis de muchas de las actuales distorsiones económicas, agravadas por errores de gestión nunca reconocidos por el gobierno de Cristina Kirchner, que invariablemente los atribuye a teorías conspirativas.

No es ajeno, incluso, al inédito conflicto institucional protagonizado por los efectivos de Prefectura y Gendarmería Nacional, donde la ruptura de la cadena de mandos derivó en una no menos insólita "paritaria" en esas fuerzas de seguridad. Aunque no haya sido intención del Gobierno bajar salarios nominales, una inflación de 25% anual torna inverosímil la hipótesis oficial sobre la existencia de "manos negras" en la aplicación distorsionada del decreto, cuya suspensión la invalida. Más bien habría que atribuirlo a los problemas para reducir otra sobredosis: la proliferación de adicionales no remunerativos destinados a desvincular los sueldos de bolsillo de los costos salariales, tanto del personal en actividad como retirados. Estas sumas redujeron a sólo 40% promedio la proporción de los sueldos "en blanco" dentro del total y promovieron un sugestivo auge de la industria del juicio, con lo cual se descalabró el principio de iguales remuneraciones para iguales jerarquías.

De ahí que el costo de retornar a un escalafón más racional, sólo para estas fuerzas, se calcule en no menos de $ 4000 millones anuales, equivalentes a una quinta parte del presupuesto del área de Seguridad para el año entrante ($ 19.850 millones). Un informe de la consultora Finsoport revela además que este último monto implica una reducción de 11% con respecto al crédito fiscal de 2012, que impediría ajustar los gastos en personal (74% del total) en línea con la inflación. Más aún con la política de trasladar efectivos del interior a la custodia de las zonas más inseguras del área metropolitana, que no parece tener nada de provisional, lo cual eleva viáticos y extras para quienes deben vivir lejos de sus familias.

Sin considerar este último efecto, la distorsión salarial no es diferente de la de otras áreas del sector público, especialmente en las provincias. Según el abogado laboralista Julián de Diego, muchos gobernadores e intendentes hacen uso y abuso de la práctica de subir salarios a través de sumas "no remunerativas" para bajar costos laborales y previsionales, a pesar de un fallo de la Corte Suprema que también los coloca en infracción. Otro tanto -dice- ocurre con la creciente incorporación de agentes como monotributistas. Precisamente, un dato significativo que surge de estadísticas del Indec es que la brecha entre remuneración bruta y neta por puesto de trabajo en el sector público provincial alcanzaba a apenas 1% en el segundo trimestre de este año.

Aunque el empleo de monotributistas es una modalidad que gana terreno en el sector privado, aquí el grueso de las remuneraciones se acuerda en paritarias que también suelen incluir sumas no remunerativas, aunque a cuenta de su posterior incorporación a los sueldos, lo cual sólo posterga transitoriamente para los empleadores el mayor costo laboral. Sin embargo, con inflación en ascenso, la incidencia es significativa: según el mismo informe del Indec, el costo salarial promedio del sector privado creció 38,8% interanual en el segundo trimestre, mientras que la remuneración neta para el conjunto de actividades ($ 6228 mensuales promedio) lo hizo 28,7 por ciento.

La madre de todos los males

Estas cifras relativizan el argumento que María Lucila "Pimpi" Colombo, subsecretaria de Defensa del Consumidor, expuso en una entrevista publicada en LA NACION. Si bien es cierto que los aumentos salariales en paritarias (entre 25 y 27%) no tienen nada que ver con la inflación del Indec (9,9% anual), lo que no dijo es que sí se aproximan a la inflación real calculada por consultoras y organismos provinciales que su jefe directo -Guillermo Moreno- se dedica a multar, enjuiciar o presionar. En todo caso, la mayor divergencia se produce en los sueldos del Poder Legislativo (35,8%, con un promedio de $ 15.149 mensuales) o del Poder Judicial (38,8% y $ 11.498), cuyos promedios se ubican por debajo de los bancos nacionales ($ 19.739) e incluso de organismos en liquidación ($ 20.021). Otro caso de sobredosis surgido del mismo informe del Indec que, sugestivamente, dejó de incluir a los medios oficiales de comunicación.

Desde una postura más académica, Mercedes Marcó del Pont organizó las Jornadas Monetarias del Banco Central con un conjunto de expositores extranjeros invitados a demostrar que la inflación no es un fenómeno atribuible a políticas fiscales y monetarias expansivas sino a causas estructurales y conflictos distributivos que no pueden ser resueltos con metas de inflación. Aún así, uno de los panelistas (el griego Philip Arestis) estuvo al borde de apartarse del libreto cuando explicó que 96 países (más de medio mundo) aplican metas antiinflacionarias, aunque aclaró que sus resultados no difieren demasiado de los que no lo hacen. Otro expositor, Eric Yeldan (de Turquía), sostuvo que las economías emergentes no podían fijar metas de 2 o 3% anual como las desarrolladas, sino más bien de 8 o 10% para obtener mejoras en el PBI. Tal vez asumió que la inflación en la Argentina es la que tratará de defender esta semana en Tokio el ministro Hernán Lorezino (durante la asamblea del FMI y el BM) y que aún así se ubica entre las 10 mayores del mundo.

Más llamativo fue el cierre de las Jornadas a cargo del vicepresidente Amado Boudou. No sólo porque definió como "aire fresco" a teorías que se aplicaron y fracasaron en la Argentina hace 40 años (precisamente a causa de sobredosis fiscales, monetarias y de atraso cambiario). También porque utilizó los mismos argumentos y cifras de CFK para negar la existencia del "cepo cambiario", sin tener en cuenta que la Presidenta había justificado el racionamiento de divisas en la "timba" y la "jauja" cambiaria de 2011, cuando Boudou era su ministro de Economía.

Con más apego a sus propias convicciones, Marcó del Pont enfatizó que la financiación del BCRA al Gobierno (con reservas y "maquinita") no apunta a salvar al sistema financiero como en Europa, sino a promover políticas de inversión pública, inclusión social y diversificación productiva. Un argumento que podría rebatirse con la sobredosis de subsidios estatales para mantener congeladas las tarifas de energía y de transporte, que en el período 2005 a 2011 crecieron nada menos que 1800% en términos nominales, equivalen ya a casi 4% del PBI (un nivel similar al de toda la inversión pública) y desembocaron en un déficit energético de no menos de 5000 millones de dólares. Precisamente, dos de los mayores dolores de cabeza del Gobierno para el próximo año electoral y que pueden ser la caja de Pandora del presupuesto 2013, aunque previsiblemente sea aprobado en el Congreso a libro cerrado..

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