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El senador Fuentes acusa a Clarín de "cometer delito de sedición"

Política

El legislador kirchnerista cuestionó al multimedio por las presentaciones judiciales contra la ley de medios; "Quieren tener una cautelar eterna", dijo Alak

Luego de que el Grupo Clarín recurriera a la Corte Suprema para pedir que se extienda la medida cautelar que lo protege contra la aplicación de la ley de medios, el Gobierno acusó hoy al multimedio de "hacer uso de hecho" de la herramienta del per saltum.

"Esta contradicción en la estrategia no nos sorprende porque lo que busca el Grupo Clarín es no cumplir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue votada por amplia mayoría del Congreso de la Nación. Quieren una cautelar eterna", aseveró este mediodía el ministro de Justicia, Julio Alak, en una conferencia de prensa ofrecida en la sede del Ministerio.

En tanto, el senador del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, acusó al grupo de "cometer delito de sedición" por las presentaciones judiciales contra la ley de medios.

El Grupo Clarín denunció ayer ante la Corte Suprema que el Gobierno lo está "privando de justicia" y pidió al tribunal que extienda la medida cautelar que lo protege contra la ley de medios -que vence el 7 de diciembre- hasta que la Cámara Civil y Comercial Federal pueda expedirse sobre ese tema.

El grupo de medios planteó que el Poder Ejecutivo "deliberadamente obstruye" la posibilidad de esa cámara de pronunciarse, lo que coloca a la empresa en una situación de denegación de justicia.

Por eso, lo que viene a pedir el Grupo Clarín es algo así como una medida cautelar provisional, que sirva de puente hasta que la Cámara Federal Civil quede integrada.

Justamente, el Gobierno, con su catarata de denuncias y recusaciones, busca que el Grupo Clarín no tenga opción alguna de obtener una prórroga de la cautelar que vence el 7 de diciembre.

"No existe un tribunal independiente y legalmente constituido que resuelva sus reclamos", afirma la empresa en un largo escrito, donde reseña que el Gobierno ya logró separar a diez jueces en lo civil y comercial federal: provocó la renuncia de dos de ellos y la recusación y excusación de los restantes.

El Grupo Clarín recordó que la Justicia, en cinco oportunidades, llegó a la conclusión de que el tribunal competente para estudiar la demanda sobre la constitucionalidad de ley de medios es la Cámara Federal Civil y Comercial, y no, como pretendía el Gobierno, el fuero contencioso administrativo.

Sin embargo -alerta el escrito-, el Poder Ejecutivo busca con "artimañas" que el tema sea resuelto por otros jueces.

Independencia judicial

Según informó LA NACION, los jueces de la Cámara Federal Civil y Comercial se aprestaban ayer a "poner en conocimiento" de la Comisión de Independencia Judicial, que funciona en la Corte Suprema, las presiones a que los somete el gobierno nacional con sucesivas recusaciones y causas penales.

En una extensa resolución, seis de los siete magistrados debatieron y resolvieron comunicarle a la citada comisión, que conduce la vicepresidenta del alto tribunal, Elena Highton, que la denuncia penal que presentó el Gobierno contra ellos y las sucesivas recusaciones les produce una grave "perturbación" en el "normal servicio de Justicia"..

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