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Violencia de los 70

Negó la Iglesia haber sido cómplice de la dictadura militar

Política

La Iglesia reivindicó la actuación de los obispos argentinos durante la última dictadura militar y negó que hubieran tenido alguna complicidad con los hechos delictivos de la década del 70. No obstante, se comprometió a revisar el papel que cumplió la jerarquía eclesiástica en ese tiempo y a aportar a la Justicia "todos los antecedentes", como ya lo viene haciendo cada vez que se le requirió.

Al concluir ayer cinco días de deliberaciones en Pilar, la asamblea del Episcopado aprobó una declaración de tres carillas, en la que renueva el llamado a la reconciliación y desestima declaraciones del ex dictador Jorge Rafael Videla, que atribuyó responsabilidades delictivas a "quienes entonces conducían el Episcopado".

Según explicaron a LA NACION voceros de la Conferencia Episcopal, los obispos decidieron responder al ex presidente de facto en la primera reunión plenaria que tuvieron tras las polémicas declaraciones que Videla formuló hace unos meses en el libro Disposición final , de Ceferino Reato, y en una serie de entrevistas con la revista española Cambio 16.

Los obispos advierten en el documento que "no todos los miembros de la Iglesia pensaron y actuaron con idénticos criterios". Y citan al actual presidente del Episcopado, monseñor José María Arancedo, quien en agosto último dijo a LA NACION: "Que haya habido una suerte de connivencia es totalmente alejado de lo que hicieron los obispos involucrados en ese momento".

En los años de la dictadura se sucedieron en la presidencia del Episcopado los cardenales Raúl Primatesta y Juan Carlos Aramburu. "De los obispos que nos precedieron hemos recibido su palabra y testimonio. Ellos intentaron hacer cuanto estaba a su alcance por el bien de todos, de acuerdo con su conciencia y juicio prudencial", señala el documento.

"Conocemos los sufrimientos y reclamos de la Iglesia por tantos desaparecidos, torturados, ejecutados sin juicio, niños quitados a sus madres, a causa del terrorismo de Estado. Como también sabemos de la muerte y desolación causada por la violencia guerrillera", explican, al referirse a "un tiempo especial de desencuentro y de enfrentamientos dolorosos".

Los obispos transcriben en el documento distintas declaraciones emitidas por la Iglesia en los años de violencia. "Someter a una persona a la tortura para arrancarle informaciones o confesiones [...] siempre es ilícito", expresó el Episcopado el 16 de marzo de 1972. Y citan el documento "Iglesia y comunidad nacional", que en 1981 condenó "todo tipo de violencia".

Allí, el Episcopado consideró "reprobable la violencia ejercida por la guerrilla, que aun operando durante el gobierno democrático, atentó contra la vida de personas e instituciones. Pero menos aún puede legitimarse la violencia ejercida por el Estado, fuera de la ley, ni por grupos paramilitares".

La asamblea episcopal recordó ayer que la celebración del Jubileo, en el año 2000, motivó a la propia Iglesia a "revisar su vida y a pedir perdón, como pocas instituciones lo hicieron". Al señalar que "la reconciliación no es «borrón y cuenta nueva»", estimaron necesario "el empeño en la búsqueda de la verdad, el reconocimiento de cuanto sea deplorable, el arrepentimiento de quienes sean culpables y la reparación en justicia de los daños causados".

El llamado a la reconciliación se extiende al momento actual, dijo a LA NACION una fuente episcopal, al advertir que "la violencia y las agresiones son formas de comportamiento que no conducen a nada"..

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