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Ley de medios

Inquietud en la Corte por el posible uso del per saltum

Política

Los jueces de la Corte Suprema están convencidos de que la ley del per saltum , sancionada el miércoles por el Congreso Nacional a instancias de la presidenta Cristina Kirchner, los colocará a ellos en el centro de todas las presiones.

Saben, es cierto, que el expediente del Grupo Clarín no les llegará en forma inmediata.

Según surge de la nueva ley, es imprescindible, antes de que el Poder Ejecutivo pueda plantear este nuevo recurso, que el juez Horacio Alfonso -o cualquier otro que lo reemplace- dicte la sentencia, y esto todavía no ocurrió.

Y, por otra parte, el Gobierno viene provocando una cascada de renuncias, recusaciones y excusaciones de jueces y camaristas, con lo cual logró verdaderamente paralizar a la Cámara Federal Civil y Comercial. Por ejemplo, ayer, sin fundamento alguno, fue recusado y se excusó el camarista Guillermo Antelo, con lo cual, ahora, comenzarán a intervenir los jueces de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, casi enteramente dominada por el Gobierno.

Vista así, la ley del per saltum, por ahora, es todavía más una amenaza o una herramienta de presión que una realidad palpable. Pero los jueces supremos evalúan los riesgos que se avecinan.

"El per saltum no nos gusta. En los años 90, cuando la Corte tomó varios casos por salto de instancia, no salió bien parada. La política manchó todo", se escuchó decir en varios despachos del alto tribunal.

Claro está que ninguno de los magistrados saldrá públicamente a cuestionar la norma sancionada el miércoles, porque en definitiva es una ley del Congreso. Pero les disgusta que los legisladores kirchneristas hayan sancionado una ley con nombre y apellido, como la definió el diputado radical Ricardo Gil Lavedra y lo aceptó su colega kirchnerista Diana Conti.

"El Gobierno convirtió el caso de la ley de medios y del Grupo Clarín en un tema central de su agenda y nos quiere empujar al barro para que nos embarremos", se escuchó evaluar, en forma coincidente, a cuatro encumbrados funcionarios de la Corte.

Como los jueces de la Corte daban por descontada la sanción de la ley, encomendaron a uno de sus asesores un estudio del proyecto. Y la evaluación técnica, en principio, no fue negativa. Pero las objeciones que deslizan los jueces no son técnicas, sino políticas.

La Presidenta, a través de varios frentes, está desarrollando una muy agresiva estrategia contra el Grupo Clarín:

  • El Congreso sancionó la ley de per saltum y lo hizo en un plazo inusualmente breve, de 23 días.
  • Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (Afsca), dio a conocer el listado de grupos empresarios que exceden los estrechos parámetros de la ley de medios, pero dejó bien en claro que el Grupo Clarín será el más desfavorecido por la aplicación de la ley de medios.
  • La causa donde el Grupo Clarín planteó la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley de medios quedó en manos del juez Alfonso, un magistrado del Juzgado Federal Civil y Comercial N° 2, que es cercano al Poder Ejecutivo.

Pero el Gobierno no se conforma con haber colocado a ese juez al frente del citado expediente. Ahora va por más. El lunes, a instancias de una carta que envió el ministro de Justicia, Julio Alak, la Cámara Federal analizará si nombra como jueces subrogantes a varios de los dieciséis abogados kirchneristas que fueron designados hace dos semanas por la Presidenta con acuerdo del Senado.

La estrategia del Gobierno es paralizar la causa, para que el Grupo Clarín no obtenga la prórroga de la medida cautelar, que vence el 7 de diciembre.

Pero, en algún momento, el Gobierno hará sentir su peso para que la Corte Suprema arbitre en favor del Poder Ejecutivo. Será una prueba de fuego para los principales jueces del país, descuentan en los Tribunales..

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