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Editorial II

La ley de riesgos del trabajo

Opinión

 
 

El proyecto de reforma de la ley de riesgos del trabajo, que fue aprobado en el Senado y será tratado en los próximos días en Diputados, constituye un avance para poner fin a la elevada litigiosidad provocada por la falta de articulación entre las indemnizaciones propias del sistema, otorgadas por las Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART), y las demandas judiciales por responsabilidad civil.

La iniciativa oficial termina con la llamada doble vía, que hacía que un trabajador pudiera recibir la indemnización tarifada que establecía la ley de riesgos del trabajo y, posteriormente, recurrir a la acción civil. La actual ley de riesgos del trabajo había establecido un marco reparatorio por accidentes laborales de alcances menores que los del Código Civil, que se apartaba de la concepción reparadora integral, en tanto indemnizaba únicamente daños materiales y el lucro cesante, con un tope.

En 2004, la Corte Suprema resolvió el llamado caso Aquino y declaró inconstitucional el artículo que consagraba el principio de que se trataba de un sistema cerrado, que sólo podría abrirse a la acción civil por dolo del empleador. Así, se generó una ola de juicios, que pasaron de menos de 3000 en 2003 a alrededor de 70.000 por año en los últimos tiempos.

Se dio, entonces, el paradójico caso de que mientras la dotación de empleados registrados crecía y bajaba la siniestralidad en general por los mayores mecanismos de prevención en materia de seguridad laboral, la litigiosidad aumentaba año tras año.

Esta situación, que derivó en cada vez mayores costos para el sistema y para los empleadores, y en una creciente inseguridad jurídica, debió haber sido solucionada hace mucho tiempo frente al vacío legal existente. El principio de solución, tardío por cierto, parecería llegar con el citado proyecto, que plantea la figura de la opción excluyente. En otras palabras, una vez promulgada la norma, el trabajador afectado podrá recurrir a la vía judicial, pero ello implicará su renuncia a la reparación indemnizatoria por la vía del seguro. De igual modo si ocurre en caso contrario.

La iniciativa también propicia un sistema de adecuación automática del monto indemnizatorio especial, cuestionado por insuficiente, que quedaría incrementado en aproximadamente un 300 por ciento. Adiciona un 20% al capital por otros daños, incluido el moral, con un piso mínimo de 70.000 pesos para el caso de incapacidad total o muerte. Determina también un plazo perentorio de 15 días para que se abone la indemnización tarifada del sistema de riesgos del trabajo. Y, finalmente, se deja de lado el pago de la indemnización en forma de renta y, en su lugar, se prevé el pago único.

Estudios privados indican que la indemnización para un trabajador por incapacidad total tendría en adelante un piso de $ 383.000, a lo que habría que adicionar la cobertura de prestaciones en especies, como la médica integral de por vida, y la pensión por invalidez del sistema previsional. Para un trabajador de 40 años con un sueldo de 20.000 pesos, la indemnización se ubicaría en torno de los $ 2.300.000, más los otros beneficios referidos.

En síntesis, puede decirse que el proyecto mejora la protección económica de los trabajadores frente a infortunios laborales, además de permitirles cobrar la indemnización al contado y no en forma de rentas. Y genera más certidumbre de cobertura para el empleador y el asegurador..

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