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El escenario

El Gobierno parece creer que el juez Griesa es Oyarbide

Economía

El juez Thomas Griesa no es Norberto Oyarbide, que sólo dicta fallos favorables al Gobierno, ni tampoco es la Corte Suprema argentina, que dicta sentencias que el Gobierno, impunemente, no cumple. El problema es que el Gobierno pretende tratar a Griesa de igual modo que se relaciona con aquéllos y el juez norteamericano no está dispuesto a tolerarlo.

El magistrado lo había dejado bien en claro en la última audiencia que tuvo lugar en su juzgado con los abogados y, también, lo revela en su fallo: parecería que se hartó. Así de clarito.

El fallo de ese juez federal de Nueva York tiene tres aspectos, que hay que mirar de cerca:

  • En el aspecto económico, hay una frase de Griesa cuya importancia todavía no se termina de advertir: el juez no sólo ordenó a la Argentina que les pague a los holdouts, sino que también decidió que la Argentina, antes de pagarles a los bonistas que entraron en los canjes, debe "certificar" (probar) que les pagó a los holdouts (página 5 del fallo). Encadenó los dos pagos, es decir, la antítesis de la ley cerrojo.
  • El aspecto internacional también es fácilmente advertible: Griesa dice expresamente (página 3 del fallo) que durante diez años la Argentina aceptó litigar ante su tribunal y se benefició de los fallos favorables que él dictó, por lo cual ahora tiene que respetar sus decisiones, aun cuando no le sean favorables. Es un elemental principio de buena fe. Sólo los barrabravas aplauden al referí y al equipo o los apedrean según cuál sea el resultado del partido. La justicia, parece creer Griesa, no merece el maltrato de los barrabravas.

Hay, también, otro dato: según la Constitución argentina, una ley local no puede ser invocada por el Gobierno para desconocer tratados o leyes internacionales que suscribió el país. Por eso, la llamada ley cerrojo del Congreso argentino no puede ser invocada para desconocer la jurisdicción del juez, que fue voluntariamente aceptada por la Argentina cuando emitió los bonos y, también, cada vez que hizo una presentación judicial y aceptó un fallo.

En el fallo, sin embargo, hay todavía otro aspecto, institucional, aún más preocupante: Griesa, en varias oportunidades de la sentencia, dice que la presidenta Cristina Kirchner y varios de sus ministros públicamente dijeron que no cumplirían en pagarles a los holdouts. Para un juez que se precia de tal y vive en países algo más civilizados, esas declaraciones suenan ilógicas, increíbles o intemperantes.

Tal vez por eso, Griesa, en su decisión, critica las "declaraciones inflamatorias" de esos funcionarios argentinos, que desafían su autoridad públicamente. Y, por ese mismo motivo, según él lo explica abiertamente, se apuró a dictar un fallo para evitar que la Argentina intente "evadir" la sentencia y el pago.

Seguramente, Griesa nunca escuchó hablar de su colega argentino Oyarbide ni de la jueza federal Servini de Cubría ni de algunos jueces y fiscales que sólo saben dictar resoluciones favorables al Gobierno.

Muy probablemente Griesa tampoco imagine que la Corte Suprema argentina dictó varios fallos que el Gobierno no cumple ni el alto tribunal sabe hacerle cumplir -por ejemplo, reponer en su cargo al fiscal general de Santa Cruz o darle publicidad oficial al diario Perfil-.

La Argentina tiene todo el derecho de apelar las decisiones judiciales. Quizá sea cierto que los "fondos buitre" son los malos de la película. Pero Griesa nos está diciendo algo más que eso..

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