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Todas las bombas estallan en sus manos

Opinión

La política energética le estalló en los pies. Un demoledor fallo de la justicia norteamericana detonó debajo de su escritorio. Una masiva huelga general la sorprendió y la enfureció. Nadie resguarda a la Presidenta de conflictos previsibles. O sus funcionarios son ineptos o ella creó un sistema de poder que ahuyenta el contacto con la realidad. Hasta que la realidad, implacable, aterriza en sus propias manos. Sólo en las de ella. Dicen muy cerca de Cristina Kirchner que los consejos no le interesan. La atrapa nada más que la decisión de "cambiar la matriz del poder en el país". Ya no le importa a qué precio. Contra la convicción de que el único poder democrático radica en la ley, Cristina Kirchner cree que el único poder que vale es el del Estado. Es decir, el de ella.

Puede darse ciertos gustos dentro de su país. Echar a algunos jueces, silenciar a otros. Promover una ley que le permitirá al Gobierno la virtual intervención de cualquier empresa privada que cotiza en Bolsa. Despreciar tanto a los trabajadores que hicieron huelga como a los caceroleros. El límite lo encuentra siempre, como cualquier Kirchner que se precie de tal, en el exterior. El juez norteamericano Thomas Griesa la acaba de condenar más por su discurso desafiante y altanero que por otra cosa. Condenó al país también a un eventual default técnico. La consecuencia podría ser una economía nacional muy estancada o en retroceso, justo en las vísperas de un crucial año electoral.

Los fondos buitre son buitres o especulativos. Pesa sobre ellos una razonable impugnación moral. Compran deuda basura, como lo era la argentina, para ganar muchísimo dinero después con pleitos judiciales. El problema es que no hacen nada ilegal: adquirieron bonos soberanos del país y luego recurrieron a la Justicia porque se negaron a recibir menos que su valor inicial. Hicieron lo mismo con muchos países.

La diferencia radica en la forma de enfrentarlos, sobre todo cuando los jueces tomaron intervención. Griesa pasó de ser un juez simpático para el kirchnerismo, cuando alargaba plazos y comprendía dificultades, a ser un mercenario de los buitres. La paciencia de Griesa se agotó. Esa es la cuestión. Escuchó a la Presidenta dar cátedras en los atriles del mundo sobre cómo creció la economía de su país. ¿Y, entonces, por qué no paga sus deudas?, se preguntó el norteamericano. Cristina no pagará, según repitió una y otra vez. Griesa anotó esa provocación en su propio fallo. La Presidenta tendrá que pagar ahora toda la deuda, sin las quitas de 2005 y de 2010. No se discute con un juez extranjero desde las tribunas de Florencio Varela.

El gobierno argentino deberá pagar el 15 de diciembre 3100 millones de dólares a bonistas que aceptaron el canje de la vieja deuda en default. Griesa podría embargar ese dinero por valor de los 1300 millones de dólares que ordenó pagarles a los fondos especulativos. Si eso sucediera, el país entraría de hecho en un default técnico.

El agente de pago de la deuda argentina es el Bank of New York, un banco norteamericano que jamás desconocerá la decisión de un juez norteamericano. Antes de su espectacular fallo del miércoles pasado, Griesa le pidió al país que propusiera una forma de pago. La Argentina no lo hizo y sus funcionarios, empezando por su presidenta, adelantaron que nunca les pagarían nada a esos fondos buitre. ¿Aunque lo ordenara un juez a quien el gobierno argentino le reconoció jurisdicción? Aun en ese caso. Estalló Griesa.

Cristina Kirchner está segura de que no pagar deudas es una buena política nacional y popular. No les pagó deudas a las empresas que ganaron juicios en los tribunales internacionales del Ciadi. Hasta Barack Obama se lo reprochó en una corta reunión bilateral. No pagó la deuda en default con el Club de París, sobre la que vienen reclamando países de la envergadura de Alemania y Japón. No quiere ni negociar con los bonistas que no aceptaron ningún canje. Tampoco quería pagarle nada a Repsol por la violenta confiscación de YPF. Hasta que fue notificada de que YPF no recibirá un solo crédito importante si no arregla ese agravio. Ahora aspira a crear un clima de negociación con Repsol después de que sus directivos fueron echados del edificio de la empresa por tropas de la Gendarmería. El problema presidencial es que las deudas tienen memoria.

Griesa desconfía de las tretas argentinas. Les avisó a los funcionarios locales que no permitirá que eludan al agente de pago, el banco neoyorquino. El Gobierno analiza ahora abonarles a los fondos buitre con bonos del canje 2010. Existe una "ley cerrojo", creada malamente por Amado Boudou. Dispone que no se abrirá el canje para nadie más. Significa en los hechos repudiar el 8 por ciento de la deuda soberana. Los funcionarios estiman que podrían argumentar que no es una apertura voluntaria del Gobierno, sino una imposición de la Justicia. Falta saber si Griesa y el resto de la justicia norteamericana aceptarán esa solución. Los bonistas no la aceptarán, desde ya.

Sea como sea, el gobierno argentino deberá cambiar su actitud frente a Griesa si quiere huirle a un nuevo y devastador default. Hay argumentos para llevar ante la Cámara que decidirá sobre la resolución de Griesa. El 8 por ciento de los bonistas no debería decidir sobre el 92 por ciento restante, que aceptó los canjes. El triunfo de la tesis del juez norteamericano sería un mal precedente también para futuras reestructuraciones de otras deudas soberanas, como la de Grecia. Se trata de mostrar voluntad negociadora y vocación de pagar, no de conceder todo.

La Argentina ya está demasiado sola en el mundo. El gobierno norteamericano no hizo nada para modificar las intenciones de Griesa. Dejó las cosas en manos de la autónoma Reserva Federal. Algunas gestiones por la Argentina había hecho hasta George W. Bush. No hay entusiasmo en el gobierno de Obama por hacerles favores a los cristinistas. Por el contrario, hay muchos diplomáticos en Washington que prefieren escapar del imprevisible riesgo político argentino.

Existen esfuerzos intelectuales de funcionarios argentinos para salir de la ratonera. Es probable, sin embargo, que la Presidenta elija el camino de una mayor radicalización después de Griesa. De hecho, su gobierno se está radicalizando. Rápido y eficaz, el kirchnerismo volvió a dejar pasmada a la oposición en la Cámara de Diputados. La oposición le habilitó una sesión para que se tratara una ley sobre el mercado de capitales. Ya con el quórum necesario, el oficialismo modificó la ley y le introdujo un agregado que le otorga a la Comisión Nacional de Valores, bajo control kirchnerista, la facultad de nombrar veedores con derecho a veto en las empresas que cotizan en Bolsa.

El proyecto no los llama "interventores" porque sería, sin discusión, una ley inconstitucional. La Constitución estipula que sólo la Justicia puede intervenir a empresas privadas. Pero están regulando intervenciones de hecho. El Gobierno podría darle luego las mismas competencias a la Inspección General de Justicia, que lleva el control sobre las empresas que no cotizan en Bolsa. Los empresarios serán más cautivos que antes después de que se sancione esa ley.

La modificación la introdujo el cristinista Roberto Feletti, el mismo que anticipó antes de las elecciones del año pasado que irían por todo. Muchachos, ya es hora de que pierdan. Han ganado mucho, les zampó ahora a algunos empresarios que fueron a verlo por esa ley. El problema no es Feletti. Cristina decidió ir por todo, incluidos la ley, los jueces, el periodismo, los empresarios y los sindicatos. Sola y aislada, el drástico cambio del humor social contra ella la convenció de que ahora es, más que nunca, dueña de la única verdad que vale la pena..

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