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Impunidad

En el país del crimen sin castigo

Opinión

En Crimen y castigo, el gran Dostoievski penetró en las profundidades más inabordables del alma humana, en ese territorio abismal en donde se incrusta el ancestral sentimiento de culpabilidad. En sus páginas, Raskolnikov comienza siendo un antihéroe que, tras matar a una vecina para hacerse de un dinero, logra sortear el castigo de la ley positiva, termina por encarnar una conciencia moral que se torna un flagelo personal que emerge de su lucha interior frente al mal cometido.

No se trata de una cuestión epocal, pues una de las prohibiciones sobre las que se construyó la civilización es el homicidio. Frente al impulso de destrucción, disponemos de apenas dos armas: la angustia de culpabilidad y el temor al castigo. Esas armas fueron neutralizadas en la Argentina que nos duele. Un Raskolnikov que se entrega voluntariamente a la justicia es poco creíble cuando el delincuente es tenido por una víctima condicionada por factores psicosociológicos que lo exoneran de la culpa, en un sistema penal que favorece la evanescencia de la angustia de culpabilidad y la exoneración de la pena por cumplir gracias a la cual puede continuar delinquiendo.

Pero lo que nos duele no es literatura. La deslegitimación del sistema penal es alentada por el ministro de la corte Eugenio Raúl Zaffaroni, cuyas ideas fueron acogidas acríticamente por sus discípulos, jueces, fiscales y docentes universitarios que no perciben los riesgos de llevar al terreno operativo postulados que si bien pueden ser la fuente de interesantes debates teóricos, no deberían ser puestos en práctica, tal como lo prueba el incremento del delito de los últimos años.

La doctrina vigente defiende un abolicionismo disfrazado de derecho penal mínimo, orientado a proteger a los perseguidos por un Estado-Leviatán, una especie de monstruo animado por una compulsión a castigar discrecionalmente a sus víctimas, seleccionadas entre los más vulnerables, entre los pobres y los marginales que sobreviven condicionados por fuerzas estructurales que los sobrepasan, tales como "la frustración escolar de la persona", Zaffaroni dixit. En este escenario compasivo, no parece advertirse que tal como observa el investigador mexicano Alejandro Tomasini, "esos factores socioculturales son nociones extrajurídicas que señalan los condicionamientos de un sujeto y hasta las causas que pueden ser el caldo de cultivo del delito, pero no son las razones motivacionales que llevan a delinquir, que es el objeto de la juridicidad".

Quienes "caen presos", añade el magistrado, caen por "tontos" y "torpes". Y en una sociedad injusta es injusto castigarlos cuando no se castigan los grandes negociados (ejercidos en complicidad con las autoridades políticas y, de más está decirlo, judiciales). Se impone entonces una lógica impunitiva "igualitaria" que en lugar de buscar sancionar a todo aquel que transgrede la norma, se lo exonera: como no se castiga al poderoso, tampoco debe castigarse al "tonto" y "torpe".

Ya el jurista Carlos Nino señalaba veinte años atrás que la victimización desconoce la capacidad de elección del delincuente. Y al descalificarlo, hace de él "un objeto de manipulación con fines benéficos", omitiéndose que los factores socioculturales invocados afectan de forma semejante tanto al delincuente como al que no lo es.

Este ideario niega, además, la eficacia preventiva del castigo y aduce que el endurecimiento de la pena "no sirve para nada" porque el delincuente no circula con el Código Penal en la mochila como si se tratara de una guía turística para consultar para saber de antemano cuál de los delitos es sancionado más gravosamente o cuál puede gozar de mayores beneficios de excarcelación. Pese a esta caricaturización del delincuente, es innegable que éste hace un balance del costo-beneficio, pues le inquieta la debilidad o fortaleza del sistema de investigación criminal que determina la aplicación de la norma o los medios que se emplean para hacerla efectiva. Si en lugar de confiar en chicanas procesales que le reducirán o hasta lo exonerarán de la sanción, el delincuente tuviera la certeza de que la pena fijada se cumplirá sin una sarta de "beneficios" tan legales como riesgosos para la sociedad, se acabaría el negocio en un sistema penal cimentado en la connivencia y la complicidad entre delincuentes y numerosos policías, abogados y jueces. Un negocio que empieza a facturar apenas es capturado: si la pena perpetua fuera perpetua (como lo es la pena de quienes lloran a las víctimas) o de ser menor, fuera de efectivo cumplimiento y no se negociara, se acabaría con gran parte de la corrupción del sistema.

Cuando es denunciada, la defensa corporativista obstaculiza todo intento de enjuiciar a magistrados cómplices, como Axel López (uno más entre otros ya exonerados como Sal Lari o Carlos Flores), a quien el Consejo de la Magistratura exculpó porque "no había hecho nada malo" cuando benefició con salidas transitorias a un violador que reincidió. Es el mismo juez que le concedió libertad condicional al cuádruple violador, devenido remisero, quien usó ese "beneficio" para matar a Tatiana Kolodziez. "Beneficios" que, pese a ser optativos, son concedidos con prodigalidad asesina por jueces indirectamente asesinos.

Con su complicidad, el Estado insiste en su experimento social que se vale de este ideario como de un instrumento homicida tan legal como ilegítimo: un informe de la OEA concluye que encabezamos el ranking de robos en el continente. Y el Ministerio de Salud de la Nación denuncia que el segmento "muertes de causa externa de intención no determinada" encubre las tasas reales de muertes violentas. Con su silencio, el Estado es -por omisión- un ejecutor indirecto de los crímenes.

Hay dos vías no excluyentes para combatir el delito: una se construye a partir de políticas sociales autosustentables basadas en una escolarización de calidad, en la formación de los jóvenes en escuelas técnicas y de oficios, y en la creación de fuentes genuinas de trabajo. Pero como es lenta y aporta escaso rédito político a corto plazo, la oportunidad de implementarla se perdió en los últimos años con la ejecución de políticas asistencialistas que no contribuyeron a disminuir la delincuencia.

La segunda vía es la sanción penal, inaplicable mientras sólo se invoquen las garantías constitucionales a favor del reo y se alegue que aplicar las penas o tipificar conductas es un error inútil que en poco tiempo terminará por colapsar el sistema, pasándose por alto que si la cadena sancionatoria es vulnerable, no se deben imponer sanciones más laxas, sino hacer que sus eslabones se encarnen en una fuerza policial, un poder judicial y un servicio penitenciario más eficientes y menos corruptos.

Con el beneplácito de un Gobierno que se ufana de la defensa de las garantías que afectan de forma desigual a los "vatayones militantes" y barras bravas que a los que viven en el marco de la ley, los agentes públicos que nos representan -los poderes ejecutivo, legislativo y judicial- carecen de la voluntad política de penalizar el delito. Si el Gobierno fuera tan igualitario en el ámbito penal como se proclama en todas las demás áreas de su incumbencia, si le importara que una vida arrancada por la absurda violencia sea consentida y alentada por su complicidad y por su silencio garante de la impunidad, si los derechos humanos no fueran privativos de los que delinquen y si se tomara conciencia de que, cuando un inocente es asesinado, poco tienen que ver la izquierda o la derecha o las dictaduras o las democracias o el gobierno o la oposición; si en lugar de llorar sólo a los muertos de la dictadura se llorara también a los muertos silenciados por la democracia, que no le sirven al relato, si pudiera todo ese dolor hacerse carne en cada uno de los argentinos que aspiramos a una nación pacificada y previsible, habríamos dado el primer paso en un itinerario guiado por la cordura, por la verdad y por la justicia. Ese itinerario que, si aspiramos a sobrevivir como un Estado de Derecho, debemos comenzar a recorrer.

© LA NACION.

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