Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí
lanacion.com | Las noticias que importan y los temas que interesan
Ver página en pdf

Editorial I

El vil recurso de las acusaciones de golpismo

Opinión

La continua denuncia de ataques al sistema democrático por parte de funcionarios del gobierno nacional esconde otra grave desviación autoritaria

La remanida actitud de acusar de "destituyentes" a quienes se oponen a las políticas del Gobierno no es un fenómeno novedoso, más allá de un neologismo que ni siquiera se encuentra registrado en el D iccionario de la Real Academia. Es la típica manera en que los gobiernos despóticos se victimizan y amenazan a sus adversarios con el propósito de cercenar libertades individuales y perpetuarse en el poder.

El fin de semana posterior a la protesta del 13 de septiembre, muchas paredes de la ciudad de Buenos Aires y su conurbano aparecieron tapizadas con carteles que denunciaban un presunto golpe de Estado. La mañana del 8 de noviembre, cuando se produciría el segundo cacerolazo, se vieron las mismas leyendas. El misterioso golpe se imputaba algunas veces a los que protestaban, otras a sindicalistas, como Hugo Moyano o Luis Barrionuevo, y casi siempre al Grupo Clarín.

Esta identificación automática entre movilización pública y golpismo se volvió aún más enfática en un video elaborado por el partido Nuevo Encuentro, que conduce Martín Sabbatella, el ahora titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

Recurrir a la denuncia de supuestos ataques al sistema democrático es antigua en el discurso oficial. Comenzó durante el conflicto con los productores agropecuarios, en el cual el Gobierno y los intelectuales que lo acompañan pretendieron ver un "movimiento destituyente". Esos escritores, y en algunas oportunidades la propia Presidenta, sostienen que América latina está sometida a una extraña oleada de golpismo de nuevo tipo, protagonizado por civiles en lugar de militares. Esas pretendidas asonadas irían desde la destitución de Manuel Zelaya en Honduras hasta la de Fernando Lugo en Paraguay, pasando por el amotinamiento policial que debió doblegar el ecuatoriano Rafael Correa.

La mayoría de las veces se intenta presentar a las empresas de medios de comunicación -Televisa, en México; Globovisión, en Venezuela; O Globo, en Brasil, o Clarín, entre nosotros- como agentes de esos presuntos ataques al sistema institucional. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue muy vehemente el año pasado, mientras evaluaba el resultado electoral, al afirmar que los grandes diarios han sido factores negativos para la calidad democrática.

Para otorgar alguna verosimilitud a estas brumosas e interesadas denuncias, el kirchnerismo ha desplegado numerosas acciones tendientes a demostrar que quienes hoy son acusados de golpismo fueron golpistas en el pasado. Hasta la política de derechos humanos es subordinada a este montaje. El reciente procesamiento del empresario Carlos Pedro Blaquier, fundado en una arbitraria reconstrucción de la historia; la causa que se impulsa desde el Poder Ejecutivo y la Procuración del Tesoro para postular que Papel Prensa fue objeto de una apropiación ilegal por parte de los diarios Clarín y LA NACION, y la creación en la Comisión Nacional de Valores (CNV) de un departamento para investigar delitos financieros y bursátiles durante el gobierno militar enmascaran, detrás de una sanción judicial o una evocación política, la mañosa intención de impugnar por golpistas a sectores a los que el Gobierno pretende subordinar.

Esa revisión sesgada del pasado pretende ambientar algunos peligrosos avances sobre la esfera privada que tienen lugar en el presente. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) ha sido autorizada para congelar patrimonios sin orden judicial; a la CNV se le ampliarán sus atribuciones para intervenir empresas. Este tipo de nuevas facultades administrativas pone a las empresas en una situación de debilidad y desprotección frente al poder, incluidos los medios. La ley antiterrorista, según la torcida interpretación oficial, permite ser aplicada a medios de prensa y a empresarios cuando la administración entienda que se están promoviendo corridas cambiarias. El ejercicio de ese poder claramente abusivo se justifica siempre con el argumento de que se está intentando sofocar un conato destituyente. Quien se sienta afectado en un derecho y lo diga es de inmediato acusado de sedicioso. El ejemplo más frecuente de este vicio es la presentación que hace el Gobierno del conflicto con el Grupo Clarín: por sólo recurrir a la Justicia y ampararse en una medida cautelar, esa empresa es acusada de ponerse al margen de la ley.

La costumbre oficial de denunciar un pretendido golpe allí donde aparece alguna dificultad política o hasta de administración traduce varias deformaciones. Una de ellas es la banalización de la noción misma de golpe de Estado.

La sociedad argentina tuvo una triste tradición de más de medio siglo de interrupciones institucionales. La superación de aquel pasado, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y la construcción de una democracia estable llevaron consigo enormes sacrificios que no merecen ser frivolizados y utilizados como arma política.

El recurso al golpismo como imputación indiscriminada a cualquier contradictor esconde, en verdad, una desviación autoritaria. Ese juego retórico pretende anular al que piensa distinto o se siente avasallado en sus derechos, ubicándolo caprichosamente fuera del campo democrático. Según suele explicar la Presidenta, los que se oponen a tal o cual medida no se oponen al Gobierno, sino que se oponen al país. El kirchnerismo cae todo el tiempo en la tentación de identificar sus posiciones políticas con las del sistema o, peor, con las de la Patria. Cae así en una contradicción. Fue esa inclinación a negar el pluralismo y a identificarse con el "ser nacional" la que alimentó, desde 1930 en adelante, el triste ciclo de la inestabilidad institucional en nuestro país.

El actual gobierno argentino se ha caracterizado por redoblar la apuesta frente a los desafíos políticos, hacer de la dialéctica amigo-enemigo su forma de acción política, y la identificación de la disidencia y la crítica con golpismo se inscribe en esta forma de acción. Si en diciembre el Gobierno no lograra imponer sus objetivos en materia de la ley de medios, ya sea por decisiones judiciales, actitudes de la oposición o manifestaciones de protesta, se verían reiteradas y posiblemente amplificadas estas falsas denuncias de golpismo..

TEMAS DE HOYLa mafia de los medicamentosInseguridadCristina KirchnerElecciones 2015