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Una feroz persecución a los jueces

Opinión
 
 

Cinco jueces fueron abatidos en apenas quince días. Pertenecían todos al mismo fuero, el Civil y Comercial, que debe resolver sobre la obsesión presidencial para desguazar a un multimedio periodístico. La minoría opositora del Consejo de la Magistratura fue sometida al escarnio público y uno de sus miembros, Ricardo Recondo, fue blanco de una intensa campaña pública de calumnias. La Corte Suprema de Justicia está siendo acosada con el proyecto oficialista del per saltum, que la obligaría a saltar por encima de las todas instancias judiciales para decidir directamente sobre asuntos considerados trascendentes por el kirchnerismo. La calidad de la democracia argentina fue puesta, así, en un peligroso proceso de caída libre, cuya conclusión será la instauración de hecho de un régimen autoritario.

El conflicto está en los fines y en los medios. El fin es la destrucción del principio de la división de poderes. No es un problema sólo de la dirigencia política; es, sobre todo, una cuestión clave de la sociedad. La libertad depende de la división de poderes, según la definición de Montesquieu. Sin un poder judicial independiente, la libertad política estaría terminada. El medio, a su vez, es la difamación de personas que han hecho una larga carrera judicial y que cuentan con prestigio como jueces. Vidas reinventadas, acusaciones falsas, rumores de deshonra, mentiras inhumanas. El enorme poder mediático de ofensas y ultrajes del kirchnerismo alcanzó en los últimos días su incomparable apogeo. Todo vale.

La ofensiva contra la Justicia sucedió en los mismos días en que Cristina Kirchner se notificó de que su eventual re-reelección en 2015 es un proyecto muerto. El documento de senadores nacionales opositores (y también de diputados), que anticipó la negativa a habilitar el debate sobre la reforma de la Constitución, terminó con la idea del oficialismo de ofrecer la misma Kirchner ante la falta de otro Kirchner. Sin una parte de esos votos opositores, es imposible para el Gobierno alcanzar la mayoría especial que necesita el cambio constitucional.

La decisión de los legisladores opositores, sin embargo, no hizo más que confirmar formalmente lo que ya era una certeza. Son las encuestas de una presidenta en franca decadencia de popularidad lo que selló la suerte del programa reeleccionista. Cristina Kirchner tiene ahora sólo el 35 por ciento de aceptación social; sus políticas son rechazadas por más del 60 por ciento de los encuestados, y el 70 por ciento de la sociedad no quiere su re-reelección.

El cristinismo (con Cristina a la cabeza) cree que la eliminación del periodismo independiente podría modificar la situación de la opinión pública. La televisión, las radios y los diarios que han caído en manos de sus amigos se convirtieron rápidamente en voceros de las calumnias a los opositores y en convencidos promotores de las bondades del kirchnerismo. ¿Cómo no suponer, entonces, que las cosas cambiarían en un mundo sin periodistas?

El juez más perseguido por la difamación es un miembro del Consejo de la Magistratura, Recondo, a quien se le atribuyen vinculaciones espurias con el menemismo. La denuncia choca con un escollo insalvable: Recondo no fue juez en los años del menemismo. Se retiró como camarista en 1986 para ser subsecretario de Justicia de Raúl Alfonsín. Desde ese cargo, denunció penalmente a Aldo Rico por el intento de golpe de Estado en la Semana Santa de 1987. En 2002 concursó para volver al cargo que había dejado 15 años antes y lo ganó. En los últimos 10 años fue elegido por sus pares como presidente de la Asociación de Magistrados y, luego, como representante de los jueces ante el Consejo, que es el cargo que tiene ahora. La imputación que le hacen se refiere a su amistad con los hermanos Anzorreguy, familia a la que conoce desde hace 40 años. ¿Cuál es el pecado? ¿Hasta qué extremos ha llegado el sectarismo? ¿Qué podían hacer los Anzorreguy por él en los años del menemismo si Recondo era entonces sólo un abogado particular?

El otro juez que se sorprendió en medio de un torbellino de agravios es Francisco de las Carreras, miembro de la Cámara Civil y Comercial que deberá resolver si prorroga más allá del 7-D la cautelar que protege las propiedades de Clarín. Descendiente directo del presidente de la primera Corte Suprema de Justicia que tuvo la Argentina, que llevaba su mismo nombre, De las Carreras es conocido porque ni sus familiares pueden hablar con él de las causas que debe resolver.

Lo acusaron de haber viajado a Miami invitado por el Grupo Clarín. En un extenso descargo, acompañado por copias de tarjetas de crédito y hasta de cuentas bancarias, el juez demostró que viajó invitado por una ONG internacional de comunicaciones y por la Federación Latinoamericana de Magistrados a un congreso lleno de jueces argentinos y extranjeros. Pagó de su propio bolsillo todos los gastos extras. El descargo ratificó la honestidad de un juez prestigioso, pero el Gobierno no lo leyó y lo denunció penalmente. Su caso será como el de Esteban Righi, falsamente denunciado por tráfico de influencias. Righi renunció a la jefatura de los fiscales, donde lo sucedió una kirchnerista extasiada. Dos meses después fue declarado inocente por un juez. Inocente, pero ya fuera del cargo que tenía.

De las Carreras está ahora recusado y denunciado penalmente. Quedó fuera de juego, al menos por un tiempo. Dos miembros de la misma Cámara, Martín Farrel y Santiago Kiernan, renunciaron en esas mismas horas. Eran jueces interinos y también prestigiosos, que se apartaron y les dejaron sus lugares a los conjueces que el kirchnerismo nombró después de un trámite exprés en el Senado, sin la participación del Consejo de la Magistratura y sin ningún escrutinio público. Fue extraño que Farrel y Kiernan hayan renunciado tan fácilmente. Las versiones que existen son frágiles, porque nadie puede obligar a un juez a renunciar. La renuncia o la permanencia de los magistrados dependen del coraje y la actitud de ellos frente a la adversidad. Es cierto, de todos modos, que vienen de un mundo que está muy lejos de los feroces castigos de la política. No están acostumbrados a eso. Antes habían sido recusados los jueces de primera instancia Raúl Tettamanti, que también renunció, y Roberto Torti, todos del mismo fuero.

En la semana que se inicia, el kirchnerismo tratará de darle aprobación definitiva en la Cámara de Diputados al proyecto de per saltum. El proyecto es raro e inconstitucional. Las funciones de la Corte Suprema son reglamentadas por la Constitución y por la ley nacional 48. La rareza consiste en su redacción. En el primer artículo dice que la Corte "procederá" (es decir, el Gobierno le mandará los asuntos que crea conveniente), pero en el segundo artículo señala que la Corte es la que decidirá a qué temas se abocará saltando todas las instancias procesales. ¿En qué quedamos? ¿Será el Gobierno o será la Corte? Embarran a la Corte; ésa es la única conclusión, dijo un funcionario cercano a los máximos jueces del país.

En esa ordalía de calumnias perpetradas por el oficialismo, un desaforado diputado de La Cámpora, Andrés Larroque, llamó "narcosocialistas" a los seguidores de Hermes Binner. La calumnia como herramienta del Estado. Fue un agravio a la democracia y a sus modos. No hay ningún kirchnerista en condiciones de frenar a los camporistas bendecidos por Cristina. También dentro de ese contexto, versiones insistentes sostienen que los gremios de canillitas dejarían al país sin diarios justo en los días del cacerolazo previsto para el próximo jueves. Es cierto: la libertad se apaga cuando los jueces no están..

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