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Al margen de la semana

Ningún problema en vías de solución

Economía

Para celebrar el primer aniversario de la reelección con el 54% de los votos y la "profundización del modelo", el gobierno de Cristina Kirchner acaba de recurrir al mismo cotillón de los últimos 12 meses: cambios sorpresivos de reglas y toma de decisiones en reemplazo del sector privado.

Hay matices, sin embargo. El plan estratégico para el sector asegurador era negociado por el sector con el Palacio de Hacienda. Pero el resultado no fue el esperado. En lo inmediato, las compañías deberán canalizar sus excedentes (en porcentajes de 5 a 30%, según su ramo de actividad) hacia inciertas "inversiones elegibles". Su destino será elegido por un comité manejado por Axel Kicillof y Guillermo Moreno, entre otros funcionarios, sin participación de las aseguradoras. En el camino quedaron sin fecha algunas contrapartidas, como el seguro agrícola obligatorio para riesgos climáticos o la deducción en el impuesto a las ganancias de los seguros de vida. Por eso quedó la sensación de que más que señalizar el camino, el Gobierno también se ocupará de compartir el manejo del auto. El consuelo fue el nuevo régimen de ART, convertido en ley apenas un mes después de haber ingresado al Congreso. No es poca cosa teniendo en cuenta que, hasta no hace mucho, esas compañías temían seguir los mismos pasos de las AFJP.

Ahora la alarma se trasladó al ámbito bursátil. No sólo porque el proyecto de ley para reemplazar la antigua autorregulación del alicaído mercado de capitales por una regulación más estricta de la Comisión Nacional de Valores afecta, sin previo aviso, a agentes y empresas cotizantes. También porque en los últimos tres años la CNV no escapó a la politización que sufrieron otros organismos técnicos del Estado, como fue evidente en el caso Papel Prensa. Como ya es habitual en las entidades empresarias, ningún directivo de la Bolsa salió a defender públicamente el sistema. Era una buena oportunidad para desempolvar un viejo debate: si el reducido tamaño del mercado local tiene que ver con su marco regulatorio o con la desconfianza que crean las permanentes sorpresas y vaivenes de la política económica. Para quienes adscriben a esta última explicación, la pesificación compulsiva de los bonos en dólares de la provincia del Chaco (que será replicada por Formosa y Tucumán) resulta un argumento irrefutable. Tanto como la apabullante sucesión de controles cambiarios, restricciones a la libertad de empresas o sectores empresarios, cambios de reglas institucionales, negación de problemas objetivos y proliferación de teorías conspirativas, que caracterizaron al primer año del segundo mandato presidencial de CFK.

Mal punto de partida, malos resultados

El diametral cambio de política económica que se inició el 31 de octubre de 2011, cuando la AFIP pasó a tener un rol policial sobre el mercado de cambios, tuvo un mal punto de partida. Después de ocho años de crecimiento récord del PBI (casi 80% acumulado), el Gobierno apostó a "profundizar" el modelo, cuando en realidad debía corregir los problemas económicos de arrastre (deterioro fiscal, externo y cambiario, alta inflación, pérdida de competitividad, déficit energético, subsidios insostenibles, precios relativos distorsionados) para sostenerlo. Le sobraba capital político para hacerlo, con una estrategia articulada y gradual que atacara las causas y no los efectos de esos problemas. Pero en lugar de generar más confianza optó por más controles, en un camino sin retorno que además incluyó apoderarse de las "cajas" del Banco Central para financiar el déficit del sector público y del control de YPF para enmascarar el déficit energético.

A un año de ese viraje los resultados están a la vista: la inversión se desplomó (16%) y el PBI tuvo tal desaceleración que en 2012 crecerá, en el mejor de los casos, entre 2 y 3%; o sea un tercio de la suba de 2011 (8,9% según el cálculo oficial). A pesar de lo cual la inflación se ubicará un escalón más arriba (25% anual, casi tres veces más que el registro del Indec). Poco tiene que ver la economía mundial en aquel bajón, salvo el menor crecimiento de Brasil (algo menos de 2%) que afectó las exportaciones automotrices.

Sin embargo, el peor resultado es que ninguno de los problemas clave pendientes a fin de 2011 está en vías solución.

Los controles cambiarios y las trabas a las importaciones apuntaron a "blindar" las reservas del BCRA, en un nivel relativamente alto (47.500 millones de dólares) y alejado de un escenario de crisis. Pero al cerrarse la salida de capitales también se bloqueó la entrada. De ahí que las reservas sufrieron un drenaje que las ubicó la última semana en 44.900 millones, antes de que la Anses aportara 500 millones para ayudar al Tesoro con los vencimientos de deuda de fin de año (unos 2800 millones) y disimular la caída.

Tampoco se corrigió la pérdida de competitividad. Aunque el BCRA aumentó en los últimos meses el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial (16% anualizado, el doble que en el mismo período del año pasado), la persistencia de la inflación siguió elevando costos y salarios en dólares. Hoy, el tipo de cambio real frente al dólar está en niveles similares a los de la convertibilidad. Y como el peso se devaluó frente al dólar menos que la moneda brasileña, un cálculo del Estudio Broda estima que el tipo de cambio nominal debería ubicarse en 6,49 pesos para mantener la misma paridad real que existía en julio de 2011. Además, el mayor ritmo devaluatorio impulsó una suba de tasas de interés (entre 15 y 16% anual), para evitar que el exceso de pesos se volcara al mercado paralelo, donde la brecha con el dólar oficial se ubica en torno de 34%. Esta diferencia cambiaria, más la pesificación de los créditos hipotecarios, derrumbó al mercado inmobiliario y frenó la industria de la construcción.

La reversión del déficit energético está tan lejos como la recuperación del autoabastecimiento de hidrocarburos. En el último coloquio de IDEA, el especialista Daniel Gerold estimó en 100.000 millones de dólares las necesidades de inversión del sector para los próximos cinco años. Este cálculo incluye el plan de 37.500 millones anunciado por YPF que, a seis meses de su reestatización, no consiguió socios para explotar el petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta (cuyas condiciones dependen de Kicillof). Tampoco financiamiento externo a tasas razonables por la suba del riesgo país, pese a que en el mundo hay capitales a precios de liquidación. A su vez, las distribuidoras de electricidad y gas están en emergencia porque ya no logran cubrir sus costos operativos, al igual que ahora las generadoras termoeléctricas. Pese a ello, los subsidios a la energía y el transporte apuntan a superar este año los $ 80.000 millones e impactan sobre el déficit fiscal.

Para 2013 la economía vuelve a depender de factores exógenos al "modelo", como la soja y la reactivación brasileña, que aportarían entre uno y dos puntos al crecimiento del PBI, así como un ingreso extra de divisas (US$ 7500 millones) y recaudación por retenciones. Un bonus que el Gobierno descuenta, pero no parece ser decisivo mientras la política económica sea un rompecabezas de sobresaltos y recetas anacrónicas..

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