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Cautelares: destituyen a un juez correntino

Había autorizado aumentos a más de 17.000 gendarmes y prefectos

Miércoles 17 de octubre de 2012
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En otra derivación de la rebelión de gendarmes y prefectos por la baja de sus salarios, que se produjo a principios de este mes, el jurado de enjuiciamiento de Corrientes destituyó ayer al juez civil y comercial de Santo Tomé Humberto De Biase Echeverría por "mal desempeño de sus funciones". Lo hizo porque había otorgado más de 17.000 medidas cautelares por reajuste salarial en beneficio de efectivos de la Gendarmería y la Prefectura a fines de 2010.

De Biase fue removido de su cargo por el voto de la mayoría de los integrantes del Jury de Enjuiciamiento correntino. La única que se negó a votar su destitución fue la diputada provincial Nora Nazar, esposa del ex gobernador correntino Raúl "Tato" Romero Feris.

De Biase Echeverría otorgó 17.060 medidas cautelares durante diciembre de 2010 en beneficio de efectivos de la Gendarmería y la Prefectura que habían reclamado reajustes salariales desde 2009, uno de los aspectos denunciados por el gobierno nacional como parte de una supuesta "asociación ilícita" entre jefes de las fuerzas de seguridad, abogados y jueces.

De Biase fue destituido de su rol de juez y suspendido por un lapso de tres meses en la función pública por el voto de seis de los siete miembros del Jury de Enjuiciamiento.

La acusación fue formulada por el fiscal general de Corrientes, César Sotelo, quien denunció que De Biase habría incurrido en una maniobra irregular denominada "forum shopping", debido a "la manipulación de sistemas legales y reglamentarios de organización de tribunales para permitir sentencias favorables en el caso", según informó la agencia de noticias DyN.

En su alegato, el fiscal precisó que en el año 2009, el doctor De Biase inició 61 demandas contra el Estado nacional, haciendo caso omiso a las normativas que establecían su competencia provincial", a las que "sumó las cuatro de 2010 que, según un informe de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, implicaban 17.060 actores". El fiscal general estimó que el perjuicio al Estado nacional por esta avalancha de amparos ascendería a los "1500 millones de pesos".

Tras conocerse el fallo, De Biase calificó su separación de la Justicia de "injusta y arbitraria", y anticipó que apelará la decisión del Jury de Enjuiciamiento, cuyos fundamentos se darán a conocer el próximo lunes al mediodía.

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