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El pulso político

La guerra mediática obnubila al Gobierno

Política

Determinaciones extremas como bajar la palanca y sacar de la pantalla algunas señales de televisión del Grupo Clarín hasta transferirlas a nuevos licenciatarios, o como la intervención y eventual expropiación de Cablevisión, rondan por las cabezas de los funcionarios a cargo del operativo 7-D.

Hay dudas, sin embargo, de que esa clase de medidas no termine teniendo un efecto boomerang sobre el Gobierno, en términos de opinión pública, además de profundizar el aislamiento internacional de la Argentina. Es cierto que, después del reciente triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, la ejecución de cualquier tropelía institucional podría ganar adeptos en el oficialismo. Aun así, no hay dudas de que al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le convendría que la Justicia dirima en su favor el conflicto con Clarín antes de lanzarse a hacer acrobacia mayor sin red.

El problema es que el oficialismo ha fracasado ya varias veces a la hora de lograr que la Justicia avance por el sendero que pretende el Poder Ejecutivo Nacional. No pudo forzar en el Consejo de la Magistratura la designación del juez o la jueza que le garantizara un fallo favorable a la constitucionalidad de los artículos de la ley de medios audiovisuales objetados por Clarín. Y tampoco logró por ahora que la Corte Suprema de Justicia tomara cartas para zanjar la cuestión.

El nerviosismo oficial frente a la falta de resolución del problema derivado de la vacancia del juzgado civil y comercial que debe pronunciarse acerca de la demanda sobre la ley de medios llevó a una desacertada intervención del ministro de Justicia, Julio Alak, a la que no pudo ser ajena la Presidenta.

Alak llegó a insinuar que una sentencia a favor del Grupo Clarín representaría un alzamiento contra las instituciones. Al mismo tiempo, la denuncia penal contra los cinco miembros del Consejo de la Magistratura que no comulgan con el pensamiento oficial, promovida por el Poder Ejecutivo, volvió a unificar a la oposición política y también provocó un escozor poco habitual en el conjunto del Poder Judicial.

Cada una de las frases pronunciadas ayer por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, encierran un significativo mensaje. Fundamentalmente, para el gobierno nacional. Aseveró que "la Justicia es independiente cuando el Poder Judicial está unido" y, una semana después de que Cristina Kirchner enfatizara que deseaba vivir en "un país donde las leyes sean iguales para todos", Lorenzetti sentenció: "La igualdad está en crisis. Nunca se ha hablado tanto de igualdad y se ha hecho tan poco".

Por si todo eso fuera poco, el titular del máximo tribunal reclamó una "política de Estado" frente al problema de la inseguridad.

Indirectamente, es un mensaje que refleja un sentimiento mayoritario. Las más serias encuestas de opinión pública dan cuenta de que entre febrero y octubre, la jefa del Estado argentino perdió al menos treinta puntos de imagen positiva.

La Presidenta ha perdido, de acuerdo con esos análisis, sensibilidad frente a la verdadera agenda de la opinión pública, en parte por privilegiar en demasía una guerra mediática que en ninguna encuesta aparece como preocupación central de la sociedad.

Mientras el Poder Ejecutivo satura la agenda con el 7-D y sigue cosechando cuestionamientos locales e internacionales, la delincuencia sigue golpeando al ciudadano de a pie y se multiplican las dudas en materia económica. Y no porque el mundo se nos caiga encima, como intenta reflejarlo el Gobierno: entre diciembre de 2007 y diciembre de 2012, Brasil vería crecer sus reservas de 180 mil a 375 mil millones de dólares; Uruguay, de 4100 a 12 mil millones, y Chile, de 16.900 a 41 mil millones; la Argentina las vería caer en cerca de 2000 millones..

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