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Ley de medios

Aumenta el Gobierno la presión sobre la Justicia

Política

El ministro de Justicia, Julio Alak, redobló ayer la presión oficialista sobre los jueces: afirmó que si la Corte Suprema se niega a resolver per saltum la causa que inició el Grupo Clarín contra la ley de medios "se estaría en la antesala de un conflicto de poderes".

El Grupo Clarín planteó que algunos artículos de la citada ley violan la Constitución nacional. Pero Alak insistió ayer públicamente en que "la Corte debería hacer cumplir la ley" de medios.

Fue en simultáneo con el anuncio de que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, denunció penalmente al juez Francisco de las Carreras, un histórico integrante de la Cámara Federal Civil y Comercial. El Gobierno busca que De las Carreras y otros jueces que también denunció no intervengan en la causa, para reemplazarlos por otros más afines. A De las Carreras lo acusó específicamente de "recibir dádivas" del Grupo Clarín. Como en un escrito el juez mostró documentos que probarían que la acusación es falsa, el Gobierno lo vinculó con una ONG internacional dedicada a la radiodifusión.

Durante el último mes, el Gobierno, para asegurarse un fallo que obligue al Grupo Clarín a desprenderse de licencias, recusó a varios magistrados; forzó la renuncia del juez Raúl Tettamanti y de los camaristas Martín Farrell y Santiago Kiernan; denunció penalmente a los camaristas Ricardo Recondo y De las Carreras, e impulsa la sanción de una ley para llevar rápidamente el caso a la Corte por vía de per saltum.

El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, ayer, en una entrevista televisiva en la que también Alak estaba presente, blanqueó la estrategia del Gobierno: dijo que deberían entrar a actuar algunos de los 16 conjueces nombrados por la presidenta Cristina Kirchner a quienes el Senado les dio acuerdo la semana pasada.

 
El consejero Ordiales, el ministro Alak y el senador Fuentes presentaron la denuncia contra el juez De las Carreras. Foto: Télam 
 

El Gobierno está haciendo sentir, día tras día, muchísima presión sobre toda la Justicia, según alertaron a LA NACION varios jueces que fueron destinatarios directos de esa embestida y que, por temor, piden reserva de sus identidades.

Uno de los destinatarios de esa embestida es la Corte Suprema, donde el Gobierno, por cierto, cuenta con la simpatía de varios jueces. El Gobierno desea que a los magistrados supremos les quede bien en claro cuál es el sentido del fallo que espera de ellos.

Por eso, en apenas unas dos semanas, el Senado, con el voto del kirchnerismo, le dio media sanción a una ley que establece el per saltum y, en tiempo récord, anteayer se aprobó dictamen de comisión en la Cámara de Diputados, para llevar el proyecto al recinto el 14 de noviembre.

El senador Miguel Pichetto, durante el debate en la Cámara alta, había sincerado que el proyecto tenía sentido político y que era llevar rápidamente la causa Grupo Clarín a la Corte. Pero, ayer, Alak, aunque más prolijo, fue aun más explícito.

Si bien admitió que el artículo 161 de la ley de medios -que obliga a las empresas a vender algunas de sus licencias- "podría quedar suspendido", aún después del "7 de diciembre", Alak opinó que la Corte debería tomar inmediatamente el caso ante "la situación de gravedad institucional".

Si una vez que la ley de per saltum quede aprobada la Corte no toma el caso, según el ministro se plantearía "un conflicto de poderes, porque el Congreso sanciona una ley y hay otro poder que impide su aplicación". Alak no dijo que, precisamente, es una atribución de los jueces examinar que las leyes que sanciona el Congreso son válidas.

Pero las presiones también van a los jueces inferiores, para separarlos del caso.

A eso apunta la denuncia que Abal Medina presentó ante la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que este lunes la presentará ante la Justicia. Curiosamente, el lunes empieza el turno de Norberto Oyarbide, pero la causa también podría caer, por sorteo, en alguno de los otros jueces, cuatro de los cuales acaban de ser nombrados por la Presidenta.

El Gobierno había dicho que De las Carreras fue invitado por Clarín a un viaje a Miami con todo pagado. Cuando el juez mostró que había viajado a una reunión del Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Certal), el Poder Ejecutivo corrigió el rumbo. Pasó a reconocer que fue el Certal el que invitó al juez, pero dice que esta ONG internacional es una pantalla del Grupo Clarín. Para vincularlos, sostiene que un ejecutivo de Clarín está en el directorio de Certal.

La ONG, en un comunicado difundido ayer, explicó: "Es un centro de estudios absolutamente independiente de cualquier empresa, formado por ex presidentes, políticos, expertos en telecomunicaciones, catedráticos internacionales y empresarios de primera línea".

En el listado de directores de Certal aparecen, por ejemplo, Jorge Navarrette Martínez, ex director de Televisión Nacional de Chile en los gobiernos de Patricio Aylwin y Ricardo Lagos, y un largo listado de empresarios y profesionales de Paraguay, Direct TV Latinoamérica (Colombia), y empresarios de Uruguay, España y Panamá.

Los caminos posibles

    Cómo sigue el caso Clarín en las distintas instancias
  • Primera instancia / Más cerca del Gobierno
    El caso por el reclamo de Clarín contra la ley de medios quedó en manos del juez Horacio Alfonso. El Gobierno cree que fallará contra la empresa
  • La cámara / En plena batalla
    El Gobierno desconfía de los jueces de la Cámara Civil y Comercial que deberían tratar la causa en segunda instancia. Por eso, recusó a algunos y denunció a otros. Pretende que los reemplacen suplentes de una lista de opciones más afines al kirchnerismo. Allí se tramita también un pedido de Clarín para extender la medida cautelar que lo beneficia
  • La corte / De apuro
    En la Casa Rosada temen que el trámite en la Cámara se retrase y eso impida forzar la venta de medios de Clarín el 7 de diciembre. Por eso, apura la ley de per saltum, para reclamarle a la Corte Suprema que tome el caso de urgencia. En el máximo tribunal ni el Gobierno ni Clarín tienen claro cómo están las posiciones respecto del caso

dixit

  • Julio Alak
    Ministro de Justicia

    "Si la Corte Suprema no toma el caso per saltum, se estaría en la antesala de un conflicto de poderes."

Del editor: qué significa
Las presiones a la Corte no son nuevas. La diferencia es que ahora el Gobierno decidió que se noten. Concibe el 7-D como la batalla para mostrar quién manda en el país.

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